Un resumen de las lecciones aprendidas en experiencias previas históricas de acuerdos comprehensivos, en el marco de situaciones recientes de tensión derivadas de la crisis política, democrática y humanitaria de Venezuela, buscando también identificar los actores y sus intereses.
Language: Español
Un análisis que aborda la simultaneidad de tres procesos que ha experimentado Venezuela desde el 2019: las sanciones impuestas por los Estados Unidos y sus efectos; el ajuste macroeconómico que ha tenido lugar en los últimos años en un precario marco institucional; y el proceso de acercamiento y de negociaciones desde un análisis de economía política.
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Antecedentes de Acuerdos Comprehensivos en el Contexto Venezolano (Junio de 2021)
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Análisis del rol y condiciones de los partidos políticos para una transición en Venezuela (Junio de 2021)
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Política de la calle y repliegue de la sociedad civil (Junio de 2021)
Un análisis sobre la situación de los partidos políticos en Venezuela, la estructura de su sistema político, la prolongación de un proceso de profundización autoritaria y la crisis de legitimidad venezolana. Así mismo, el efecto de todo esto sobre los partidos, las escisiones y las nuevas alianzas; finalizando con recomendaciones para el restablecimiento de un mínimo de pluralismo que permita relaciones de confianza entre adversarios existenciales.
Una actualización que da cuenta de cómo se pasó de un escenario de duras protestas en Venezuela, los factores que contribuyeron a su disminución como la represión, la persecución a dirigentes y partidos políticos, el incremento de las cifras de presos políticos y los efectos de la crisis sobre la población. Asimismo, la manera como todo esto ha mantenido a la ciudadanía concentrada en su supervivencia, desalentando la participación política.
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Antecedentes de Acuerdos Comprehensivos en el Contexto Venezolano (Junio de 2021)
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De las sanciones a la Negociación: un tema de economía política (Junio de 2021)
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Análisis del rol y condiciones de los partidos políticos para una transición en Venezuela (Junio de 2021)
Un ejercicio de escenarios posibles, a partir de las premisas económicas y políticas más importantes y del papel que pueden jugar los grandes recursos petroleros y de gas natural en coordinación con un plan de estabilización para la recuperación y desarrollo económico de Venezuela.
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Antecedentes de Acuerdos Comprehensivos en el Contexto Venezolano (Junio de 2021)
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De las sanciones a la Negociación: un tema de economía política (Junio de 2021)
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Análisis del rol y condiciones de los partidos políticos para una transición en Venezuela (Junio de 2021)
Este documento examina la importancia del estado de derecho como parte de una solución negociada a la crisis actual de Venezuela. Es un capítulo actualizado del libro completo publicado por el Grupo Experto para Venezuela de IFIT sobre los elementos de una transición incluyente.
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Antecedentes de Acuerdos Comprehensivos en el Contexto Venezolano (Junio de 2021)
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De las sanciones a la Negociación: un tema de economía política (Junio de 2021)
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Análisis del rol y condiciones de los partidos políticos para una transición en Venezuela (Junio de 2021)
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Antecedentes de Acuerdos Comprehensivos en el Contexto Venezolano (Junio de 2021)
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De las sanciones a la Negociación: un tema de economía política (Junio de 2021)
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Análisis del rol y condiciones de los partidos políticos para una transición en Venezuela (Junio de 2021)
Este documento reúne las reflexiones que surgieron en materia de violencia y el rol de las fuerzas de seguridad en México, durante los diálogos organizados por el Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT) con militares retirados, miembros del Grupo de Apoyo para la Construcción de Paz y expertos del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza (CESIG) del ITAM, con el propósito de construir insumos cualificados provenientes de una conversación abierta y franca que contribuyeran a nutrir el diagnóstico sobre la situación que afronta México y a encontrar posibles rutas de solución, proponiendo a la opinión pública nuevas premisas para la conversación.’
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Antecedentes de Acuerdos Comprehensivos en el Contexto Venezolano (Junio de 2021)
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De las sanciones a la Negociación: un tema de economía política (Junio de 2021)
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Análisis del rol y condiciones de los partidos políticos para una transición en Venezuela (Junio de 2021)
La agenda de negociación definida entre el Gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla ha generado controversia, y resulta clave que esto no se quede en polarización política
La agenda de negociación definida entre el Gobierno de Colombia y el ELN ha generado controversia, y resulta clave que esto no se quede en polarización política entre visiones ideológicas o experiencias de distintos Gobiernos, sino que contribuya a darle sostenibilidad y sustancia a este nuevo esfuerzo por ponerle fin al conflicto con esa guerrilla.
Este proceso le sigue en el tiempo a un Acuerdo que logró desmovilizar a más de 13.000 excombatientes, ponerle fin a las FARC como las conocíamos, proponer e iniciar una serie de reformas transformadoras en los municipios más vulnerables a la violencia y crear el sistema integral de justicia transicional más ambicioso que se ha conocido en el mundo.
Si el Acuerdo de 2016 nos enseñó algo, es que es viable lograr acuerdos transformadores y compromisos para poner fin a la violencia, llevar a cabo desmovilizaciones efectivas y pensar juntos en cómo abordar las atrocidades del pasado. En Colombia ya sabemos que podemos firmar un Acuerdo de Paz ambicioso y ponerlo en marcha.
En este sentido, el debate sobre el “Acuerdo de México” no debería versar sobre quién hizo más en cuántos meses, quién es más incluyente o quién privilegia un formato de negociación. Eso solo agudiza la polarización que ahora pareciera existir entre sectores que han tenido la paz como proyecto de vida; contribuye en poco o en nada a la urgencia humanitaria e histórica de ponerle fin al conflicto y de que las armas dejen de ser el vehículo para reclamar o proponer transformaciones.
Podríamos empezar por dar tres debates que caben en lo que plantea el “Acuerdo de México” y ayudan a darle concreción, buscando que nutran lo que se hable en la Mesa y envíen un mensaje de urgencia y de oportunidad.
El problema de las armas
El modelo de Irlanda del Norte, tan mencionado por estos días en el debate, en el que el desarme tardó siete años, tiene que ser estudiado con cuidado porque generó enormes tensiones y desconfianza entre las partes e implicó que tuvieran que pasar esos siete años para que el IRA renunciara completamente a la violencia.
También en 1957, por voluntad propia, la resistencia campesina de Marquetalia guardó sus armas en una caleta para siete años después sacarlas e iniciar lo que hasta el 2016 conocimos como las FARC. En La Habana las FARC alcanzaron a pensar en guardar las armas, pero se sumaron a la idea de que la participación política y el Acuerdo sólo eran viables si las dejaban, aceptando hablar de “dejación de armas”, no de entrega. Ese fue el término que quedó.
Necesitamos que este sea un tema central que invite al ELN a participar -sin armas- de las transformaciones, que no se pueden hacer sin ellos pero tampoco con armas que puedan volver a utilizarse en cualquier momento. En México, por ejemplo, una de las circunstancias que más alimenta la violencia y la criminalidad, incluso por encima del narcotráfico y otras economías ilegales, es la circulación y existencia de un número tan elevado de armas.
El énfasis que tiene el discurso del ELN en la participación y protección de la población civil necesita de un cese de hostilidades y requiere que desaparezcan las armas de la ecuación, que siempre son una fuente de sufrimiento, zozobra e inestabilidad de los procesos.
Si la participación de la sociedad civil sobre todos los temas “que atañen a la democracia y a las transformaciones para la paz” –que según la agenda es el eje central del proceso-, llama la atención que el uso de las armas no aparezca allí. Seguramente las comunidades del Chocó que el pasado 25 de febrero enfrentaron un paro armado del ELN quisieran también pronunciarse al respecto.
Por dónde empiezan las transformaciones para la paz
La resiliencia y el empoderamiento de las comunidades que tanto han luchado por la construcción de paz deja ver que las transformaciones no son solo una tarea del Estado, y que quienes mejor pueden guiarla son las comunidades.
Al respecto, el punto 3 de la agenda sobre transformaciones para la paz plantea “pactar políticas y un plan integral de transformaciones, mediante la implementación de proyectos específicos del orden nacional y territorial, con la participación de la sociedad, que haga viable una Colombia en paz, en democracia, soberana, con equidad y justicia social, donde se haga innecesario el uso de las armas para impedir o alentar tales transformaciones”.
Es difícil pensar que estas transformaciones puedan darse en medio de violencia, amenazas, extorsión e incertidumbre. Difícilmente las pondrán en marcha las instituciones centrales o locales sin antes buscar garantizar algún nivel de seguridad.
Como la presencia de otros grupos armados operando en las mismas zonas que el ELN complica la secuencia, es posible que varias cosas deban pasar de manera simultánea, y que la puesta en marcha y verificación de esas transformaciones tome varios años. Por eso, para lograr el fin del conflicto, a las partes no les conviene pactar y mucho menos ponerse de prerrequisitos obligaciones que van más allá de la Mesa, cuyo cumplimiento difícilmente puede medirse con inmediatez. Al Gobierno de Petro y al ELN les conviene evitar hechos de violencia o intimidación que opaquen los esfuerzos de transformación, que de por sí tienen muchos obstáculos.
El miedo al incumplimiento
Es usual que en una negociación de paz la desconfianza entre las partes esté presente antes, durante y después del acuerdo. Esto, sin embargo, se puede resolver -o cuando menos atenuar- con metodología, garantías y mecanismos para corregir cualquier incumplimiento.
La agenda plantea lo que ha sido el deseo de todos los procesos, que puedan “trascender la voluntad explícita del presente gobierno y constituirse en mandatos de Estado.” La verdadera garantía para el ELN de que este o futuros Gobiernos le cumplan no está en conservar las armas o exigir que se salden deudas históricas y se garanticen esas transformaciones previamente, sino en pasar rápidamente a la vida civil para sumar esfuerzos en el cumplimiento de esos Acuerdos.
De hecho, lo que más confianza le daría a el ELN o a cualquier otro grupo frente a la posibilidad de que el Gobierno cumpla, es que la arquitectura institucional y los procesos en marcha del Acuerdo con las FARC, que hoy son el vehículo más fácil porque ya están en funcionamiento, se tornen en una prioridad en narrativa, pero sobre todo en acciones.
Efectivamente, la voluntad política que tiene el Gobierno para negociar, su legitimidad entre comunidades que históricamente se han visto tan afectados por el conflicto, y la invitación que hace la Mesa a que este proceso venga de la mano con un “Gran Acuerdo Nacional” son elementos del contexto que representan una oportunidad única que no se puede dejar pasar. Pero ese Gran Acuerdo empieza por poner a trabajar juntos a todos los sectores que han buscado ponerle fin al conflicto y construir la paz durante décadas, y aprovechar el acumulado que tenemos en metodologías y aproximaciones a la negociación y a la construcción de la paz.
Originally published in El País.
Debemos cuestionarnos las aproximaciones a esos dos objetivos que hemos tenido en todas estas décadas de conflicto
Los interrogantes sobre la materialización de la paz total del presidente Gustavo Petro, en medio de las difíciles condiciones de violencia que atraviesa Colombia, nos llevan a volver a caer en el falso dilema de si apostarle a la seguridad o a la paz como si fueran dos elementos completamente opuestos.
En su rueda de prensa de este jueves el ministro de Defensa, Iván Velásquez, planteó que “la búsqueda de la paz no significa debilidad”, abordando, entre otras, la gran pregunta de cuál es el rol de las fuerzas militares en la paz total que propone el gobierno. El ministro introdujo los principales componentes de la “Estrategia integral e interinstitucional para la vida y la paz” y además mencionó la necesidad de incrementar los esfuerzos en materia de inteligencia, el accionar de la fuerza pública, la persecución de recursos ilícitos y lavado de activos, entre otras.
La aproximación del Gobierno había sido en términos de trabajar por una mayor transparencia, luchar contra la corrupción, promover el respeto a los derechos humanos y reformar el sector seguridad. Lo que sigue es pensar en lo que este sector puede hacer para acercarse a la construcción de paz y a la ciudadanía.
Aunque el mensaje del ministro busca ser contundente, entre el plan de gobierno de la campaña y los pronunciamientos hasta la fecha, este Gobierno ha planteado narrativas sobre la seguridad y la paz que van en muchas direcciones y que requieren articularse entre sí. Mientras eso ocurre volvemos a caer en el falso dilema entre hacer frente a la violencia con mayor autoridad o uso de la fuerza, o si recurrir a la paz.
Una de las narrativas es la de “la desmilitarización de la vida social”, de un cambio en la doctrina de seguridad nacional y de una nueva política de defensa nacional que apunta a la “política de seguridad humana”. Ha hecho pronunciamientos sobre regiones de paz, sobre cese de hostilidades, privilegiar el diálogo frente al uso de la fuerza en la problemática de las ocupaciones de tierras, y cesar los bombardeos aéreos y la erradicación forzosa de los cultivos de uso ilícito. Esto, sumado a la remoción de alrededor de 70 generales y coroneles del Ejército y la Policía, muestra que lo que se viene es un cambio en la forma de hacer las cosas en donde la sombrilla de todo sigue siendo la política de paz total.
Aunque la articulación entre el rol de la seguridad y el propósito de hacer la paz pareciera obvia en un país que lleva tantas décadas de conflicto armado, nunca ha sido fácil. En efecto, la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, que contó por primera vez en la historia de las negociaciones con la participación activa de miembros de la fuerza pública, trajo dos retos que siguen pendientes: 1) garantizar la seguridad en los territorios más afectados por el conflicto y más vulnerables a este; y 2) que desde las fuerzas militares se repensara y rediseñara su rol para un escenario de construcción de paz.
Desde el Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT, por sus siglas en inglés), planteamos en noviembre de 2018 la importancia de concebir la seguridad desde una visión de construcción de paz. Y para eso, señalamos la necesidad de pensar en una política de seguridad integral que reconociera las particularidades de cada territorio, de apostarle fuertemente a la construcción de confianza con la ciudadanía y de construir sobre lo construido, sobre los esfuerzos ya hechos anteriormente por la Fuerza Pública pero también por otras entidades el Estado en materia, por ejemplo, de implementación del Acuerdo de Paz en el nivel territorial.
Cuatro años después, Colombia tiene pendiente construir una política de seguridad acorde a los desafíos del momento, un momento en el que las dinámicas de violencia y conflicto han cambiado pero siguen vigentes y potentes, y en el que la pregunta sobre cómo armonizar y hacer compatible la seguridad y la paz no está resuelta. Y eso se vuelve más evidente en un escenario en el que la balanza se inclina de manera aparente más hacia la paz que hacia la seguridad.
Lo paradójico es que las distintas políticas que se han implementado para hacer frente a la violencia y al conflicto en Colombia, desde cualquier orilla ideológica, reconocen el rol de la fuerza pública como uno de proteger a la sociedad civil, que es al final de cuentas lo que dice la Constitución. Eso deja ver que o no todos entendemos lo mismo cuando decimos “protección de la sociedad civil” o no hemos logrado darle un contenido para que quepan de manera simultánea la garantía de la seguridad y los esfuerzos para hacer la paz.
Francisco de Roux, ex Presidente de la Comisión de la Verdad, en su declaración sobre el Informe Final de la Comisión, cuestiona precisamente las distintas aproximaciones que hemos tenido en el país a la seguridad, hablando de una seguridad agresiva y de terror, una “seguridad que no da seguridad” por oposición a una seguridad serena. Y propone “una nueva visión de la seguridad para la construcción de paz”.
La tarea de acercar la seguridad a la paz y viceversa exige cuestionarnos las aproximaciones que hemos tenido en todas estas décadas de conflicto y escuchar a todos los protagonistas, con cuidado de no presentarse como alternativas excluyentes. Los ciudadanos, más aún aquellos en los territorios más vulnerables al conflicto, están pendientes de conocer y comprender qué pueden esperar en ambos, seguridad y paz, para apostarle a un proyecto de vida de largo plazo que es el que al final de cuentas permite transformaciones duraderas. Así igual, oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública están a la espera de conocer cuál es su rol y de comprenderlo en su lógica institucional, pues el ejercicio del uso de la fuerza, así venga con una transformación en la doctrina, necesita narrativa, certezas y convicciones.
Originally published in El País.