Modernizar el campo colombiano depende de que el Estado pueda dar claridades y regulaciones necesarias sobre los derechos de propiedad rural. Por falta de claridad sobre estos derechos, millones de campesinos han perdido sus tierras, actores armados de izquierda y derecha han justificado sus violencias y varios proyectos de inversiĆ³n estĆ”n empantanados.
Frente a esta situaciĆ³n, el Acuerdo Final establece medidas sobre acceso y formalizaciĆ³n de tierras como parte de la reforma rural integral y, el Decreto Ley 902 de 2017 que la implementa, representa lo mĆ”s parecido al sentido comĆŗn para superar el atraso jurĆdico y econĆ³mico del sector rural.
Estas son las tres razones por las que la Corte deberĆa declarar exequible el decreto ley.
En primer lugar, implementa los compromisos explĆcitos en materia de acceso a tierras de la reforma rural integral acordada en La Habana. No se limita a parafrasear lo que ya estĆ” en el acuerdo, sino que trae herramientas prĆ”cticas para su materializaciĆ³n. Esto lo hace en el marco de los criterios establecidos por la misma Corte sobre el alcance de los decretos ley en el marco de las facultades extraordinarias, pues establece figuras y procedimientos urgentes, imperiosos y de carĆ”cter instrumental de la reforma rural integral.
AdemĆ”s, para su creaciĆ³n se tuvieron en cuenta las mĆŗltiples recomendaciones del grupo de expertos de tierras āque se creĆ³ tras la renegociaciĆ³n del Acuerdoā en el sentido de ajustar su contenido para cumplir de manera estricta con el Acuerdo.
Segundo, el decreto es clave para cumplir los mandatos de la misma Corte Constitucional que en diversas sentencias ha requerido al Gobierno para adelantar programas eficaces de clarificaciĆ³n de la propiedad rural. Especialmente, ha indicado la urgencia de regular los baldĆos nacionales indebidamente ocupados cuya adjudicaciĆ³n debe beneficiar a los campesinos vĆa Fondo de Tierras, como lo establece el decreto.
Adicionalmente, simplifica el proceso de adjudicaciĆ³n y formalizaciĆ³n de tierras. Antes las personas debĆan acudir al gobierno, una por una, para resolver sus asuntos de tierras. Ahora, gracias al decreto, el Estado tiene el mandato de crear una bolsa de tierras para adjudicar, llegar a los territorios con un registro de sujetos beneficiarios, y una oferta general y no discriminatoria para clarificar y formalizar la propiedad respetando el debido proceso.
Tercero, contrario a lo que se ha planteado, el decreto cumpliĆ³ con los requisitos en materia de consulta previa con los pueblos indĆgenas y con el pueblo rom, y agotĆ³ todos los recursos para cumplir con las obligaciones de consulta con los afros.
MĆ”s allĆ” de los dardos entre candidatos, hay temas en los que incluso los sectores mĆ”s opuestos podrĆan estar de acuerdo para que un nuevo gobierno aproveche el fin del conflicto con las Farc.
La polarizaciĆ³n, tanto polĆtica como social, amenaza cualquier esfuerzo en materia de seguridad, tolerancia y desarrollo. Por eso, hemos estado buscando formas de enfrentarla para darle espacio a las transformaciones que puede traer el fin del conflicto.
Desde el Fondo de Capital Humano (un grupo de colombianos que trabajamos de primera mano en el Acuerdo de Paz) y el Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT), escuchamos las reflexiones de un grupo de lĆderes que se opusieron al Acuerdo de Paz y/o su implementaciĆ³n y nos dimos cuenta que es posible encontrar consensos frente a temas que son esenciales para la sostenibilidad de la paz en el paĆs.
Nos pusimos como propĆ³sito generar una discusiĆ³n que fuera mĆ”s allĆ” de hacer trizas o no el Acuerdo. Para eso, en un largo proceso nos concentramos en escuchar las preocupaciones en comĆŗn de varios sectores sobre seguridad, pobreza, desarrollo econĆ³mico y rural, vĆctimas, cultivos ilĆcitos, y mejoras del sistema polĆtico, entre otros.
Decidimos convertir lo que encontramos en una propuesta de recomendaciones concretas para conectar lo que deja el gobierno saliente con las obligaciones y oportunidades que tendrĆ” el que llega. Estamos convencidos de que la posibilidad de generar esos puntos de encuentro se puede desvanecer fĆ”cilmente si no hallamos la forma de ponerlos en marcha desde los primeros dĆas del nuevo gobierno.
Invitamos a los candidatos a la Presidencia de la RepĆŗblica de todas las orillas y a los ciudadanos que haremos parte de este proceso electoral a tener en cuenta estas recomendaciones.
āRecomendaciones para los primeros 100 dĆas del prĆ³ximo gobierno en materia de construcciĆ³n de paz en Colombiaā.
MĆ”s allĆ” del contexto actual donde las discusiones electorales retoman argumentos a favor o en contra del Acuerdo de Paz, el contexto econĆ³mico del paĆs hace un llamado al realismo y a aprovechar las oportunidades que dicho acuerdo brinda. El paĆs necesita diversificar sus exportaciones y el acuerdo de paz podrĆa representar una gran oportunidad en este sentido.
La coyuntura econĆ³mica actual plantea a la vez la necesidad y la oportunidad de dar un salto cualitativo en materia de diversificaciĆ³n de exportaciones.
Las limitaciones de la demanda interna, sumadas al aparente freno en el ascenso en los precios del petrĆ³leo y la ausencia de expectativas de mayores volĆŗmenes de exportaciones de crudo explican esta afirmaciĆ³n.
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario pensar en alternativas con las que el paĆs logre cambiar la realidad actual segĆŗn la cual cerca del 52% de sus ingresos externos provienen del petrĆ³leo, carbĆ³n y sus derivados.
Por eso, mĆ”s allĆ” de los debates polĆticos, el acuerdo de paz puede ser una oportunidad para superar la situaciĆ³n que plantea la coyuntura econĆ³mica actual.
Lo anterior no tiene otro propĆ³sito que dar claridad a la situaciĆ³n de la tierra en el paĆs, que es justamente una de las condiciones esenciales para poder avanzar hacia un campo mĆ”s moderno.
MĆ”s aĆŗn, contempla mecanismos para la elaboraciĆ³n detallada de dichos planes, de tal forma que, en lugar de llegar con diseƱos prefabricados desde el gobierno central, estos se ajusten a las particularidades de cada territorio.
A esto se suma que en materia de desarrollo rural el acuerdo reconoce el contexto econĆ³mico actual y los esfuerzos que el paĆs debe seguir haciendo para insertar sus productos en los mercados internacionales.
āEl desarrollo rural integral se adelantarĆ” en un contexto de globalizaciĆ³n y de polĆticas de inserciĆ³n en ella por parte del Estadoā, seƱala el texto.
Si, como se ha seƱalado, las condiciones del mercado a nivel interno y externo indican que la diversificaciĆ³n de las exportaciones debe ser uno de los objetivos centrales de la economĆa colombiana a partir de ahora, mal harĆa el prĆ³ximo gobierno en desaprovechar las oportunidades que el acuerdo de paz trae para el desarrollo del campo, que son a la vez oportunidades para dinamizar sectores que mucho pueden aportar a impulsar las exportaciones del paĆs.
Desde luego, para esta tarease requiere continuar los esfuerzos de las entidades que tienen como objetivo la promociĆ³n de las exportaciones, avanzar en procesos de integraciĆ³n de los paĆses de la regiĆ³n,profundizar los TLC con paĆses desarrollados y garantizar condiciones macroeconĆ³micas que permitan mejorar la situaciĆ³n del comercio al exterior.
La oportunidad aparece en la medida en que la coyuntura que trae el acuerdo de paz permite intentar apuestas mĆ”s ambiciosas como la transformaciĆ³n del campo y el impulso al potencial exportador que de allĆ se deriva.
Cualquiera que sea la corriente polĆtica del prĆ³ximo gobierno, este encontrarĆ” grandes oportunidades en la implementaciĆ³n del acuerdo.
ParadĆ³jicamente, ese mismo acuerdo de paz que ha sido controversial en materia de justicia y que ha generado temor por promover transformaciones sociales en el sector rural, es la ventana de oportunidad para la diversificaciĆ³n de las exportaciones que tanto demanda el paĆs actualmente.
Con la distracciĆ³n del debate electoral se estĆ” perdiendo de vista una de las preocupaciones mĆ”s importantes que tendrĆ” el nuevo gobierno, la sostenibilidad de la paz.
En medio de los resultados electorales del Congreso y las campaƱas de presidencia, ha generado debate en la opiniĆ³n pĆŗblica la puesta en marcha de la JurisdicciĆ³n Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, hay al menos otros seis temas que han pasado a un segundo plano a pesar de que son esenciales: la reincorporaciĆ³n, la seguridad, los cultivos ilĆcitos, la precaria situaciĆ³n de las vĆctimas, las normas pendientes y la institucionalidad para la paz que estĆ” a media marcha.
1) El acuerdo que falta en reincorporaciĆ³n
SegĆŗn el Ministerio de Defensa ya hay mĆ”s de 1.100 disidentes de las Farc. Es usual que tras la firma de un acuerdo de paz un porcentaje de excombatientes vuelva a reagruparse, pero la abultada cifra que anunciĆ³ el Gobierno genera preocupaciĆ³n.
Toda esta incertidumbre frente a la oferta institucional y sobre su futuro inmediato desincentiva a los excombatientes a permanecer en la legalidad, y aumenta las probabilidades de que se vinculen a otros grupos armados ilegales.
En esta coyuntura, existe un riesgo de que la desapariciĆ³n de las Farc como organizaciĆ³n armada no se traduzca en mayor tranquilidad para los municipios mĆ”s golpeados por el conflicto sino en un reemplazo de un actor ilegal por otro.
Este escenario de recomposiciĆ³n de los actores armados, ha estado alimentado en los Ćŗltimos aƱos por el significativo aumento de los cultivos ilĆcitos, que pasaron de 48 mil hectĆ”reas en 2012, a 144 mil en 2016, sin duda uno de los factores que mĆ”s pone en riesgo la sostenibilidad de la paz.
En 2016 y 2017, las Farc reconocieron responsabilidad por lo ocurrido ante las comunidades de BojayĆ” y La Chinita, los familiares de los Diputados del Valle y las vĆctimas de El Nogal. El Gobierno, en nombre del Estado, hizo lo propio con la UniĆ³n PatriĆ³tica.
Estos reconocimientos han tenido un impacto enorme para las vĆctimas y la reconciliaciĆ³n. Pero aĆŗn no son suficientes para que la sociedad perciba una verdadero compromiso con los derechos de las vĆctimas. Es necesario retomarlos cuanto antes, sobre todo teniendo en cuenta que tanto las sentencias de la JEP como los avances de la ComisiĆ³n de la Verdad y de la Unidad de BĆŗsqueda todavĆa van a tomar un tiempo.
AdemĆ”s, aunque en la actualidad hay 108 planes de reparaciĆ³n colectiva en marcha, que incluyen, entre otras, medidas de recuperaciĆ³n de infraestructura y proyectos productivos, y en las cuales pueden participar exguerrilleros desmovilizados, lo cierto es que desde la salida de Paula Gaviria poco o nada se sabe de la Unidad para las VĆctimas.
Esto, sumado a la falta de coordinaciĆ³n institucional desde el traslado de los excombatientes a las zonas veredales, ha impedido hacer realidad la idea de que las vĆctimas estĆ”n en el centro del Acuerdo, y reducir la desconfianza y la polarizaciĆ³n de la sociedad en torno a la paz.
5) Las normas pendientes
El perĆodo legislativo que comienza en marzo serĆ” la Ćŗltima oportunidad que tendrĆ” el gobierno de Santos para impulsar normas que son vitales para la implementaciĆ³n y que no alcanzaron a pasar antes. Lo demĆ”s correrĆ” la suerte de lo que decidan el nuevo Congreso y el nuevo gobierno.
Entre las normas pendientes, estĆ”n la Ley de procedimiento de la JEP, la que garantiza que la implementaciĆ³n tenga herramientas de planeaciĆ³n y presupuesto a largo plazo, el marco jurĆdico para el catastro multipropĆ³sito, la creaciĆ³n de la jurisdicciĆ³n agraria, la Ley de tierras, el tratamiento especial para pequeƱos cultivadores de coca y la modificaciĆ³n a la Ley de vĆctimas.
6) La institucionalidad para la paz que estĆ” a media marcha
Aunque en el debate electoral poco se ha visibilizado este tema, hay un trabajo institucional iniciado que es urgente continuar para dar respuestas y hacer presencia Estado a las comunidades que han sufrido la guerra, mƔs allƔ de garantizar la seguridad.
Sin duda ha habido avances considerables. La creaciĆ³n de las agencias del sector rural en 2015 (la de tierras, la de desarrollo rural y la de renovaciĆ³n del territorio), la ejecuciĆ³n de proyectos de respuesta rĆ”pida con recursos de cooperaciĆ³n internacional en varios municipios del paĆs, el comienzo del proceso de planeaciĆ³n participativa a nivel veredal, entre otros.
El Fondo Colombia en Paz, por ejemplo, que se pensĆ³ como el mecanismo para administrar los recursos del posconflicto de manera Ć”gil y oportuna, lleva mĆ”s de tres aƱos en proceso de creaciĆ³n por parte de la Alta ConsejerĆa para el Posconflicto. Aunque ya estĆ” funcionando en el papel, en la prĆ”ctica el Fondo no tiene mĆŗsculo administrativo. Actualmente, tiene un enorme retraso en contratar y pagarle al personal que se necesita tener en campo para continuar con los procesos de planeaciĆ³n participativa que arrancĆ³ el aƱo pasado la Agencia para la RenovaciĆ³n del Territorio.
Si estos seis temas por ahora invisibilizados no adquieren mĆ”s fuerza en los prĆ³ximos meses, el proceso de paz perderĆ” su impulso y la paz no serĆ” la oportunidad para trabajar sobre los elementos sustantivos asociados al conflicto. En tal contexto, el nuevo gobierno difĆcilmente podrĆ” superar el descontento en estos temas trascendentales, que van mĆ”s allĆ” de cualquier campaƱa o partido polĆtico.
El pasado 30 de diciembre fue sancionada la ley de amnistĆa. Sin embargo, en medio de las celebraciones de fin de aƱo, y a pesar de desarrollar uno de los temas mĆ”s controversiales del acuerdo de paz con las Farc, poco o nada se ha analizado al respecto.
Lo bueno es que esa ley incentiva la dejaciĆ³n de las armas y aclara que hay crĆmenes tan graves que en ningĆŗn caso serĆ”n amnistiados. Lo malo es que quienes decidan no contar la verdad ni reparar a las vĆctimas no perderĆ”n por ello la amnistĆa. Y lo feo es que la ley se aprobĆ³ como una aplanadora en el Congreso de la RepĆŗblica, sin discusiĆ³n alguna de las mĆ”s de cincuenta proposiciones presentadas por los congresistas.
La primera. Genera el principal incentivo para la dejaciĆ³n de las armas al seƱalar que la amnistĆa solo se aplica a quienes hayan efectuado la dejaciĆ³n de las armas de conformidad con el cronograma que aparece en el acuerdo de paz (ArtĆculo 18).
Ante los resultados del plebiscito y los riesgos de que avance una candidatura que se oponga al cumplimiento del acuerdo, el que la guerrillerada solo pueda ser amnistiada si culmina el proceso de entrega de armas a la ONU es un incentivo inmenso para que no se las queden, como garantĆa mientras esperan los resultados electorales del 2018.
La segunda. La ley seƱala expresamente que en ningĆŗn caso se amnistiarĆ”n, indultarĆ”n, ni se podrĆ” renunciar a la persecuciĆ³n penal de los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crĆmenes de guerra, la toma de rehenes u otra privaciĆ³n grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desapariciĆ³n forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores (artĆculos 23 y 46).
Este es un paso fundamental. Los crĆmenes que mĆ”s le duelen a la sociedad colombiana ācomo la polĆtica de secuestro, la bomba en el Club El Nogal, la masacre de BojayĆ”, los falsos positivos, el exterminio de la UniĆ³n PatriĆ³tica, el reclutamiento de niƱos, por solo mencionar algunosā no quedarĆ”n en la impunidad. DeberĆ”n ser investigados, juzgados y sancionados.
La tercera. La ley permite evitar que el Tribunal se congestione procesando los casos menos graves. No olvidemos que la primera sentencia de Justicia y Paz fue en el 2009 contra alias el Loro āun mando medioā por el delito de falsedad documental, que en ningĆŗn caso era representativo de la atrocidad de la violencia paramilitar.
En cambio, esta ley contribuye a que el Tribunal para la Paz en efecto se concentre desde un inicio en los mĆ”ximos responsables de los crĆmenes mĆ”s graves y representativos.
Y la cuarta. Para efectos de otorgar amnistĆas, la ley divide entre casos fĆ”ciles y casos difĆciles. Los casos fĆ”ciles son delitos que en ningĆŗn caso podrĆan constituir crĆmenes graves y respecto de los cuales es razonable presumir que se cometieron en el marco del conflicto armado y sin finalidades de lucro personal ācomo, por ejemplo, la injuria o la falsedad documentalā. Frente a estos, la ley concede la amnistĆa de manera directa.
Frente a los delitos mĆ”s difĆciles, como el narcotrĆ”fico, los homicidios en combate, o los secuestros de policĆas y militares, la ley establece una serie de criterios y terceriza en una sala de la JurisdicciĆ³n Especial para la Paz la decisiĆ³n, caso a caso, sobre si procede o no la amnistĆa.
Esto significa, en la prĆ”ctica, que el narcotrĆ”fico que tuvo fines de lucro personal, los homicidios que fueron cometidos fuera de combate, y los secuestros de policĆas y militares que constituyan privaciones graves de la libertad no serĆ”n amnistiados.
En primer lugar, la ley no condiciona realmente las amnistĆas y los indultos a la contribuciĆ³n al esclarecimiento de la verdad y a la reparaciĆ³n de las vĆctimas.
Si bien la ley anuncia como principios la integralidad de las medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, ReparaciĆ³n y No RepeticiĆ³n, y el deber de contribuir a la satisfacciĆ³n de los derechos de las vĆctimas, los artĆculos sobre verificaciĆ³n de requisitos y consecuencias del incumplimiento de los mismos son poco exigentes.
Eso significa que una persona puede negarse a contribuir a la verdad, a pesar de ser llamado por la ComisiĆ³n de la Verdad o por la Unidad de BĆŗsqueda, y negarse a participar en los programas de reparaciĆ³n de vĆctimas y, sin embargo, no pierde ni la amnistĆa, ni el indulto.
En la prĆ”ctica, estas personas no tendrĆan ningĆŗn incentivo a contar la verdad y contribuir a reparar a las vĆctimas, porque no hay garrote.
La ley seƱala que los guerrilleros y militares que lleven mĆ”s de cinco aƱos privados de la libertad tendrĆ”n libertad condicional, y que quienes lleven menos de cinco aƱos, en el caso de los militares, deberĆ”n estar en unidades militares o de policĆa, y en el caso de guerrilleros deberĆ”n estar en las zonas de concentraciĆ³n y en los lugares donde se concrete el proceso de reincorporaciĆ³n a la vida civil.
AquĆ, tanto la Corte Constitucional como el Congreso de la RepĆŗblica podrĆan ayudar a precisar el tipo de condiciones que deben cumplirse para que quienes hayan cometido delitos no amnistiables inicien rĆ”pidamente el cumplimiento de la restricciĆ³n efectiva de la libertad de cinco a ocho aƱos.
Y, finalmente, la ley genera un desbalance entre el tratamiento de agentes del Estado, exparamilitares y guerrilleros que no cometieron delitos graves.
Mientras que la gran mayorĆa de los guerrilleros serĆ”n amnistiados automĆ”ticamente por la ley, los agentes del Estado tendrĆ”n que enfrentar en todos los casos la revisiĆ³n de su situaciĆ³n jurĆdica caso a caso.
En otras palabras, frente a los agentes del Estado la ley considera que todos los casos son difĆciles, que no hay casos fĆ”ciles. Militares que han sido condenados por delitos relacionados con el conflicto armado, como insubordinaciĆ³n, desobediencia, abandono del puesto o cobardĆa, entre otros, tendrĆ”n que hacer fila, posiblemente durante aƱos, para que la JurisdicciĆ³n decida si frente a su caso procede la renuncia a la persecuciĆ³n penal o no.
Lo propio sucede con los exparamilitares rasos procesados bajo la Ley 1424 de 2010, que hoy enfrentan uno a uno procesos penales por delitos menores, y que tienen problemas para conseguir trabajo por los antecedentes penales que estos procesos les generan.
Esto es algo que el Congreso de la RepĆŗblica podrĆa resolver tramitando una ley de renuncia a la persecuciĆ³n penal, que resuelva la situaciĆ³n jurĆdica de militares y exparamilitares rasos de manera Ć”gil, y evite la congestiĆ³n del Tribunal y de la justicia ordinaria con procesos que en ningĆŗn caso podrĆan ser considerados graves violaciones de los derechos humanos, ni crĆmenes internacionales.
Y lo feo
La ley de amnistĆa se aprobĆ³ en dos semanas estrenando el fast track (vĆa rĆ”pida) en el Congreso de la RepĆŗblica. Que fuera un proceso Ć”gil era justamente la finalidad del mecanismo.
Sin embargo, los congresistas presentaron mĆ”s de cincuenta proposiciones, que el Gobierno se negĆ³ a discutir, y de las cuales solo se avalaron cuatro en el primer debate. Algunas de las proposiciones presentadas, por ejemplo, buscaban condicionar el otorgamiento de amnistĆas a la contribuciĆ³n a la verdad y la reparaciĆ³n.
Sin un proceso mĆ”s amplio de generaciĆ³n de consensos entre las distintas fuerzas polĆticas, en el que no solo se puedan dar los debates, sino que ademĆ”s se logre acordar modificaciones que permitan superar algunas de las debilidades del acuerdo, las normas que surjan del fast track tendrĆ”n poca legitimidad y se convertirĆ”n en el caballo de batalla de las elecciones presidenciales del 2018.
ConvendrĆa que el Gobierno asumiera el fast track hacia delante, no como una aplanadora, sino como un proceso expedito que permita lograr acercamientos entre las distintas fuerzas polĆticas y la sociedad en general.
La decisiĆ³n no es menor. La historia de los procesos de paz en el mundo ha demostrado que muchos fracasan en la fase de implementaciĆ³n porque los compromisos no se cumplen con agilidad y en los tiempos previstos, generando altas dosis de desconfianza, y en algunos casos, provocando el resurgimiento de la violencia.
En Colombia, el āfast trackā āo procedimiento legislativo especial para la pazā permitirĆa garantizar trĆ”mites legislativos mĆ”s cortos. Por ejemplo, reformas constitucionales que usualmente tardarĆan un aƱo, podrĆan tramitarse entre dos y tres meses. El tema mĆ”s grave y urgente es el de la reforma constitucional para crear la JurisdicciĆ³n Especial para la Paz. Sin esa reforma, una parte importante de las amnistĆas por delitos que no constituyen crĆmenes internacionales ni graves violaciones a los derechos humanos no podrĆa ser aplicada. Sin Ley de amnistĆa ni JurisdicciĆ³n Especial para la Paz, es predecible que las Farc no terminarĆ”n el proceso de dejaciĆ³n de armas en los seis meses previstos, porque culminado ese perĆodo no tendrĆan ninguna garantĆa de seguridad jurĆdica. De ahĆ que la mejor manera de garantizar la efectividad en el proceso de dejaciĆ³n de armas, sea poniendo en marcha el āfast trackā.
En este escenario la Corte Constitucional tiene la difĆcil tarea de ponderar el derecho a la paz (y en particular la necesidad de poner en marcha mecanismos excepcionales y Ć”giles para la implementaciĆ³n de lo acordado), con la separaciĆ³n de poderes, el principio de participaciĆ³n, y las garantĆas de deliberaciĆ³n democrĆ”tica como elementos bĆ”sicos del Estado social de derecho.
El problema es que en el plebiscito el pueblo dijo No. Y a pesar de que el Acuerdo de BogotĆ” es un nuevo acuerdo, lo Ćŗnico que permitirĆa reducir el riesgo de que intenten revocarlo en el 2018 con las prĆ³ximas elecciones presidenciales, es que el desarrollo normativo para su implementaciĆ³n permita generar procesos de construcciĆ³n de consensos mĆ”s amplios que fortalezcan su legitimidad.
De cara a este nuevo escenario, y dado que el Acto Legislativo fue diseƱado para un escenario totalmente diferente, es aconsejable que la Corte Constitucional haga un balance entre agilidad y legitimidad, para lograr una paz que sea posible, pero a la vez estable y duradera.
Pero jurĆdicamente, el Congreso tiene plenas facultades para aprobar una proposiciĆ³n. De ahĆ que mal harĆa la Corte Constitucional en considerar que el Congreso de la RepĆŗblica no podĆa refrendar el Acuerdo de BogotĆ”.
Bajo esa lĆ³gica, la Corte podrĆa contribuir a generar un clima de mayor legitimidad para el proceso de implementaciĆ³n de lo acordado, y dar un mensaje de institucionalidad, garantĆa de separaciĆ³n de poderes y respeto al Estado de derecho, incorporando tres modulaciones bĆ”sicas:
1. Restringir las facultades presidenciales. SegĆŗn el artĆculo 2 del Acto Legislativo, el Presidente tendrĆa facultades presidenciales durante seis meses para expedir todas las leyes ordinarias ācuyo contenido tendrĆ” por objeto facilitar y asegurar la implementaciĆ³n y desarrollo normativo del Acuerdo Finalā. Como es evidente, la redacciĆ³n es tan amplia, que leyes como la de desarrollo rural y acceso a tierras podrĆan ser expedidas por el Presidente de la RepĆŗblica.
Pero este proceso tendrĆa mucha mĆ”s legitimidad si la Corte aclara que la revisiĆ³n Ćŗnica de constitucionalidad no excluye que hacia delante pueda haber demandas contra esas leyes, respecto de problemas jurĆdicos nuevos. Es lo que la Corte ha definido como cosa juzgada relativa, por ejemplo, frente a la revisiĆ³n automĆ”tica de las leyes estatutarias. Y, en segundo lugar, que la revisiĆ³n solo por vicios de procedimiento en su formaciĆ³n, permite, como la jurisprudencia de la propia Corte ha definido, la verificaciĆ³n de si los Actos Legislativos sustituyen la esencia de la ConstituciĆ³n o no.
La decisiĆ³n no serĆ” fĆ”cil. La Corte Constitucional se expone a obstaculizar toda la implementaciĆ³n del Acuerdo de paz o a reducir su propia legitimidad, siendo percibida como una Corte poco independiente frente al Ejecutivo. Pero la Corte tiene salidas: un fallo modulado y salomĆ³nico, que balancee agilidad y legitimidad, le permitirĆa contribuir a la sostenibilidad de la paz. Y serĆa, ademĆ”s, una invitaciĆ³n a todos los sectores polĆticos, del SĆ y el No, a contribuir en la bĆŗsqueda de consensos en torno a la paz.
JUANITA GOEBERTUS ESTRADA* y MARTHA MAYA CALLE**
*Directora del Proyecto Colombia del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT) www.ifit-transitions.org Fue miembro de la DelegaciĆ³n de Gobierno en el proceso de paz en La Habana, Cuba, como asesora en temas de justicia transicional y vĆctimas. Twitter: @juagoe
**Integrante del Fondo de Capital Humano para la TransiciĆ³n Colombiana, coordinado por IFIT. Fue miembro de la DelegaciĆ³n de Gobierno en el proceso de paz en La Habana, Cuba, como asesora en temas de participaciĆ³n polĆtica. Twitter: @mrtilla
El resultado del plebiscito, las marchas y la forma como la mesa de conversaciones asumiĆ³ ambos de manera seria permitieron que fuera posible construir un nuevo y mejor acuerdo, que no solamente refleja las principales propuestas de los lĆderes polĆticos del āNoā, sino que ofrece una mejor perspectiva para el posconflicto en Colombia al ser fruto de un consenso mĆ”s amplio.
1. Una de las principales quejas de la ciudadanĆa frente al acuerdo fue la impunidad. Luego del plebiscito, los lĆderes polĆticos del āNoā seƱalaron que podrĆan āexplorar penas en condiciones de reclusiĆ³n alternativa, como las colonias agrĆcolasā.
Aunque el nuevo acuerdo no menciona colonias agrĆcolas, las condiciones descritas no distan mucho de lo que se entiende por ellas. El nuevo texto precisa que el tamaƱo de las zonas donde se llevarĆ”n a cabo las acciones restaurativas serĆ” de mĆ”ximo una vereda, y que dentro de estas se deberĆ”n establecer los lugares especĆficos de residencia donde se cumplirĆ” la sanciĆ³n.
AsĆ mismo se precisa que las sanciones deberĆ”n estar sujetas al cumplimiento de horarios y que deberĆ” haber informes periĆ³dicos sobre su cumplimiento. AdemĆ”s, se establece que la sanciĆ³n se empezarĆ” a descontar desde la concentraciĆ³n y que el mecanismo de monitoreo de la sanciĆ³n estarĆ” a cargo de la ONU.
Lo cierto es que la nociĆ³n de que los lĆderes de las Farc podĆan andar en libertad por todo el paĆs se erradica definitivamente.
2. Los colombianos, tanto del āSĆā como del āNoā, habĆan insistido en que las Farc debĆan entregar bienes para la reparaciĆ³n de sus vĆctimas. Si bien el Acuerdo de Cartagena incluĆa una clĆ”usula general de compromiso de contribuciĆ³n a la reparaciĆ³n material, en el nuevo acuerdo se introduce un compromiso expreso para las Farc de entregar un inventario de bienes y activos.
3. Con respecto a la JurisdicciĆ³n Especial para la Paz (JEP), tanto la Corte Suprema de Justicia como los principales lĆderes polĆticos del āNoā habĆan insistido en la importancia de garantizar que formara parte de la Rama Judicial y no sustituyera la jurisdicciĆ³n ordinaria.
4. En materia de drogas, la sociedad colombiana en general habĆa exigido un compromiso mĆ”s claro por parte de las Farc de entregar toda la informaciĆ³n relacionada con el narcotrĆ”fico, y lĆderes polĆticos del āNoā propusieron que este delito no fuera amnistiado.
Al respecto, el nuevo acuerdo establece el compromiso para quienes hayan tenido relaciĆ³n con los distintos eslabones de la cadena del narcotrĆ”fico de contribuir con informaciĆ³n ante la JEP para que esta pueda atribuir responsabilidades. Y, de paso, aclara que las actividades de financiaciĆ³n de la rebeliĆ³n no podrĆ”n incluir actividades de lucro personal.
Esto, en la prĆ”ctica, significa que el narcotrĆ”fico de lucro personal sĆ serĆ” juzgado por el Tribunal para la Paz y, por tanto, no serĆ” amnistiado.
AsĆ, la poblaciĆ³n LGBTI ni adquiere ni pierde derechos como resultado del nuevo acuerdo.
6. SegĆŗn los opositores al Acuerdo de Cartagena, este no debĆa formar parte del llamado bloque de constitucionalidad.
Al respecto, el nuevo acuerdo elimina el acto legislativo propuesto en el acuerdo anterior, que pretendĆa incorporar todo el texto del acuerdo a la ConstituciĆ³n. AdemĆ”s, seƱala que se derogarĆ” el artĆculo 4 del Acto Legislativo 1 del 2016 sobre bloque de constitucionalidad. Y que, en vez, se tramitarĆ” una nueva reforma constitucional que establecerĆ” que los contenidos del acuerdo que correspondan a normas de DIH o a derechos fundamentales serĆ”n parĆ”metro de interpretaciĆ³n.
En la prĆ”ctica, este cambio permitirĆ” garantizar la estabilidad jurĆdica de largo plazo del acuerdo, pero sin elevarlo a rango constitucional.
7. En cuanto a la implementaciĆ³n del acuerdo, los lĆderes polĆticos del āNoā habĆan manifestado su preocupaciĆ³n por la sustituciĆ³n del Congreso y de los poderes pĆŗblicos en general.
El nuevo acuerdo, en cambio, aclara que la ComisiĆ³n de Seguimiento no puede afectar el funcionamiento de los distintos Ć³rganos del poder pĆŗblico; especifica la autonomĆa del Congreso de la RepĆŗblica para el desarrollo de normas de implementaciĆ³n y aclara que el cĆ³digo procesal de la JEP deberĆ” ser llevado al Congreso.
8. En el tema de tierras, los lĆderes polĆticos del āNoā seƱalaron que el acuerdo debĆa respetar la legĆtima propiedad privada y reconocer la existencia de la producciĆ³n empresarial de gran escala.
Frente al temor de la violaciĆ³n ācastro-chavistaā de la propiedad, queda claro que todos los procedimientos frente al tema de tierras tendrĆ”n que hacerse de conformidad con las leyes vigentes.
9. Se habĆa seƱalado que los mecanismos de participaciĆ³n diseƱados en el acuerdo violaban la descentralizaciĆ³n y ponĆan en riesgo la democracia local, al desestimar la autoridad de los mandatarios elegidos por voto popular.
Respecto de esa crĆtica, el nuevo acuerdo aclara que las instancias de participaciĆ³n del acuerdo no son espacios de decisiĆ³n; consagra explĆcitamente el respeto de las competencias de las autoridades territoriales y establece que la ComisiĆ³n de Seguimiento en la que participan las Farc no tiene funciones de implementaciĆ³n sino solo de seguimiento, impulso y verificaciĆ³n.
10. Finalmente, los lĆderes polĆticos del āNoā habĆan criticado fuertemente el capĆtulo de fin del conflicto por considerar que las medidas de lucha contra el crimen organizado que allĆ se creaban estaban dirigidas a combatir a los opositores polĆticos de las Farc y a quienes estuvieran en desacuerdo con lo acordado.
A propĆ³sito de este tema, en el capĆtulo de garantĆas de seguridad se elimina el sesgo respecto de amenazas provenientes Ćŗnicamente de grupos derivados de los paramilitares y se aclara que se trata de garantĆas de seguridad para contrarrestar todas las amenazas contra las personas que participen en la implementaciĆ³n. Como resultado de ello, entre otros cambios, se elimina la participaciĆ³n de las Farc en la ComisiĆ³n Nacional de GarantĆas de Seguridad.
No cambiĆ³ elegibilidad
El gran tema pendiente, como lo anunciĆ³ el Presidente de la RepĆŗblica en su discurso luego de la firma del nuevo acuerdo, fue el de elegibilidad de excombatientes.
Frente a este tema, el nuevo acuerdo no cambia ni una coma.
El Acuerdo de Cartagena seƱalaba que la imposiciĆ³n de cualquier sanciĆ³n por parte del Tribunal para la Paz no inhabilitarĆa para la participaciĆ³n polĆtica. Sin embargo, no especificaba si los comandantes de las Farc podĆan participar en polĆtica durante el cumplimiento de la sanciĆ³n o no, ni tampoco si podĆan participar antes de que el Tribunal para la Paz los condenara, a pesar de ya haber sido condenados por la justicia ordinaria.
Ante esta ambigĆ¼edad, serĆ” el Consejo Nacional Electoral el que defina la situaciĆ³n en el momento de decidir si procede a inscribir la candidatura de alguno de los lĆderes de las Farc que hoy se encuentran inhabilitados por haber sido condenados por la justicia ordinaria.
Dicho consejo, como usualmente lo ha hecho, seguramente aplicarĆ” la jurisprudencia de la Corte Constitucional, segĆŗn la cual los miembros de grupos al margen de la ley pueden participar en polĆtica āuna vez pagada la pena y realizada la respectiva desmovilizaciĆ³nā.
Siguen refrendaciĆ³n e implementaciĆ³n
El propio acuerdo aclara cuĆ”l es el siguiente paso: es necesaria una segunda refrendaciĆ³n. De eso depende su legitimidad polĆtica, las herramientas para poder implementarlo y las garantĆas de su estabilidad jurĆdica en el mediano y largo plazo.
La pregunta, entonces, es: ĀæcuĆ”l es la forma mĆ”s adecuada y legĆtima de hacer esa refrendaciĆ³n?
Una refrendaciĆ³n por medio de una decisiĆ³n especial del Congreso de la RepĆŗblica, en cambio, tendrĆa menos legitimidad āespecialmente, dada la desconfianza del pueblo colombiano en este Ć³rganoā pero serĆa mucho menos costosa y mĆ”s Ć”gil.
Quisiera defender, entre tanto, que el Congreso de la RepĆŗblica es un lugar adecuado para la refrendaciĆ³n del nuevo acuerdo, siempre y cuando haya consenso con los lĆderes polĆticos del āNoā, o por lo menos estos se abstengan de votar y no se opongan abiertamente al mismo.
Pero si los lĆderes polĆticos del āNoā rechazan el nuevo acuerdo, me temo que no tendrĆa legitimidad ni ofrecerĆa garantĆas de seguridad jurĆdica someter el acuerdo a refrendaciĆ³n dentro de una corporaciĆ³n en la que el Gobierno, desde antes del plebiscito, tenĆa las mayorĆas.
La sostenibilidad polĆtica y jurĆdica de este acuerdo depende de que la mayorĆa de los colombianos lo respaldemos.
La historia demostrĆ³ que era posible corregir una vez, pero creo que estirar mĆ”s la pita puede terminar por acabar con el frĆ”gil cese del fuego. Sumarse a este nuevo acuerdo serĆa la manifestaciĆ³n mĆ”s clara de que quienes defendieron el āNoā siempre estuvieron en favor de la paz. Empecemos ya, entre todos, con nuestras diferencias, la fase de construcciĆ³n de paz.
Precisar condiciones para las sanciones y que antes de su cumplimiento no haya participaciĆ³n polĆtica, dos propuestas que las Farc deben ver ācon buenos ojosā y los del āNoā deben priorizar, como en su campaƱa.
En medio de la tristeza de quienes votamos por el āSĆā el 2 de octubre y perdimos, no podemos dejar de reconocer que, aunque faltan saltos, los lĆderes del āNoā han venido dando pasos firmes hacia la paz. Lo importante serĆ” enfocar la discusiĆ³n en los puntos que permitan hacer de este un āmejor acuerdoā y evitar caer en la tentaciĆ³n de estirar tanto la pita que se haga inviable la negociaciĆ³n.
Las diferencias aĆŗn son amplias y nadie puede pecar de ingenuo sobre la cantidad de intereses polĆticos que hay en juego en la discusiĆ³n posplebiscito. Pero a juzgar por las discusiones y pronunciamientos de los Ćŗltimos dĆas, hay por lo menos dos puntos de consenso posibles: colonias agrĆcolas y elegibilidad polĆtica de excombatientes.
Estos fueron, ademĆ”s, los dos temas mĆ”s relevantes durante el debate pĆŗblico del plebiscito y por eso es vĆ”lido pensar que su discusiĆ³n podrĆa representar las voces de los 6,4 millones de colombianos que votaron por el āNoā.
Y como nadie puede taparse los ojos y los oĆdos frente a una Colombia movilizada exigiendo llegar a un #AcuerdoYa, la discusiĆ³n sobre estos puntos y las precisiones sobre otros aparecen como una alternativa cierta para llegar pronto a ese āmejor acuerdoā. Vamos por partes.
Sobre las colonias agrĆcolas
La posiciĆ³n original del Centro DemocrĆ”tico sobre las sanciones frente a los mĆ”ximos responsables de crĆmenes internacionales habĆa sido que ellos debĆan ir a la cĆ”rcel. AsĆ lo dicen claramente en el documento āNuestra campaƱa por el āNoā ā, de agosto, que aĆŗn estĆ” colgado en la pĆ”gina web del partido.
De la āno cĆ”rcel para mĆ”ximos responsablesā se desprendĆa entonces la acusaciĆ³n de āimpunidad totalā frente a las Farc, la āamnistĆa encubiertaā para responsables de crĆmenes de lesa humanidad, la āviolaciĆ³n al estatutoā de la Corte Penal Internacional, la āausencia de justiciaā y el riesgo jurĆdico y la inestabilidad de los acuerdos. En palabras del Centro DemocrĆ”tico, esta medida serĆa āla partera de nuevas violenciasā.
En el tema de sanciones para los mĆ”ximos responsables, el Acuerdo Final establecĆa cĆ”rcel pura y dura de 15 a 20 aƱos para quienes no reconocieran su responsabilidad, y una restricciĆ³n efectiva de la libertad de 5 a 8 aƱos para quienes sĆ lo hicieran.
En este nuevo contexto, y teniendo en cuenta el paso dado por los lĆderes de los sectores sociales que defendieron el āNoā, es posible pensar que mĆ”s allĆ” del nombre, el acuerdo definitivo incorpore elementos como los siguientes para precisar las condiciones de cumplimiento de las sanciones:
-La especificaciĆ³n del tamaƱo mĆ”ximo del lugar.
-La determinaciĆ³n de la administraciĆ³n de los lugares por parte, por ejemplo, del Inpec y la ONU de manera conjunta.
-La determinaciĆ³n de una lĆnea de tiempo clara de ejecuciĆ³n de la restricciĆ³n efectiva de la libertad a partir de la terminaciĆ³n del proceso de dejaciĆ³n de armas.
Sobre la elegibilidad
El otro punto de posible acercamiento es la participaciĆ³n polĆtica de las Farc.
Los lĆderes polĆticos de los sectores que votaron āNoā habĆan cuestionado fuertemente la elegibilidad de responsables de delitos atroces. Votar āNoā, a juicio del Centro DemocrĆ”tico, era āevitar que quienes asesinaron a la comunidad de BojayĆ” se conviertan en sus autoridadesā.
De la mano de esta afirmaciĆ³n se desprendieron otras: que se āestarĆa premiando la criminalidadā, que le estĆ”bamos āentregando el paĆs a las Farcā, y que el ācastrochavismoā se iba a tomar el paĆs e Ćbamos a acabar como Venezuela.
Sobre este tema el Acuerdo Final dejaba un espacio. EstablecĆa que la imposiciĆ³n de cualquier sanciĆ³n por parte del Tribunal para la Paz no inhabilitarĆa para la participaciĆ³n polĆtica. Sin embargo, no especificaba de manera explĆcita si era posible participar en polĆtica durante el cumplimiento de la sanciĆ³n o no, ni tampoco si podĆan participar antes de que el Tribunal para la Paz los condenara, a pesar de ya haber sido condenados por la justicia ordinaria.
Por eso, esta puede ser la oportunidad para aclarar la secuencia entre el cumplimiento de la sanciĆ³n y la posibilidad de participar en polĆtica.
Queda por supuesto la difĆcil labor de concretar consensos a partir de los pasos dados por algunos lĆderes del āNoā esta semana sobre estos dos temas, porque si bien las Farc anunciaron que podrĆan aceptar la introducciĆ³n de āajustes y precisionesā en el acuerdo, falta ver hasta dĆ³nde estĆ”n dispuestos a llegar. De hecho, āPastor Alapeā en entrevista con este periĆ³dico seƱalĆ³ que la propuesta del Centro DemocrĆ”tico ābusca dilatar el procesoā.
Se trata, sin embargo, al menos en el caso de estos dos temas, de propuestas que las Farc deberĆa estudiar con buenos ojos, porque no buscan transformar la esencia de lo acordado haciendo inviable la negociaciĆ³n, sino precisar ciertos aspectos que estaban ambiguos en el acuerdo para garantizar de manera mĆ”s amplia los derechos de las vĆctimas y facilitar la implementaciĆ³n.
En materia de sanciĆ³n, por ejemplo, āPastor Alapeā rechazĆ³ la imposiciĆ³n de cĆ”rcel por considerar que se tratarĆa de un āplanteamiento incoherenteā, pero no abordĆ³ las caracterĆsticas especĆficas de una colonia agrĆcola.
Sin embargo, de llegarse a un acuerdo sobre los dos temas antes mencionados, serĆa deseable que los lĆderes de los sectores del āNoā le bajaran definitivamente el volumen a estos otros temas, porque la presiĆ³n de la sociedad civil no da espera y porque en todo caso para nadie es un secreto que fueron los mĆ”s prioritarios en la discusiĆ³n pĆŗblica durante las campaƱas del plebiscito.
Los pasos dados estas semanas muestran, al menos por el momento, la disposiciĆ³n de los voceros del āNoā de dar pasos constructivos hacia la paz y eso no se puede desconocer ni desaprovechar.
Esperamos que esa lĆ³gica impere hacia delante en la bĆŗsqueda de un acuerdo definitivo, de tal forma que cualquier cambio al acuerdo sea para mejorar y ofrecer mĆ”s garantĆas, y no menos, y que podamos por fin acercarnos al tan esperado dĆa D.
En primer lugar, que, mĆ”s allĆ” de las sanciones penales, los crĆmenes mĆ”s graves deben ser sancionados polĆticamente para evitar que se repitan.
Sin embargo, este argumento desconoce que la premisa bĆ”sica de los procesos de paz con lĆderes de grupos armados con motivaciones polĆticas es su transformaciĆ³n en partidos polĆticos.
En cambio, casos como el de la RepĆŗblica DemocrĆ”tica del Congo y el de la desmovilizaciĆ³n de los paramilitares en Colombia muestran que la ausencia de reintegraciĆ³n polĆtica estĆ” directamente relacionada con el resurgimiento de la violencia.
El Acuerdo establece que el partido o movimiento polĆtico que surja del trĆ”nsito de las Farc a la vida civil, una vez haya culminado el proceso de dejaciĆ³n de armas, estarĆ” sujeto a las mismas reglas que los demĆ”s partidos, salvo por las siguientes tres excepciones transitorias:
1. Para efectos de tener personerĆa jurĆdica, no tendrĆ” que haberse presentado a certĆ”menes electorales anteriores ni haber cumplido con un umbral mĆnimo de votaciĆ³n; 2. RecibirĆ” aproximadamente 6.600 millones de pesos anuales hasta el 2022 y 3.300 millones anuales hasta el 2026; y 3. TendrĆ” un salvavidas por dos perĆodos de 5 curules en el Senado y 5 en la CĆ”mara de Representantes, por las que tendrĆ”n que competir y solo accederĆ”n a ellas en caso de que no logren obtenerlas por la vĆa democrĆ”tica.
La pregunta es si esas ayudas suponen una ventaja desproporcionada frente a los demƔs partidos. Vamos tema por tema.
La primera es una prerrogativa obvia: si se les exige haber participado en contiendas electorales anteriores y haber cumplido el umbral para tener personerĆa jurĆdica, entonces las Farc simplemente no podrĆan convertirse en un partido polĆtico.
Y finalmente, estĆ” el tema de las curules. En el Senado hay 102 curules. Para poder votar una ley ordinaria, que es la del quorum mĆ”s bajo, se requiere que haya por lo menos 51 senadores presentes, y que 26 la aprueben. En la CĆ”mara de Representantes, por su parte, hay 166 curules, por lo que para votar una ley ordinaria se requiere la presencia de 83 representantes, y que por lo menos 42 la aprueben. De ahĆ que 5 curules en el Senado y 5 curules en la CĆ”mara en ningĆŗn caso conforman una mayorĆa. Para quienes piensan en lĆ³gica conspirativa, el Polo DemocrĆ”tico tiene 5 Senadores y 3 Representantes, asĆ que incluso si se aliaran no lograrĆan la mayorĆa.
AsĆ que el Acuerdo no genera prerrogativas desproporcionadas que hagan que las Farc se vayan a tomar el poder.
Lo Ćŗnico que queda es entonces la suspicacia: que en realidad se van a seguir financiando con recursos ilĆcitos del narcotrĆ”fico, la minerĆa ilegal y la extorsiĆ³n. Para quienes confĆan en la palabra, las Farc se comprometieron en el Acuerdo a poner fin a su relaciĆ³n con el narcotrĆ”fico (ver pĆ”gina 91) y renunciaron a cualquier actividad ilĆcita para la financiaciĆ³n de la organizaciĆ³n (ver pĆ”gina 199).
Y finalmente, hay quienes han presentado el argumento del derecho internacional. La idea es que existirĆa una obligaciĆ³n internacional segĆŗn la cual los Estados deben prohibir la participaciĆ³n en polĆtica de quienes han cometido delitos especialmente graves, como los crĆmenes internacionales o las graves violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo, no existe prohibiciĆ³n alguna de derecho internacional que se refiera a las inhabilidades para ejercer cargos de elecciĆ³n popular por parte de criminales de lesa humanidad o de guerra. De hecho, lo que existen son disposiciones sobre la obligaciĆ³n internacional de garantĆa de la democracia, como lo demandan el artĆculo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolĆticos y el artĆculo 23 de la ConvenciĆ³n Americana de Derechos Humanos.
Al respecto, la Corte Constitucional seƱalĆ³ en la segunda sentencia sobre el Marco JurĆdico para la Paz, en el 2014, que ācontra lo establecido en materia de amnistĆas e indultos y en extradiciĆ³n, en el Ć”mbito de la participaciĆ³n polĆtica no existen estĆ”ndares, en el ordenamiento jurĆdico nacional o internacional, que limiten la aplicaciĆ³n del concepto de delito polĆtico para permitir que un grupo al margen de la ley o sus miembros, una vez pagada la pena y realizada la respectiva desmovilizaciĆ³n, pueda participar en polĆticaā.
GarantĆa de no repeticiĆ³n
En conclusiĆ³n, la elegibilidad de comandantes de las Farc en cargos de elecciĆ³n popular con posterioridad al cumplimiento de su sanciĆ³n no solo no estĆ” prohibida por el derecho internacional, sino que es la esencia de un proceso de paz: la mejor garantĆa de no repeticiĆ³n es sacarlos de la guerra para transformarlos en lĆderes polĆticos. Como fue demostrado, ademĆ”s, las medidas transitorias incorporadas en el Acuerdo aseguran que el partido polĆtico que surja de las Farc no tenga prebendas desproporcionados frente a los demĆ”s partidos.
Sin embargo, seremos los colombianos quienes el 2 de octubre tendremos que decidir si estamos dispuestos a que las Farc dejen las armas y, a cambio de ello, se transformen en un partido polĆtico que participe en el sistema democrĆ”tico.
