La negociación es una de las herramientas más conocidas y utilizadas para promover la paz y facilitar transiciones políticas. Sin embargo, el modelo dominante en las últimas décadas se ha basado en premisas metodológicas que, en conjunto, conducen a procesos de negociación excesivamente lentos.
Un enfoque nuevo y diferente —la “negociación por vía rápida” (fast-track negotiation)— amplía las opciones para alcanzar acuerdos y supera la dependencia excesiva de un único modelo.
Este enfoque se basa en principios, prácticas y supuestos que permiten mayor rapidez y realismo, restaurando así el valor de la negociación como mecanismo para prevenir y poner fin a situaciones de violencia a gran escala.
“La incómoda verdad es que el paradigma dominante actual de negociación, caracterizado por su lentitud, rara vez conduce a un acuerdo, lo que debilita la premisa fundamental de que la legitimidad del proceso garantiza la sostenibilidad de su implementación”, señala Mark Freeman, fundador y director ejecutivo de IFIT y autor del documento en cuestión. “Es momento de volver a los principios esenciales y diseñar un modelo que priorice la consecución de acuerdos. Debemos reconocer que la sostenibilidad es un ideal vacío si no hay resultados negociados.”
Sebastián es pasante del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT) en Bogotá, Colombia. Se unió como miembro del equipo de justicia transicional.
Antes de unirse a IFIT, trabajó en la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, brindando asistencia legal a personas con problemas relacionados con inmigración. También ha trabajado como asistente de investigación en temas relacionados con derecho, arte y cómics y justicia transicional. Actualmente, se desempeña como tutor (profesor asistente) en la Universidad de Los Andes.
Sebastián está próximo a graduarse de Derecho con una opción (minor) en economía de la Universidad de los Andes, Colombia. Sus áreas de interés incluyen el derecho internacional público, los derechos humanos, la justicia transicional, la teoría jurídica y el derecho comparado.
Este documento está dirigido a los actores cívicos y democráticos que buscan mejorar el relacionamiento y diálogo con los agentes de seguridad estatales en regímenes híbridos.
Se trata de un resumen del informe de IFIT, originalmente publicado en inglés.
María Alejandra Fonseca Manosalva es pasante en el Institute for Integrated Transitions (IFIT). Está basada en la oficina de Bogotá, donde apoya al equipo del trabajo del Fondo de Expertos de Colombia.
Antes de unirse a IFIT, María Alejandra trabajó en la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, brindando asistencia legal a personas de bajos ingresos con problemas relacionados con inmigración. También ha participado en roles académicos y de liderazgo, incluyendo su labor como representante estudiantil en la universidad.
María Alejandra está próxima a graduarse de Derecho y Ciencia Política en la Universidad de los Andes, Colombia. Sus áreas de interés incluyen el derecho internacional, los derechos humanos, la justicia transicional, los estudios de género y las políticas migratorias.
Samuel Murphy es pasante del Programa Regional para América Latina y el Caribe en el IFIT, donde apoya en el trabajo del Programa Regional y en las diferentes actividades del personal asociado al proyecto.
Samuel Murphy es estudiante en la Universidad de Bristol, Reino Unido, donde estudia la ciencia política y español. Paralelamente a sus estudios, ha trabajado en investigación política, primero colaborando con @tomorrowsmps en la investigación de los procesos de selección de candidatos políticos locales dentro de los partidos políticos del Reino Unido, y más tarde para la publicación de periodismo ciudadano, West England Bylines, donde ha escrito artículos sobre diversos temas políticos en el Reino Unido, en particular sobre la participación de los jóvenes en los procesos políticos formales e informales.
Sam tiene especial interés en la política latinoamericana y ha escrito ensayos sobre la política económica neoliberal en Argentina, la importancia de las ideas de “memoria” e “identidad” en la historia política del continente y, más recientemente, un proyecto de investigación sobre las actitudes hacia la inmigración venezolana en Colombia.
Irene Samantha Calderón Azpiazu es actualmente Fellow en el Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT) donde colabora estrechamente con el equipo en México.
Irene está cursando una doble titulación en Economía y Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey. Su trayectoria académica y su interés por la gobernanza y el liderazgo juvenil la han llevado a desempeñase como Presidenta de la Federación del Gobierno Estudiantil, donde impulsa iniciativas en identidad, participación y representación estudiantil.
Su experiencia incluye colaboraciones con organismos como Banorte, la CEPAL, COFECE y USAID, en las que ha trabajado en proyectos de política publica, cooperación internacional y análisis económico.
Apasionada por la diplomacia, la equidad de género, el desarrollo económico y el impacto de las mujeres en la toma de decisiones, busca fortalecer su conocimiento en liderazgo parlamentario y políticas públicas.
El director del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT) aboga por ampliar las herramientas frente a la crisis de inseguridad en México e impulsa un nuevo modelo para llegar a acuerdos puntuales con el crimen organizado.
“No vamos a negociar con delincuentes”. Claudia Sheinbaum fue tajante cuando le preguntaron en octubre pasado, a menos de un mes del arranque de su Gobierno, si estaba dispuesta a entablar un diálogo con las organizaciones criminales más poderosas y violentas, en medio de la ola de violencia que azota a México desde hace décadas. “Vamos a construir la paz atendiendo las causas y con cero impunidad”, señaló la presidenta, días después de presentar su estrategia de seguridad y en respuesta a la propuesta del diputado oficialista Manuel Espino de abrir un canal de comunicación con las facciones del narcotráfico. Ante el rechazo del Ejecutivo, el legislador aseguró que fue un malentendido y dijo que su idea nunca fue ofrecer “un pacto”.
Pero no todos están cerrados a la idea de mediar y llegar a compromisos con la delincuencia organizada. “¿Por qué debería ser un tabú negociar con un grupo criminal si es útil para reducir la violencia y dar paz a la gente?”, plantea Mark Freeman, director y fundador del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT), en entrevista.
Con más de tres décadas de trayectoria en negociaciones de paz de alto nivel y experiencia en países como Afganistán, Ucrania, Venezuela, Colombia o Congo, el especialista invita a ampliar la caja de herramientas para enfrentar el flagelo de la inseguridad y considerar las negociaciones como un recurso más en las manos de las autoridades y los actores con incidencia social, como los empresarios o la Iglesia. “No es que todos los Gobiernos deban arrancarse a negociar con los grupos criminales, el problema es que muchas veces ni siquiera se considera como una opción en contextos donde puede funcionar”, agrega.
Freeman argumenta que, aunque son un asunto espinoso en el debate político, las negociaciones son una realidad. Se han dado entre Estados Unidos y los talibanes, Israel y Hamás o las autoridades colombianas y las guerrillas, incluso de forma bastante abierta. A menudo, sin embargo, se traza una línea roja cuando se trata de narcotraficantes. “El espectro de grupos violentos y al margen de la ley es muy amplio, ¿por qué con unos sí y con otros no? Hay un cierto misterio”, comenta.
El especialista lanza algunas hipótesis al respecto. Habla de la ausencia de una agenda ideológica en el arquetipo de los carteles, lo que nubla la visión de cuáles son sus objetivos: “Los yihadistas quieren establecer la sharia, pero ¿los narcos qué quieren?”, cuestiona. A propósito de este punto, el director del IFIT menciona como otro factor cierta “falta de imaginación” y costos reputacionales y políticos en el cálculo de los actores oficiales. “Es un tabú para los Gobiernos porque asumen que van a perder votos si hay un rechazo público ante la idea de negociar y posiblemente legitimar”, sostiene.
A partir de un estudio que siguió procesos de este tipo durante cinco años, el IFIT identificó que la mayoría de las negociaciones en el mundo fueron para alcanzar acuerdos parciales. A menudo los procesos de mediación se dieron de la mano de otro tipo de actores —como grupos religiosos, organismos no gubernamentales o el sector privado— que tienen a priori mayor margen de maniobra porque no son electos, pero también corren altos riesgos.
México no es ajeno a ese fenómeno. A principios del año pasado se hizo público que un grupo de sacerdotes había logrado una tregua con las principales fuerzas delictivas de Guerrero, uno de los Estados más violentos del país. No sin polémica. “La información que tengo es que esto está pasando y ha pasado desde hace mucho tiempo: diálogos, negociaciones, treguas temporales, acuerdos muy puntuales… esto existe y está documentado”, comenta Freeman, quien llama a “proteger a los mediadores” y “tener una visión de fortalecimiento institucional” para conseguir que los acuerdos sean duraderos. La Iglesia católica aseguró en diciembre pasado que México es el país más peligroso para ser sacerdote en América Latina y reclamó que al menos 80 de sus ministros de culto fueron asesinados en las últimas tres décadas.
El equipo de Freeman ha tenido acercamientos con distintos sectores en México, desde académicos hasta activistas. “Estamos asesorando y formando a gente en estos temas para que tengan mayores posibilidades de éxito”, señala sobre su visita al país. “Nuestra idea no es vender ‘esto es lo que tienen que hacer’, tampoco negociar para la colusión o la impunidad, sino poner a su disposición estas herramientas”, apunta.
El especialista no ha tenido contacto con el Gobierno mexicano, pero los miembros y aliados de IFIT han percibido una apertura mayor de las autoridades de los distintos niveles para explorar otro tipo de recursos ante la violencia, aunque sigue siendo un tema difícil de tratar públicamente. “Antes ni siquiera se podían tener este tipo de conversaciones”, asegura.
Freeman señala que el modelo tradicional de negociación parte de la idea de que el objetivo final es una transición total hacia la paz, que se consigue en un orden fijo de pasos hacia esa transformación y que la prolongación de las negociaciones reduce la intensidad del conflicto eventualmente. Asume, sobre todo, que hay tiempo para llegar a una solución y que no hay tal solución si no se desarticula el conflicto por completo, señala el especialista.
En cambio, el IFIT propone negociaciones de vía rápida, a partir de fijarse metas en el corto plazo, asumiendo que una solución “ideal” no es asequible y que el proceso tiene que darse en ventanas de oportunidad bastante acotadas, por lo que los pactos tienen que cerrarse lo más pronto posible. Parte de diagnósticos concretos de lo que se quiere y se puede lograr. Y asume que los conflictos están en constante evolución, con actores cada vez más fragmentados, privilegiando encadenar una serie de compromisos puntuales. “No se trata de la paz perfecta, sino de la paz posible”, comenta. “Responde a un sentido de urgencia y a la necesidad de tener resultados”.
“Creo que hay que tener estos debates en la sociedad”, señala. “Hay que considerar, por supuesto, los mecanismos coercitivos, los cambios en las leyes de Estados Unidos, mil cosas… pero nosotros creemos que las negociaciones son una opción subutilizada, que puede ser parte de la solución”, concluye Freeman.
En el primer episodio del video-podcast “Democracia & Elecciones” del Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa Silis conversa con Mark Freeman, fundador y director ejecutivo del Institute for Integrated Transitions, sobre la designación de jueces y juezas de última instancia, analizando su impacto en la justicia y la democracia.
La polarización no es un problema cualquiera, es un híper-problema — esa categoría especial de problemas que, cuando existe, obstaculiza la capacidad de una sociedad o sistema político de resolver casi cualquier otro tipo de problema.
En “Diez ideas para superar la polarización”, Mark Freeman, Fundador y Director Ejecutivo del IFIT, y Hilary Pennington, Vicepresidenta Ejecutiva de Programas de la Fundación Ford, proponen diez formas prácticas para prevenir o reducir la polarización basadas en experiencias de lugares como Irlanda del Norte, Kenia, Túnez y Colombia.
Existen muchos principios y directrices nacionales, regionales e internacionales sobre la selección y el nombramiento de jueces y magistrados. Sin embargo, no existen principios adaptados a la función y a las características únicas de los tribunales de última instancia que puedan adecuarse a las condiciones singulares de los diversos contextos de países o regiones.
Para abordar esta cuestión, el Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT, por sus siglas en inglés), junto con Constitutional Transitions y un Panel asesor de alto nivel compuesto por reconocidos jueces y otros juristas de distintos sistemas legales, lanzaron en 2021 una Iniciativa sobre el Nombramiento de Magistrados de Tribunales de Última Instancia. Las Directrices Globales de Constitution Hill para el Nombramiento de Magistrados de Tribunales de Última Instancia marcan el resultado final.
Las directrices son totalmente originales pero derivan de distintas fuentes, las cuales incluyen: (i) un estudio detallado sobre los principios internacionales y regionales existentes en materia de nombramientos judiciales e independencia judicial, realizado por IFIT; (ii) una encuesta amplia sobre estándares nacionales; (iii) entrevistas exhaustivas a miembros del Panel asesor de alto nivel y a jueces y otros juristas de todo el mundo; y (iv) el trabajo inicial realizado por IFIT en la región del sur de África, lugar donde se originó esta iniciativa con el apoyo del grupo de expertos de Zimbabue de IFIT.
A partir de julio de 2023, un primer borrador de las directrices se sometió a un proceso de consultas con expertos de más de cien instituciones, asociaciones y redes judiciales y legales reconocidas, tanto internacionales como regionales. A principios de 2024, una versión actualizada de las directrices fue objeto de una segunda fase de consultas y comentarios internacionales. Esta segunda fase culminó con una cumbre de jueces y otros juristas expertos de alto nivel que tuvo lugar en mayo de 2024 en el recinto de Constitution Hill, en Johannesburgo, Sudáfrica.
