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Debemos cuestionarnos las aproximaciones a esos dos objetivos que hemos tenido en todas estas décadas de conflicto

Los interrogantes sobre la materialización de la paz total del presidente Gustavo Petro, en medio de las difíciles condiciones de violencia que atraviesa Colombia, nos llevan a volver a caer en el falso dilema de si apostarle a la seguridad o a la paz como si fueran dos elementos completamente opuestos.

En su rueda de prensa de este jueves el ministro de Defensa, Iván Velásquez, planteó que “la búsqueda de la paz no significa debilidad”, abordando, entre otras, la gran pregunta de cuál es el rol de las fuerzas militares en la paz total que propone el gobierno. El ministro introdujo los principales componentes de la “Estrategia integral e interinstitucional para la vida y la paz” y además mencionó la necesidad de incrementar los esfuerzos en materia de inteligencia, el accionar de la fuerza pública, la persecución de recursos ilícitos y lavado de activos, entre otras.

La aproximación del Gobierno había sido en términos de trabajar por una mayor transparencia, luchar contra la corrupción, promover el respeto a los derechos humanos y reformar el sector seguridad. Lo que sigue es pensar en lo que este sector puede hacer para acercarse a la construcción de paz y a la ciudadanía.

Aunque el mensaje del ministro busca ser contundente, entre el plan de gobierno de la campaña y los pronunciamientos hasta la fecha, este Gobierno ha planteado narrativas sobre la seguridad y la paz que van en muchas direcciones y que requieren articularse entre sí. Mientras eso ocurre volvemos a caer en el falso dilema entre hacer frente a la violencia con mayor autoridad o uso de la fuerza, o si recurrir a la paz.

Una de las narrativas es la de “la desmilitarización de la vida social”, de un cambio en la doctrina de seguridad nacional y de una nueva política de defensa nacional que apunta a la “política de seguridad humana”. Ha hecho pronunciamientos sobre regiones de paz, sobre cese de hostilidades, privilegiar el diálogo frente al uso de la fuerza en la problemática de las ocupaciones de tierras, y cesar los bombardeos aéreos y la erradicación forzosa de los cultivos de uso ilícito. Esto, sumado a la remoción de alrededor de 70 generales y coroneles del Ejército y la Policía, muestra que lo que se viene es un cambio en la forma de hacer las cosas en donde la sombrilla de todo sigue siendo la política de paz total.

Aunque la articulación entre el rol de la seguridad y el propósito de hacer la paz pareciera obvia en un país que lleva tantas décadas de conflicto armado, nunca ha sido fácil. En efecto, la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, que contó por primera vez en la historia de las negociaciones con la participación activa de miembros de la fuerza pública, trajo dos retos que siguen pendientes: 1) garantizar la seguridad en los territorios más afectados por el conflicto y más vulnerables a este; y 2) que desde las fuerzas militares se repensara y rediseñara su rol para un escenario de construcción de paz.

Desde el Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT, por sus siglas en inglés), planteamos en noviembre de 2018 la importancia de concebir la seguridad desde una visión de construcción de paz. Y para eso, señalamos la necesidad de pensar en una política de seguridad integral que reconociera las particularidades de cada territorio, de apostarle fuertemente a la construcción de confianza con la ciudadanía y de construir sobre lo construido, sobre los esfuerzos ya hechos anteriormente por la Fuerza Pública pero también por otras entidades el Estado en materia, por ejemplo, de implementación del Acuerdo de Paz en el nivel territorial.

Cuatro años después, Colombia tiene pendiente construir una política de seguridad acorde a los desafíos del momento, un momento en el que las dinámicas de violencia y conflicto han cambiado pero siguen vigentes y potentes, y en el que la pregunta sobre cómo armonizar y hacer compatible la seguridad y la paz no está resuelta. Y eso se vuelve más evidente en un escenario en el que la balanza se inclina de manera aparente más hacia la paz que hacia la seguridad.

Lo paradójico es que las distintas políticas que se han implementado para hacer frente a la violencia y al conflicto en Colombia, desde cualquier orilla ideológica, reconocen el rol de la fuerza pública como uno de proteger a la sociedad civil, que es al final de cuentas lo que dice la Constitución. Eso deja ver que o no todos entendemos lo mismo cuando decimos “protección de la sociedad civil” o no hemos logrado darle un contenido para que quepan de manera simultánea la garantía de la seguridad y los esfuerzos para hacer la paz.

Francisco de Roux, ex Presidente de la Comisión de la Verdad, en su declaración sobre el Informe Final de la Comisión, cuestiona precisamente las distintas aproximaciones que hemos tenido en el país a la seguridad, hablando de una seguridad agresiva y de terror, una “seguridad que no da seguridad” por oposición a una seguridad serena. Y propone “una nueva visión de la seguridad para la construcción de paz”.

La tarea de acercar la seguridad a la paz y viceversa exige cuestionarnos las aproximaciones que hemos tenido en todas estas décadas de conflicto y escuchar a todos los protagonistas, con cuidado de no presentarse como alternativas excluyentes. Los ciudadanos, más aún aquellos en los territorios más vulnerables al conflicto, están pendientes de conocer y comprender qué pueden esperar en ambos, seguridad y paz, para apostarle a un proyecto de vida de largo plazo que es el que al final de cuentas permite transformaciones duraderas. Así igual, oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública están a la espera de conocer cuál es su rol y de comprenderlo en su lógica institucional, pues el ejercicio del uso de la fuerza, así venga con una transformación en la doctrina, necesita narrativa, certezas y convicciones.

Originally published in El País.

Tan importantes, o más, que las reformas, son las ejecuciones concretas en beneficio de los más vulnerables. La gestión eficaz y transparente de los recursos asignados a la paz será una prueba decisiva para este gobierno.

Reorganizar la agenda

El nuevo gobierno ha anunciado en distintas oportunidades cuál es la agenda que quiere impulsar en los próximos cuatro años: desde la transición energética o la sostenibilidad ambiental hasta la política de drogas y la progresividad tributaria.

Pero más allá de los debates sobre temas estructurales, el gobierno necesita demostrar que puede cumplir eficazmente con la provisión de bienes y servicios públicos para toda la población.

Aunque el presidente y su equipo dicen estar comprometidos con cumplir el acuerdo de paz de 2016, primero necesitan definir un camino claro y coherente para conectar ese acuerdo con la agenda de la “paz total”.

Al mismo tiempo, el gobierno tendrá que tramitar tres leyes claves: la del presupuesto 2023, la reforma tributaria y la del Plan Nacional de Desarrollo (PND). También debe adelantar los diálogos regionales vinculantes.

Retraso en la ejecución

El primer punto del acuerdo de paz propone la Reforma Rural Integral, que implica crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. Sin embargo, este punto está muy retrasado.

Según los balances multipartidistas de la implementación de los acuerdos de paz de julio de 2022, hay recursos dirigidos a los municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) sin ejecutarse. La estimación expone que la cifra se aproxima a los 6,8 billones de pesos.

Por esto, tener un plan para darle uso a estos recursos debería ser una prioridad del gobierno, pues son 478 mil millones, que corresponden a 117 proyectos de inversión, los que están en riesgo de no poder ejecutarse.

Cabe notar que la fuente de financiación fue el resultado, primero, de una reforma al Sistema General de Regalías (SGR) que tramitó el Congreso en un acto legislativo en 2017.

Y, segundo, de una reforma adicional tramitada a finales de 2019 para que el Gobierno pudiera usar de manera anticipada las vigencias futuras de esos recursos para una mayor inversión pública durante los primeros años de la implementación.

“El país necesita pasar de la discusión sobre el desarrollo a la acción.”

Desde que se aprobó la segunda reforma en 2020 y hasta julio de 2022, el Gobierno Duque definió el arreglo institucional, financiero y técnico para la ejecución de los recursos a través del OCAD Paz y de las entidades encargadas de la coordinación de la de los PDET.

Sin embargo, debido a retrasos y problemas en las distintas fases del proceso de planeación y a graves hechos de corrupción, la mayor parte de los recursos están pendientes de ser ejecutados.

La retención de los recursos

Los escándalos de corrupción y los malos manejos de los recursos motivaron el  debate de control político que llevó a cabo la Cámara de Representantes el 7 de septiembre. En el debate se expuso que hubo diversas figuras y sujetos de corrupción: entidades del gobierno nacional, entes de control, congresistas, entes territoriales, contratistas e incluso grupos armados ilegales.

El problema es complejo y por ello se le debe hacer frente y determinar qué hacer con los recursos. De no hacer nada desperdiciaría un camino que ha avanzado desde 2017. Además, dejaría impunes a los que se han beneficiado de la falta de control sobre los recursos públicos.

Si se hace bien la tarea y se ejecuta con transparencia y eficacia, los recursos representarán una oportunidad enorme para materializar la bandera de la inclusión social y apalancar la actividad económica. Además aumentarían la equidad social necesaria para las regiones más marginadas y afectadas por la violencia.

Propuestas a corto plazo

Tras seis años de expectativas y esfuerzos, la gente está cansada y frustrada de participar en diagnósticos y espacios de planeación, por lo que necesita ver resultados y tener una respuesta clara frente a los hechos de corrupción.

Dadas la urgencia y sensibilidad del tema, sugiero algunos pasos que el gobierno podría dar en una ruta crítica en el corto plazo:

En definitiva, hay que ejecutar los recursos de la paz con las herramientas disponibles para propiciar un ambiente de cumplimiento, transparencia y eficacia. El país necesita pasar de la discusión sobre el desarrollo a la acción.

Originally published in Razon Publica.

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México

En septiembre del 2019, IFIT lanzó el Grupo de Apoyo para la Construcción de Paz: una plataforma independiente de líderes mexicanos multidisciplinarios que buscan generar las condiciones para el diseño de una política de Estado de construcción de paz que pueda ser implementada desde lo local.

Mexico

Al ser un catalizador de conversaciones interesantes y necesarias en un entorno complejo, buscando tender puentes que atiendan brechas existentes entre distintos sectores de la sociedad y desarrollar una comprensión más profunda e integral de la actual crisis de violencia, el Grupo apunta a desarrollar la visión de un México pacífico.

Publicaciones recientes

Publicación

El rol de las Fuerzas Armadas mexicanas en la construcción de paz: Ideas de expertos nacionales para el diálogo público (Julio de 2022)

Este documento reúne las reflexiones que surgieron en materia de violencia y el rol de las fuerzas de seguridad en México, durante los diálogos organizados por el Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT) con militares retirados, miembros del Grupo de Apoyo para la Construcción de Paz y expertos del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza (CESIG) del ITAM, con el propósito de construir insumos cualificados provenientes de una conversación abierta y franca que contribuyeran a nutrir el diagnóstico sobre la situación que afronta México y a encontrar posibles rutas de solución, proponiendo a la opinión pública nuevas premisas para la conversación.'

Publicación

Banco de experiencias para la construcción de paz en México (Marzo de 2022)

Esta publicación documenta diez experiencias implementadas a nivel local en México que atendieron distintas problemáticas que muestran posibles caminos para la construcción de paz en México. Este esfuerzo por organizar los elementos, el contexto y los actores que convergieron en las distintas experiencias; es un ejercicio por reconocer aquello en lo cual se ha avanzado, las lecciones que puede arrojar y aquellos aspectos que pueden ser importantes para su sostenibilidad y réplica en otros lugares de México.

Los regímenes híbridos son – generalmente – aquellos gobiernos que combinan rasgos democráticos y autoritarios; son flexibles por definición y diseño y pueden pasar rápidamente de lo que parece ser una fase democrática con elecciones competitivas y cierta apertura política, a una fase más restrictiva y represiva desde el punto de vista político (y viceversa).

Basado en una investigación exhaustiva – que incluyó entrevistas reuniones con expertos destacados sobre el papel de las fuerzas de seguridad en los regímenes híbridos – este documento de IFIT ofrece un análisis basado en la evidencia sobre: 1) los principales factores de resiliencia de los regímenes híbridos, 2) los mecanismos que suelen utilizar los partidos en el poder para obtener el control o asegurar la lealtad de las fuerzas de seguridad, y 3) la forma en que las sectores cívicos y democráticos pueden superar los dilemas que surgen en el acercamiento con los actores del sector de la seguridad en esos contextos.

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El auge de las plataformas digitales y las redes sociales ha transformado el sector de los medios de comunicación y ha afectado el tipo y modo de circulación de las narrativas. Enfocado principalmente en el contenido mediático, este documento describe el papel de los diferentes tipos de medios de comunicación en la promoción de narrativas simplificadas que generan conflictos en sociedades profundamente divididas. Además de medidas para promover contenido preciso e imparcial que contrarreste la desinformación, el documento propone enfoques prácticos para garantizar que los medios amplifiquen historias diversas y complejas que nutran un panorama narrativo más rico y fomenten la participación, en especial entre grupos, en contextos polarizados.

Basado en una extensa investigación de IFIT, así como en consultas exhaustivas con expertos en narrativas, periodismo, comunicaciones, gobernanza de Internet y conflictos, este documento ofrece orientación a una variedad de actores interesados (la sociedad civil, los responsables de formular las políticas y los donantes, entre otros) sobre el funcionamiento de las dinámicas narrativas y el trabajo de narrativas en los medios de comunicación para ayudar a gestionar conflictos a nivel nacional.

Traducción de la versión original en inglés

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La puesta en marcha de negociaciones destinadas a alcanzar acuerdos políticos formales o acuerdos de paz (por ejemplo, entre el gobierno y la oposición o grupos armados) crea expectativas sobre quién debe estar en la mesa de negociaciones. Pero si bien la inclusión de diversas voces es un objetivo muy deseable, la naturaleza y el número de actores que pueden incorporarse directamente a la mesa debe sopesarse con las restricciones propias del proceso de negociación.

Este nuevo documento de debate de IFIT ofrece un análisis sobre las opciones de participación, tanto dentro como fuera de la mesa de negociaciones, y propone criterios para garantizar que la participación dentro de cualquier negociación sea efectiva e inclusiva al mismo tiempo.  El documento enfatiza que la participación se entiende mejor como un medio que como un fin en sí mismo y que requiere una gestión estratégica destinada sobre todo a conseguir que los acuerdos políticos y los acuerdos de paz tengan más probabilidades de materializarse, no menos.

Traducción de la versión original en inglés

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Grupos de Expertos Locales

Paralelamente a los grupos de práctica temáticos (practice groups), el IFIT dirige grupos de expertos locales (brain trusts).

Por lo general, un brain trust del IFIT tiene un carácter multidisciplinario y está formado por 15-18 líderes sociales, empresariales y políticos de un determinado país, escogidos por su competencia política, su integridad personal, sus redes de contactos locales influyentes y su capacidad para conectar tanto con las élites como con los ciudadanos de a pie. En concreto, un miembro de un brain trust podría ser, por ejemplo, el rector/a de una universidad estatal importante, el presidente/a del consejo empresarial nacional, el líder espiritual del país, el director/a de un think tank local de relevancia, entre otros/as. Estos líderes de enlace desempeñan un papel fundamental a la hora de tender puentes en los ámbitos nacional y de la comunidad en los procesos de diálogo, consolidación de la paz o transición.

Una vez que el brain trust está en marcha, el personal permanente del IFIT y los grupos de práctica temáticos (practice groups) le proporcionan apoyo político y formación a medida partiendo de un conjunto de prioridades en continua evolución relacionadas con un objetivo estratégico global (como facilitar una solución política o asegurar una transición posconflicto exitosa), que se enmarca en una visión nacional a largo plazo.

Para apoyar y fomentar el impacto colectivo de sus brain trusts, el IFIT intenta 1) promover cada uno de ellos como espacio independiente para la reflexión local y la formulación y el intercambio de ideas con el fin de fomentar la negociación o la transición en cuestión, 2) asegurar la transferencia sistemática de conceptos, lecciones y know-how fundamentales adquiridos en otros contextos, y 3) ayudarles a transmitir sus ideas más importantes al público nacional e internacional clave.

Los beneficios de los brain trusts del IFIT dependen de cada caso, pero sobre todo pueden convertirse en una plataforma local catalizadora para 1) definir estrategias creativas y a la vez realistas que no estén excesivamente determinadas por una ideología o por un conjunto de intereses, 2) congregar a agentes locales que de otro modo no podrían reunirse regularmente, lo que les permite darse apoyo mutuo y superar problemas propios de la acción colectiva que anteriormente se antojaban difíciles de resolver, 3) aportar análisis interdisciplinarios y a tiempo real para asesorar a personas con capacidad decisoria en momentos críticos, y 4) promover ideas innovadoras que ayuden a ampliar el abanico de opciones políticas y a mejorar las condiciones para alcanzar el consenso nacional.

Las negociaciones con grupos criminales violentos -como mafias, cárteles, pandillas y piratas- ocurren con más frecuencia de lo que se cree. Con base en una investigación de IFIT de más de tres años que incluyó docenas de entrevistas realizadas a actores que participaron directamente en procesos de negociación con grupos criminales, esta publicación ofrece lecciones clave desde la experiencia del conjunto más diverso de casos nunca antes reunidos en un mismo proyecto de investigación.

Uno de los hallazgos más destacados de esta investigación, que se centra en casos de negociaciones encaminados a reducir o poner fin a la violencia por parte de o entre grupos criminales violentos, es que lo mejor de la teoría y la práctica sobre negociaciones de paz con grupos guerrilleros (y áreas asociadas como la justicia transicional) casi no se aplica ni se tiene en consideración en las negociaciones con grupos criminales violentos. La brecha es sorprendente y contraproducente, pero también supone una oportunidad para lograr resultados potencialmente mayores y mejores en el futuro.

Otro descubrimiento clave está relacionado con el final de la negociación. El objetivo de las negociaciones con grupos guerrilleros suele ser poner fin al uso de la violencia política organizada, intercambiando el desarme (y/o la incorporación al ejército) por alguna forma de empoderamiento político y rehabilitación. En el caso de los grupos criminales violentos, el objetivo final es más difícil de definir, pues se entiende que sus motivaciones son principalmente económicas. A pesar de esto, los casos examinados sugieren que este reto es superable, y bajo una sorprendente variedad de condiciones.

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Iniciativa Para un Tratado de Paz – Preguntas Frecuentes

¿Qué dispone actualmente el derecho internacional sobre negociaciones de paz?

  • Prácticamente nada. El artículo 33.1 de la Carta de las Naciones Unidas estipula que “Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.”  Sin embargo, ningún convenio internacional ofrece incentivos jurídicos ni un marco organizado para que la decisión de negociar la paz sea más atractiva desde principio, más flexible y organizada durante el proceso y más estable al final.

¿Puede llenarse este vacío con principios y directrices de carácter voluntario?

  • Los principios y las directrices de carácter voluntario pueden ser útiles para los profesionales, pero un vacío legal sólo puede llenarse –y sólo pueden crearse los incentivos y las garantías jurídicas– mediante un instrumento jurídico.

¿Por qué querrían los Estados firmar un tratado sobre negociaciones de paz? 

  • Los conflictos cobran un alto precio a los Estados y sus ciudadanos, quienes agradecerían un tratado que facilite el fin de las guerras. Dicho esto, el contenido final del tratado determinará el nivel de interés del Estado. Los Estados suscriben tratados multilaterales cuando los beneficios de hacerlo son mayores que las cargas que ello acarrea.

¿Existe un borrador de cómo sería el tratado?

  • Sí. Se trata de un texto orientador sujeto a la retroalimentación que surja del próximo proceso de consulta mundial (véase más abajo).

¿Podría el tratado llevar a una situación en la que se imponga la negociación a un Estado que no esté dispuesto a ello?

  • No. Si bien la existencia del tratado aumentaría el atractivo y la estabilidad de las negociaciones de paz, cada Estado Parte mantendría el control sobre las situaciones que desea que se manejen en virtud del tratado.

¿Podría el tratado correr el riesgo de reducir la flexibilidad o la confidencialidad que requieren las partes negociadoras?

  • No. Uno de los objetivos centrales del tratado propuesto es aumentar la flexibilidad y el control que las partes negociadoras tienen sobre el proceso y a la vez proporcionarles nuevos mecanismos de apoyo y un nuevo sistema para la validación de sus decisiones clave.

¿Limitaría el tratado aquello que las partes negociadoras pueden acordar?

  • No. Las partes controlarían todas las decisiones. A la vez, el tratado podría ofrecer considerables ventajas que no están disponibles hoy en día. Por ejemplo, como se refleja en el texto orientador, se podría otorgar “presunción de cumplimiento” con el derecho internacional a un acuerdo de paz que refleje unos determinados criterios mínimos, lo cual aumentaría el respeto internacional hacia el acuerdo.

¿Modificaría o mejoraría el estatus jurídico de grupos armados no estatales?

  • No. El texto orientador hace más atractivo para los grupos armados no estatales el hecho de tomar la decisión de negociar, pero excluye cualquier cambio de su estatus jurídico en virtud de dicha decisión.

¿Limitaría el tratado el uso de la fuerza por parte de los Estados?

  • No. El texto orientador prevé que los derechos y las obligaciones legales internacionales ya existentes de los Estados sobre el momento y la forma en que pueden usar la fuerza, permanezcan sin cambios.

¿Puedo consultar el texto orientador del tratado?

  • El texto – que se seguirá ajustando según los resultados del proceso de consulta – se compartirá inicialmente en una serie de eventos y talleres regionales y temáticos de alto nivel que se llevarán a cabo en el transcurso del segundo semestre de 2021, en colaboración con reconocidas instituciones multilaterales, académicas y sin ánimo de lucro a nivel mundial.

¿Quién apoya esta iniciativa?

  • IFIT facilita el proceso de consulta mundial y cuenta con el apoyo de un Grupo Asesor de Expertos de alto nivel. En términos más generales, la iniciativa cuenta con el apoyo de donantes y expertos globales de la red de  IFIT, incluyendo miembros del Grupo de Práctica en Derecho y Paz. Con el tiempo, se creará una alianza estratégica hecha a medida para llevar el tratado a buen término.

¿Cómo puede participar mi institución o yo?

  • Usted puede registrarse para recibir nuestro boletín de noticias sobre el tratado, donde se anunciarán los eventos y talleres de consulta. Además, si su institución quiere participar o apoyar de  forma activa, puede enviar una propuesta (de un párrafo) a [email protected].

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IFIT Peace Treaty Initiative

Iniciativa Para un Tratado de Paz

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Nota de Prensa

El Instituto para las Transiciones Integrales lanza una campaña global para desarrollar un tratado internacional sobre negociaciones de paz

11 DE NOVIEMBRE DE 2020 | En este día de conmemoración del Armisticio, el Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT) lanzó una nueva iniciativa global para contribuir a desarrollar un tratado internacional sobre negociaciones de paz que busca llenar un vacío crítico en el derecho internacional existente, que solo regula cómo se deben conducir las hostilidades. La Iniciativa para un Tratado de Paz pretende llenar este vacío al considerar la creación de un marco jurídico especialmente diseñado para incentivar a las partes en un conflicto a escoger el camino de la negociación, con el fin tanto de prevenir los conflictos armados como de finalizarlos una vez estén en marcha.

“El sufrimiento y la destrucción innecesaria podrían prevenirse si la opción de negociar la paz  fuera más atractiva jurídicamente desde el inicio, más flexible y organizada durante el proceso y más estable al final”, observó Mark Freeman, Director Ejecutivo de IFIT. “Esta iniciativa para desarrollar el primer tratado multilateral sobre negociaciones de paz partirá de las lecciones aprendidas durante décadas en materia de negociación para que el derecho internacional ayude directamente a abordar las decisiones difíciles que se desprenden con frecuencia en las  negociaciones. De materializarse, la paz estaría un paso más cerca.”

Los gobiernos, las organizaciones multilaterales, la academia, las organizaciones religiosas, las ONG y los centros de pensamiento de alrededor del mundo serán invitados a nutrir el contenido del tratado participando en talleres temáticos y regionales y en otras actividades. Adicionalmente, entrevistas con expertos y un proceso público de formulación de comentarios orientarán también el futuro contenido del tratado.

El lanzamiento de esta iniciativa es el resultado de tres años de investigación privada, entrevistas con expertos y consultas mundiales por parte de IFIT y sus aliados, incluyendo la Cumbre Internacional sobre Derecho y Paz, organizada por IFIT en Barcelona, España, el pasado julio de 2019, y la posterior formación de un Grupo Asesor de Expertos para guiar la iniciativa para el futuro tratado de paz.

Para más información o para concertar una entrevista:

Eleanor Weber-Ballard
+44 781 77 77 114
[email protected]

Iniciativa Para un Tratado de Paz – Preguntas Frecuentes

¿Qué dispone actualmente el derecho internacional sobre negociaciones de paz?

  • Prácticamente nada. El artículo 33.1 de la Carta de las Naciones Unidas estipula que “Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.”  Sin embargo, ningún convenio internacional ofrece incentivos jurídicos ni un marco organizado para que la decisión de negociar la paz sea más atractiva desde principio, más flexible y organizada durante el proceso y más estable al final.

¿Puede llenarse este vacío con principios y directrices de carácter voluntario?

  • Los principios y las directrices de carácter voluntario pueden ser útiles para los profesionales, pero un vacío legal sólo puede llenarse –y sólo pueden crearse los incentivos y las garantías jurídicas– mediante un instrumento jurídico.

¿Por qué querrían los Estados firmar un tratado sobre negociaciones de paz? 

  • Los conflictos cobran un alto precio a los Estados y sus ciudadanos, quienes agradecerían un tratado que facilite el fin de las guerras. Dicho esto, el contenido final del tratado determinará el nivel de interés del Estado. Los Estados suscriben tratados multilaterales cuando los beneficios de hacerlo son mayores que las cargas que ello acarrea.

¿Existe un borrador de cómo sería el tratado?

  • Sí. Se trata de un texto orientador sujeto a la retroalimentación que surja del próximo proceso de consulta mundial (véase más abajo).

¿Podría el tratado llevar a una situación en la que se imponga la negociación a un Estado que no esté dispuesto a ello?

  • No. Si bien la existencia del tratado aumentaría el atractivo y la estabilidad de las negociaciones de paz, cada Estado Parte mantendría el control sobre las situaciones que desea que se manejen en virtud del tratado.

¿Podría el tratado correr el riesgo de reducir la flexibilidad o la confidencialidad que requieren las partes negociadoras?

  • No. Uno de los objetivos centrales del tratado propuesto es aumentar la flexibilidad y el control que las partes negociadoras tienen sobre el proceso y a la vez proporcionarles nuevos mecanismos de apoyo y un nuevo sistema para la validación de sus decisiones clave.

¿Limitaría el tratado aquello que las partes negociadoras pueden acordar?

  • No. Las partes controlarían todas las decisiones. A la vez, el tratado podría ofrecer considerables ventajas que no están disponibles hoy en día. Por ejemplo, como se refleja en el texto orientador, se podría otorgar “presunción de cumplimiento” con el derecho internacional a un acuerdo de paz que refleje unos determinados criterios mínimos, lo cual aumentaría el respeto internacional hacia el acuerdo.

¿Modificaría o mejoraría el estatus jurídico de grupos armados no estatales?

  • No. El texto orientador hace más atractivo para los grupos armados no estatales el hecho de tomar la decisión de negociar, pero excluye cualquier cambio de su estatus jurídico en virtud de dicha decisión.

¿Limitaría el tratado el uso de la fuerza por parte de los Estados?

  • No. El texto orientador prevé que los derechos y las obligaciones legales internacionales ya existentes de los Estados sobre el momento y la forma en que pueden usar la fuerza, permanezcan sin cambios.

¿Puedo consultar el texto orientador del tratado?

  • El texto – que se seguirá ajustando según los resultados del proceso de consulta – se compartirá inicialmente en una serie de eventos y talleres regionales y temáticos de alto nivel que se llevarán a cabo en el transcurso del segundo semestre de 2021, en colaboración con reconocidas instituciones multilaterales, académicas y sin ánimo de lucro a nivel mundial.

¿Quién apoya esta iniciativa?

  • IFIT facilita el proceso de consulta mundial y cuenta con el apoyo de un Grupo Asesor de Expertos de alto nivel. En términos más generales, la iniciativa cuenta con el apoyo de donantes y expertos globales de la red de  IFIT, incluyendo miembros del Grupo de Práctica en Derecho y Paz. Con el tiempo, se creará una alianza estratégica hecha a medida para llevar el tratado a buen término.

¿Cómo puede participar mi institución o yo?

  • Usted puede registrarse para recibir nuestro boletín de noticias sobre el tratado, donde se anunciarán los eventos y talleres de consulta. Además, si su institución quiere participar o apoyar de  forma activa, puede enviar una propuesta (de un párrafo) a [email protected].

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