Antes asociábamos la seguridad con la guerra, por eso nos cuesta pensar que es necesaria para la paz. La estabilidad del Acuerdo no solo depende de que no lo hagan trizas, sino también de que lo logren proteger de las amenazas que trae el posconflicto 

Este texto fue escrito en coautoría con Julián Arévalo.

Como antes asociábamos la seguridad con la guerra, nos cuesta pensar que hoy es necesaria para la paz. Pero la estabilidad del Acuerdo no solo depende de que no lo hagan trizas, sino también de que lo logren proteger de todas las amenazas que suele traer el postconflicto.  

Son varios las realidades que actualmente preocupan: grupos como el ELN, ahora fortalecido, el crecimiento de las disidencias de las Farc, las bandas criminales, los carteles mexicanos que actúan en territorio colombiano, los cultivos ilícitos que han crecido a picos históricos y la situación de los líderes sociales que siguen siendo asesinados o amenazados.

No es una realidad única a Colombia: tras procesos de paz como el de Irlanda del Norte, Sudán e incluso nuestro país en negociaciones anteriores, surgieron nuevos grupos armados y se fortalecieron otros después de la firma. 

La situación actual, en todo caso, es alarmante. La cifra de disidentes de las Farc oscila entre 1.100 y 1.500, hay 25 estructuras en proceso de rearme, la guerrilla del ELN ya cuenta con más de 1.700 hombres en armas y los cultivos de coca llegaron a la cifra más alta desde que hay registros. La combinación de estos problemas es quizás el mayor obstáculo para que se termine el conflicto armado. 

Aún así, la visión de la seguridad hoy debería ser distinta a la del 2002 y reconocer las diferencias entre los territorios de Colombia, entre los riesgos y en la manera como pueden verse afectados. Esta visión debería hacer uso de herramientas como las que ofrece el Acuerdo de Paz con las Farc y vincular a los ciudadanos para que participen más activamente en su diseño, se apropien de ella y ayuden a ponerla en marcha. 

Desde el Instituto para las Transiciones Integrales reunimos las cinco recomendaciones principales al gobierno en materia de seguridad para la paz:

1. Cada territorio tiene necesidades distintas en seguridad

En algunas zonas donde operaban las Farc avanza la presencia del Estado, en otras ha crecido la presencia del ELN, de otros grupos armados o de disidencias de las Farc, o están siendo disputadas por varios grupos. En el Pacífico, por ejemplo, hay 14 estructuras armadas asociadas a disidencias de las Farc, mientras que en Norte de Santander están Los Pelusos, con cerca de 1.600 hombres, quienes recientemente han incursionado en el sur del Valle y en el norte del Cauca.

En cambio, en departamentos como el Cesar o regiones como el sur del Tolima, las condiciones de seguridad han permitido que avance la implementación de los acuerdos.

Por eso, el gobierno debería darle una respuesta distinta a la situación y las amenazas de seguridad en cada territorio. En algunos casos habrá que fortalecer la presencia militar y en otros la de una policía que trabaje de la mano con la ciudadanía.

2. La seguridad en el campo debe escuchar a la ciudadanía

Pensar la seguridad en el campo tiene muchos retos: dejar de lado la visión urbana que ha predominado, entender las necesidades especiales de las zonas rurales, fomentar la convivencia y promover nuevas reglas de juego. 

Se requiere pensar desde lo local. Esto significa que deben ser los alcaldes, gobernadores y la comunidad quienes identifiquen los problemas de seguridad de cada sector y la manera como pueden responderse. Cada comunidad tiene una visión distinta de lo que su territorio requiere para el retorno de exguerrilleros, el acompañamiento a las victimas o las amenazas de grupos ilegales de distintos tipos. 

Para eso se podrían aprovechar las medidas que están en el Acuerdo Final sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales y el narcotráfico. Igualmente, podrían ponerse en marcha aquellas orientadas a la protección colectiva a las comunidades o los pactos regionales orientados a buscar la convivencia pacífica.

3. Atender las necesidades de los excombatientes de las Farc

Como resultado del proceso de paz con las Farc se desmovilizaron cerca de 11.384 miembros de la organización (incluyendo milicianos y personas que estaban privadas de la libertad). Sin embargo, genera zozobra la situación de las disidencias, especialmente en Cauca, Nariño, Guaviare, Caquetá y Meta.

Colombia debe aprender de su experiencia de 15 años de trabajo en reincorporación, especialmente en apoyo psico-social y en el acompañamiento a estas personas a crear nuevos proyectos de vida. Sin embargo, la realidad es que hoy todavía no existe un camino claro que identifique todos los elementos de la reincorporación en el tiempo y que atienda a las necesidades de los excombatientes de manera integral. 

Si rápidamente los exguerrilleros de las Farc no cuentan con suficiente información sobre su reincorporación económica y su situación jurídica, será muy difícil que cuenten con la motivación y los incentivos suficientes para permanecer en la legalidad. 

4. Atacar con fuerza a grupos armados y actividades ilegales 

En el postconflicto, diferentes grupos tratan de arrebatarse los negocios ilícitos, lo que afecta el contexto social, económico y de seguridad de las regiones y les impiden cualquier transformación que pueda venir por cuenta de la paz. 

Los disidentes de las Farc, por ejemplo, se han concentrado en consolidar estructuras de financiamiento como el control de cultivos ilícitos y de las rutas de narcotráfico, la minería ilegal y la recuperación de caletas no declaradas.

En el sur del país, por ejemplo, las disidencias lideradas por Gentil Duarte están involucradas en la negociación de cocaína con los carteles de México y Brasil. En el Meta, el cobro de extorsiones ha vuelto a ser un problema, y en Nariño los enfrentamientos con el ELN dejaron hace poco 13 personas muertas en Magüi Payán.

Por eso, cualquier estrategia debe complementarse con acciones fuertes para combatir las actividades ilegales que mantienen en vilo a las regiones. En particular frente al narcotráfico y lavado de activos, para controlar la comercialización e importación de insumos y precursores químicos requeridos para la producción de drogas, y contra la extorsión, la minería ilegal, el contrabando de gasolina y los ataques contra la infraestructura.

5. Cambiar el enfoque hacia el problema de los cultivos ilícitos

Durante los últimos 5 años las hectáreas cultivadas de coca en el país se han multiplicado por cuatro. En este tiempo se han cometido errores en la forma como se ha tratado el fenómeno, como la política fundada en subsidios a los cultivadores a cambio de su promesa de erradicar, la intermediación de las Farc en los compromisos entre las comunidades y el Estado, y una escasa inversión en bienes públicos rurales como las vías.

Esos esfuerzos aislados que ni controlan el crecimiento, ni ofrecen alternativas a las comunidades, evidencian la necesidad urgente de unificar las estrategias de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, pensando en que estas sean a la vez efectivas, secuenciales, sostenibles en el tiempo y tengan en cuenta las características diferentes que tiene cada territorio. 

Es necesario que desde el gobierno se piense en políticas que combine incentivos y castigos. Esto puede ser, por un lado, pactando acuerdos de sustitución con las comunidades afectadas y, por otro, haciendo uso de la erradicación forzosa cuando no se logre llegar a acuerdos, o cuando se pueda comprobar que el dueño del cultivo no es un campesino sino un narco.

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Por último, y no por eso menos importante, el gobierno necesita enviarle un mensaje claro a la fuerza pública frente a cuál es la política sobre la que se está trabajando y cuál su rol en el contexto actual, que incluya las transformaciones de la paz pero también la contundencia.

Que el gobierno de Duque le meta la ficha a la seguridad no quiere decir que va a hacer trizas el Acuerdo.