Precisar condiciones para las sanciones y que antes de su cumplimiento no haya participación política, dos propuestas que las Farc deben ver ‘con buenos ojos’ y los del ‘No’ deben priorizar, como en su campaña.

En medio de la tristeza de quienes votamos por el ‘Sí’ el 2 de octubre y perdimos, no podemos dejar de reconocer que, aunque faltan saltos, los líderes del ‘No’ han venido dando pasos firmes hacia la paz. Lo importante será enfocar la discusión en los puntos que permitan hacer de este un “mejor acuerdo” y evitar caer en la tentación de estirar tanto la pita que se haga inviable la negociación.

Las diferencias aún son amplias y nadie puede pecar de ingenuo sobre la cantidad de intereses políticos que hay en juego en la discusión posplebiscito. Pero a juzgar por las discusiones y pronunciamientos de los últimos días, hay por lo menos dos puntos de consenso posibles: colonias agrícolas y elegibilidad política de excombatientes.

Estos fueron, además, los dos temas más relevantes durante el debate público del plebiscito y por eso es válido pensar que su discusión podría representar las voces de los 6,4 millones de colombianos que votaron por el ‘No’.

Y como nadie puede taparse los ojos y los oídos frente a una Colombia movilizada exigiendo llegar a un #AcuerdoYa, la discusión sobre estos puntos y las precisiones sobre otros aparecen como una alternativa cierta para llegar pronto a ese “mejor acuerdo”. Vamos por partes.

Sobre las colonias agrícolas

La posición original del Centro Democrático sobre las sanciones frente a los máximos responsables de crímenes internacionales había sido que ellos debían ir a la cárcel. Así lo dicen claramente en el documento ‘Nuestra campaña por el ‘No’ ’, de agosto, que aún está colgado en la página web del partido.

De la “no cárcel para máximos responsables” se desprendía entonces la acusación de “impunidad total” frente a las Farc, la “amnistía encubierta” para responsables de crímenes de lesa humanidad, la “violación al estatuto” de la Corte Penal Internacional, la “ausencia de justicia” y el riesgo jurídico y la inestabilidad de los acuerdos. En palabras del Centro Democrático, esta medida sería “la partera de nuevas violencias”.

Ahora, en cambio, el Centro Democrático ha insistido en “reclusión efectiva”, pero “en sitios alternativos como granjas agrícolas”. Este, no cabe duda, es un gesto –posiblemente resultado de la exigencia ciudadana– para la búsqueda de consensos. Este pronunciamiento se suma, además, al de Marta Lucía Ramírez quien propuso las colonias agrícolas penales desde antes del plebiscito, al de Alejandro Ordóñez del 10 de octubre, y al de Andrés Pastrana del 13 de octubre sobre “zonas rurales de transición”.

En el tema de sanciones para los máximos responsables, el Acuerdo Final establecía cárcel pura y dura de 15 a 20 años para quienes no reconocieran su responsabilidad, y una restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años para quienes sí lo hicieran.

Frente a esa restricción el acuerdo establecía que sería en un lugar bajo las condiciones que determinara el Tribunal para la Paz, con un régimen de seguridad y vigilancia y con un mecanismo de monitoreo, supervisión y verificación de su ejecución y cumplimiento, que garantizara la no repetición. Sin embargo, el acuerdo no establecía esas condiciones de manera específica.

En este nuevo contexto, y teniendo en cuenta el paso dado por los líderes de los sectores sociales que defendieron el ‘No’, es posible pensar que más allá del nombre, el acuerdo definitivo incorpore elementos como los siguientes para precisar las condiciones de cumplimiento de las sanciones:

-La especificación del tamaño máximo del lugar.

-La determinación de la administración de los lugares por parte, por ejemplo, del Inpec y la ONU de manera conjunta.

-La inclusión de un régimen que establezca las condiciones de cumplimiento de las sanciones.

-La determinación de una línea de tiempo clara de ejecución de la restricción efectiva de la libertad a partir de la terminación del proceso de dejación de armas.

Sobre la elegibilidad

El otro punto de posible acercamiento es la participación política de las Farc.

Los líderes políticos de los sectores que votaron ‘No’ habían cuestionado fuertemente la elegibilidad de responsables de delitos atroces. Votar ‘No’, a juicio del Centro Democrático, era “evitar que quienes asesinaron a la comunidad de Bojayá se conviertan en sus autoridades”.

De la mano de esta afirmación se desprendieron otras: que se “estaría premiando la criminalidad”, que le estábamos “entregando el país a las Farc”, y que el “castrochavismo” se iba a tomar el país e íbamos a acabar como Venezuela.

Ahora Alejandro Ordóñez ha propuesto la participación política de excombatientes después del cumplimiento de la pena y la satisfacción de los derechos de las víctimas. Y el Centro Democrático, si bien en el documento de propuestas se opone a la elegibilidad política de excombatientes en general, ha empezado a precisar a través de sus voceros que su oposición se refiere únicamente a la “elegibilidad inmediata”.

Sobre este tema el Acuerdo Final dejaba un espacio. Establecía que la imposición de cualquier sanción por parte del Tribunal para la Paz no inhabilitaría para la participación política. Sin embargo, no especificaba de manera explícita si era posible participar en política durante el cumplimiento de la sanción o no, ni tampoco si podían participar antes de que el Tribunal para la Paz los condenara, a pesar de ya haber sido condenados por la justicia ordinaria.

Por eso, esta puede ser la oportunidad para aclarar la secuencia entre el cumplimiento de la sanción y la posibilidad de participar en política.

Por ejemplo, el acuerdo definitivo podría contemplar los siguientes elementos: i) Garantizar la posibilidad de que todos, guerrilleros, agentes del Estado, exparamilitares, y terceros civiles, sin discriminación alguna, puedan participar en cargos de elección popular después del cumplimiento de su sanción y de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas; y ii) Establecer que no habrá participación en este tipo de elecciones durante el cumplimiento de la sanción.

Sobre los demás temas

Queda por supuesto la difícil labor de concretar consensos a partir de los pasos dados por algunos líderes del ‘No’ esta semana sobre estos dos temas, porque si bien las Farc anunciaron que podrían aceptar la introducción de “ajustes y precisiones” en el acuerdo, falta ver hasta dónde están dispuestos a llegar. De hecho, ‘Pastor Alape’ en entrevista con este periódico señaló que la propuesta del Centro Democrático “busca dilatar el proceso”.

Se trata, sin embargo, al menos en el caso de estos dos temas, de propuestas que las Farc debería estudiar con buenos ojos, porque no buscan transformar la esencia de lo acordado haciendo inviable la negociación, sino precisar ciertos aspectos que estaban ambiguos en el acuerdo para garantizar de manera más amplia los derechos de las víctimas y facilitar la implementación.

En materia de sanción, por ejemplo, ‘Pastor Alape’ rechazó la imposición de cárcel por considerar que se trataría de un “planteamiento incoherente”, pero no abordó las características específicas de una colonia agrícola.

Ahora, aunque el llamado sea a concentrarse en estos dos temas, lo cierto es que el espectro de temas que los diferentes líderes del ‘No’ han traído a la discusión es mucho más amplio. Así lo dejan ver los documentos de propuestas de Marta Lucía Ramírez y de Alejandro Ordóñez del 10 de octubre, del Centro Democrático del 12 de octubre, y de Andrés Pastrana del 13 de octubre.

En sus documentos los líderes del ‘No’ mencionan temas tan duros y tan complejos como el tratamiento del narcotráfico, la llamada “ideología de género”, la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz, los temas de desarrollo rural y los procesos de participación de las comunidades, entre otros. Sobre muchos de ellos podría hacerse precisiones que hagan más claro, más garantista y más fácil de implementar el acuerdo, pero en algunos casos la aproximación incluye propuestas que hacen inviable la negociación.

Ojalá se trate de estrategia y que como en cualquier negociación le estén apuntando a mucho para asegurar algo.

Sin embargo, de llegarse a un acuerdo sobre los dos temas antes mencionados, sería deseable que los líderes de los sectores del ‘No’ le bajaran definitivamente el volumen a estos otros temas, porque la presión de la sociedad civil no da espera y porque en todo caso para nadie es un secreto que fueron los más prioritarios en la discusión pública durante las campañas del plebiscito.

Los pasos dados estas semanas muestran, al menos por el momento, la disposición de los voceros del ‘No’ de dar pasos constructivos hacia la paz y eso no se puede desconocer ni desaprovechar.

Esperamos que esa lógica impere hacia delante en la búsqueda de un acuerdo definitivo, de tal forma que cualquier cambio al acuerdo sea para mejorar y ofrecer más garantías, y no menos, y que podamos por fin acercarnos al tan esperado día D.

En primer lugar, por el bienestar de las comunidades que se exponen a que en cualquier momento se rompa el frágil cese del fuego y las Farc pierdan el control sobre su tropa. Pero también, porque si lo supieran ver, nada contribuiría más a los intereses políticos y electorales de los líderes del ‘No’ que lograr sacar un mejor acuerdo lo antes posible. Mientras tanto, el reloj corre y la exigencia legítima de la sociedad civil aumenta.

Originally published in El Tiempo