Con la distracción del debate electoral se está perdiendo de vista una de las preocupaciones más importantes que tendrá el nuevo gobierno, la sostenibilidad de la paz.

En medio de los resultados electorales del Congreso y las campañas de presidencia, ha generado debate en la opinión pública la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, hay al menos otros seis temas que han pasado a un segundo plano a pesar de que son esenciales: la reincorporación, la seguridad, los cultivos ilícitos, la precaria situación de las víctimas, las normas pendientes y la institucionalidad para la paz que está a media marcha.

1) El acuerdo que falta en reincorporación

Según el Ministerio de Defensa ya hay más de 1.100 disidentes de las Farc. Es usual que tras la firma de un acuerdo de paz un porcentaje de excombatientes vuelva a reagruparse, pero la abultada cifra que anunció el Gobierno genera preocupación.

No sólo porque complica el ya de por sí enredado panorama de seguridad en los territorios, donde hay múltiples actores ilegales disputándose el control del narcotráfico y los espacios vacíos dejados por las Farc. Sino también porque cuestiona los resultados del programa de reincorporación, pues deja ver que no ha logrado evitar que los exguerrilleros se sigan rearmando.

Mientras que Gobierno y Farc, tras meses de discusión, no han podido ponerse de acuerdo sobre el enfoque de la reincorporación — para la Agencia de Normalización y Reincorporación (ARN, antes ACR), ésta debe tener un carácter más individual y para las Farc uno más colectivo –, los exguerrilleros rasos y medios que han permanecido en lo que eran las zonas veredales se han cansado de esperar que les resuelvan su situación económica (ver Comunicado reincorporación Grupo Plural).

En varias de estas zonas, los excombatientes han decidido desarrollar iniciativas productivas con el apoyo que les dio el Gobierno. En Buenavista, Cauca, por ejemplo, crearon una cooperativa de café que ya está incluso comercializando el café en Bogotá.

Toda esta incertidumbre frente a la oferta institucional y sobre su futuro inmediato desincentiva a los excombatientes a permanecer en la legalidad, y aumenta las probabilidades de que se vinculen a otros grupos armados ilegales.

 2) El problema de la seguridad

Lo que el creciente aumento de las disidencias indica es que en este momento hay una recomposición de los grupos armados ilegales (en términos de redes de logística, financiamiento, control territorial), que genera un complejo escenario de seguridad, con diversos actores y dinámicas a nivel regional.

En esta coyuntura, existe un riesgo de que la desaparición de las Farc como organización armada no se traduzca en mayor tranquilidad para los municipios más golpeados por el conflicto sino en un reemplazo de un actor ilegal por otro.

Para evitar que esto ocurra, cabe preguntarse en el escenario actual en qué va, por un lado, el fortalecimiento del pie de fuerza de la policía rural para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de líderes sociales. Y, por el otro, la estrategia de realizar operativos conjuntos entre militares y policía que  – articulados con Fiscalía y el sistema judicial y de la mano del fortalecimiento de la justicia a nivel local – están dirigidos a combatir, perseguir y judicializar a los grupos al margen de la ley y el crimen organizado.

3) La realidad de los cultivos ilícitos

Este escenario de recomposición de los actores armados, ha estado alimentado en los últimos años por el significativo aumento de los cultivos ilícitos, que pasaron de 48 mil hectáreas en 2012, a 144 mil en 2016, sin duda uno de los factores que más pone en riesgo la sostenibilidad de la paz.

El tema de las drogas ilícitas se acordó en La Habana bajo una mirada integral. En la práctica, sin embargo, lo que ha hecho el Gobierno es avanzar con la sustitución de cultivos y la erradicación forzosa por carriles separados y con metas e incentivos opuestos, sin que haya una visión global que las articule. Y sin darle la suficiente importancia a la lucha contra el lavado de activos, que es estratégica para combatir al narcotráfico.

Por un lado la sustitución viene avanzando con lentitud y problemas, y por otro, la inversión en bienes públicos rurales que es lo que le da sostenibilidad a largo plazo a la sustitución no arranca. Además, todavía no hay ningún avance concreto en la sustitución en territorios étnicos y parques nacionales (que concentran el 32 por ciento de la coca del país).  

4) La precaria situación de las víctimas

Desde un principio estaba claro que lo urgente era avanzar en medidas como las amnistías, los indultos y libertades condicionales. Para inclinar la balanza de estas medidas rápidas también hacia las víctimas, el Acuerdo contemplaba actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y acciones concretas de contribución a la reparación.

En 2016 y 2017, las Farc reconocieron responsabilidad por lo ocurrido ante las comunidades de Bojayá y La Chinita, los familiares de los Diputados del Valle y las víctimas de El Nogal. El Gobierno, en nombre del Estado, hizo lo propio con la Unión Patriótica.

Estos reconocimientos han tenido un impacto enorme para las víctimas y la reconciliación. Pero aún  no son suficientes para que la sociedad perciba una verdadero compromiso con los derechos de las víctimas. Es necesario retomarlos cuanto antes, sobre todo teniendo en cuenta que tanto las sentencias de la JEP como los avances de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda todavía van a tomar un tiempo.

Además, aunque en la actualidad hay 108 planes de reparación colectiva en marcha, que incluyen, entre otras, medidas de recuperación de infraestructura y proyectos productivos, y en las cuales pueden participar exguerrilleros desmovilizados, lo cierto es que desde la salida de Paula Gaviria poco o nada se sabe de la Unidad para las Víctimas.  

Esto, sumado a la falta de coordinación institucional desde el traslado de los excombatientes a las zonas veredales, ha impedido hacer realidad la idea de que las víctimas están en el centro del Acuerdo, y reducir la desconfianza y la polarización de la sociedad en torno a la paz.

5) Las normas pendientes

El período legislativo que comienza en marzo será la última oportunidad que tendrá el gobierno de Santos para impulsar normas que son vitales para la implementación y que no alcanzaron a pasar antes. Lo demás correrá la suerte de lo que decidan el nuevo Congreso y el nuevo gobierno.

Entre las normas pendientes, están la Ley de procedimiento de la JEP, la que garantiza que la implementación tenga herramientas de planeación y presupuesto a largo plazo, el marco jurídico para el catastro multipropósito, la creación de la jurisdicción agraria, la Ley de tierras, el tratamiento especial para pequeños cultivadores de coca y la modificación a la Ley de víctimas.

6) La institucionalidad para la paz que está a media marcha

Aunque en el debate electoral poco se ha visibilizado este tema, hay un trabajo institucional iniciado que es urgente continuar para dar respuestas y hacer presencia Estado a las comunidades que han sufrido la guerra, más allá de garantizar la seguridad.

Sin duda ha habido avances considerables. La creación de las agencias del sector rural en 2015 (la de tierras, la de desarrollo rural y la de renovación del territorio), la ejecución de proyectos de respuesta rápida con recursos de cooperación internacional en varios municipios del país, el comienzo del proceso de planeación participativa a nivel veredal, entre otros.

Sin embargo, parecen haberse quedado cortos, y la institucionalidad ha sido lenta y débil en enfrentar el enorme reto de recuperar la confianza en el Estado.

El Fondo Colombia en Paz, por ejemplo, que se pensó como el mecanismo para administrar los recursos del posconflicto de manera ágil y oportuna, lleva más de tres años en proceso de creación por parte de la Alta Consejería para el Posconflicto. Aunque ya está funcionando en el papel, en la práctica el Fondo no tiene músculo administrativo. Actualmente, tiene un enorme retraso en contratar y pagarle al personal que se necesita tener en campo para continuar con los procesos de planeación participativa que arrancó el año pasado la Agencia para la Renovación del Territorio.

Si estos seis temas por ahora invisibilizados no adquieren más fuerza en los próximos meses, el proceso de paz perderá su impulso y la paz no será la oportunidad para trabajar sobre los elementos sustantivos asociados al conflicto. En tal contexto, el nuevo gobierno difícilmente podrá superar el descontento en estos temas trascendentales, que van más allá de cualquier campaña o partido político.

By Lasillavacia on Scribd