Tan importantes, o más, que las reformas, son las ejecuciones concretas en beneficio de los más vulnerables. La gestión eficaz y transparente de los recursos asignados a la paz será una prueba decisiva para este gobierno.

Reorganizar la agenda

El nuevo gobierno ha anunciado en distintas oportunidades cuál es la agenda que quiere impulsar en los próximos cuatro años: desde la transición energética o la sostenibilidad ambiental hasta la política de drogas y la progresividad tributaria.

Pero más allá de los debates sobre temas estructurales, el gobierno necesita demostrar que puede cumplir eficazmente con la provisión de bienes y servicios públicos para toda la población.

Aunque el presidente y su equipo dicen estar comprometidos con cumplir el acuerdo de paz de 2016, primero necesitan definir un camino claro y coherente para conectar ese acuerdo con la agenda de la “paz total”.

Al mismo tiempo, el gobierno tendrá que tramitar tres leyes claves: la del presupuesto 2023, la reforma tributaria y la del Plan Nacional de Desarrollo (PND). También debe adelantar los diálogos regionales vinculantes.

Retraso en la ejecución

El primer punto del acuerdo de paz propone la Reforma Rural Integral, que implica crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. Sin embargo, este punto está muy retrasado.

Según los balances multipartidistas de la implementación de los acuerdos de paz de julio de 2022, hay recursos dirigidos a los municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) sin ejecutarse. La estimación expone que la cifra se aproxima a los 6,8 billones de pesos.

Por esto, tener un plan para darle uso a estos recursos debería ser una prioridad del gobierno, pues son 478 mil millones, que corresponden a 117 proyectos de inversión, los que están en riesgo de no poder ejecutarse.

Cabe notar que la fuente de financiación fue el resultado, primero, de una reforma al Sistema General de Regalías (SGR) que tramitó el Congreso en un acto legislativo en 2017.

Y, segundo, de una reforma adicional tramitada a finales de 2019 para que el Gobierno pudiera usar de manera anticipada las vigencias futuras de esos recursos para una mayor inversión pública durante los primeros años de la implementación.

“El país necesita pasar de la discusión sobre el desarrollo a la acción.”

Desde que se aprobó la segunda reforma en 2020 y hasta julio de 2022, el Gobierno Duque definió el arreglo institucional, financiero y técnico para la ejecución de los recursos a través del OCAD Paz y de las entidades encargadas de la coordinación de la de los PDET.

Sin embargo, debido a retrasos y problemas en las distintas fases del proceso de planeación y a graves hechos de corrupción, la mayor parte de los recursos están pendientes de ser ejecutados.

La retención de los recursos

Los escándalos de corrupción y los malos manejos de los recursos motivaron el  debate de control político que llevó a cabo la Cámara de Representantes el 7 de septiembre. En el debate se expuso que hubo diversas figuras y sujetos de corrupción: entidades del gobierno nacional, entes de control, congresistas, entes territoriales, contratistas e incluso grupos armados ilegales.

El problema es complejo y por ello se le debe hacer frente y determinar qué hacer con los recursos. De no hacer nada desperdiciaría un camino que ha avanzado desde 2017. Además, dejaría impunes a los que se han beneficiado de la falta de control sobre los recursos públicos.

Si se hace bien la tarea y se ejecuta con transparencia y eficacia, los recursos representarán una oportunidad enorme para materializar la bandera de la inclusión social y apalancar la actividad económica. Además aumentarían la equidad social necesaria para las regiones más marginadas y afectadas por la violencia.

Propuestas a corto plazo

Tras seis años de expectativas y esfuerzos, la gente está cansada y frustrada de participar en diagnósticos y espacios de planeación, por lo que necesita ver resultados y tener una respuesta clara frente a los hechos de corrupción.

Dadas la urgencia y sensibilidad del tema, sugiero algunos pasos que el gobierno podría dar en una ruta crítica en el corto plazo:

• Establecer responsabilidades claras frente a la ejecución de los planes y recursos de la implementación de los PDET. Esto implica nombrar a las personas que estarán al frente de entidades como la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y contar con equipos técnicos competentes en esta materia.
• Hacer un balance rápido sobre cómo están los proyectos en cada región: cuánto está comprometido, qué está pendiente por ejecutar, cuáles son los contratistas y contratos y si hay cambios o no en el proyecto. También es necesario revisar si se requieren ajustes normativos adicionales.
• Avanzar en el monitoreo de la ejecución, donde la transparencia de los recursos y el impacto efectivo de los proyectos para que respondan a las necesidades de la población sean prioridad. Esto implica ejercicios regionales periódicos para monitorear la ejecución. Adicionalmente, se debe reconocer y apoyar la labor de las veedurías ciudadanas y vincularlas al trabajo de los entes de control.

En definitiva, hay que ejecutar los recursos de la paz con las herramientas disponibles para propiciar un ambiente de cumplimiento, transparencia y eficacia. El país necesita pasar de la discusión sobre el desarrollo a la acción.

Originally published in Razon Publica.