El debate tras el atentado del Eln a la Escuela General Santander se ha concentrado en los argumentos jurídicos sobre cumplir o no los protocolos, como si esta fuera la única forma de hacer frente a esta guerrilla. Más importante que eso es la estrategia de seguridad, la eficacia de la justicia y las posibilidades de buscar una salida negociada en un futuro.

La polarización y, por supuesto, la indignación nos han llevado a tener una mirada de corto plazo sobre los hechos para buscarle justificaciones jurídicas a las salidas inmediatas de lado y lado. Si el atentado se enmarca o no dentro del Derecho Internacional Humanitario, si estamos obligados a cumplir los protocolos de ruptura de la mesa de negociación ante un hecho considerado terrorista, si estos últimos eran una política de Estado o de Gobierno y si obligan al Presidente Duque. Seguido de eso, cuáles países están o no con el gobierno y cómo deberían responder los demás.

En un país legalista como Colombia, esto desemboca en discusiones de micrófonos entre abogados de alto nivel técnico que podrían seguir indefinidamente, porque tratan sobre temas sobre los que en algunos casos hay vacíos jurídicos y en donde abundan posiciones políticas contrarias.

Mientras nos detenemos en eso, el mundo y la región tienen los ojos puestos en Colombia, en las posibilidades que tiene una salida negociada a los conflictos armados, en los avances de su transición y en su capacidad de construir paz. Y lo que está pasando con el Eln por todos los lados pone en riesgo todo lo que hemos construido hasta ahora y exacerba las problemáticas que traen las disidencias de las antiguas Farc, el aumento de cultivos ilícitos, la minería ilegal o el asesinato de líderes sociales. Por esta razón, a esta discusión y a las decisiones a las que lleguemos hay que darles otra mirada que permita construir fórmulas para el largo plazo.

El Eln, con un estimado de 1.700 hombres en armas según el Ministerio de Defensa, se ha concentrado en controlar los territorios y las actividades ilegales dejadas por las Farc. Hoy tiene presencia a lo largo del Pacífico, especialmente en los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, en Arauca, Vichada y el Catatumbo, y hacia el sur del país en regiones donde había estado históricamente ausente. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, general Álvaro Vicente Pérez, aseguró: “Sabemos que hay un concubinato entre el Eln y la subestructura primera de las disidencias de las Farc y vienen haciendo actividades de coordinación para acciones ilícitas, cobros extorsivos, contrabando (…) y hay una distribución de cuotas porque lo que buscan es ganar ambos”.​

El atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional incluso sugiere, para algunos expertos como Sergio Guarín de la Fundación Ideas para la Paz, que “la tesis que defendía la derrota prácticamente absoluta del Eln y que desestimaba su capacidad de daño en las ciudades estaba totalmente equivocada”.

Con la sostenibilidad de la paz en juego y en un gobierno que tiene como política la estabilización de los territorios más afectados por la violencia, para que en el mediano plazo se pueda gozar de un futuro en el que se cumpla la legalidad, se promueva el emprendimiento y exista equidad, el tema del Eln necesita mucho más que una decisión contra sus dirigentes.

Necesita una estrategia. Y como el gobierno del Presidente Duque le apuesta a una unidad entre las distintas visiones políticas del país para lograr consensos mínimos, algo que no es fácil en este nivel de polarización, va a necesitar construir fórmulas efectivas para controlar la situación de orden público y no generar el pánico que naturalmente divide a la población.

Por eso el gobierno necesita contrarrestar la violencia del Eln, conocer a esta guerrilla para debilitarla, incluirla dentro de las estrategias de lucha contra la criminalidad organizada y dejar sin fundamentos su discurso social. El desarrollo y fortalecimiento del Estado en los territorios y la creación de oportunidades económicas contribuyen a debilitar la presencia y el discurso del Eln. Esto es especialmente importante en relación con los temas ambientales y de hidrocarburos: el hecho de que existan canales democráticos y participativos puede ayudar a debilitar cada vez más a esta organización.

Como parte de todo el debate jurídico se ha planteado además un falso dilema entre si la política de paz es de gobierno o de Estado. Desde la Constitución de 1991 buscar la paz es una política de Estado; esa fue la gran apuesta de ese momento, ha marcado todas las acciones de nuestras instituciones desde entonces y cada gobierno ha venido usando para ello las facultades que le da la misma Constitución.

Para conseguir los objetivos que se ha planteado el actual Gobierno y consolidar la paz en los territorios, lograr un tránsito a la legalidad exitoso y que desaparezcan las condiciones de marginalidad que causan el atraso del campo y en la ciudad, el mismo Presidente Duque con seguridad le apostará a que sus decisiones relacionadas con estos objetivos, sean política de Estado. Y esto es lo acertado. De lo contrario, las medidas adoptadas no podrán tener efectos a largo plazo y se perdería el legado que pueda dejar este Gobierno para la historia.

Por ahí podría estar la salida al nudo gordiano que enfrenta el Gobierno. En sus decisiones, y esto incluye la de cumplir o no el protocolo, pensando en el largo plazo y en la necesidad de acabar con una guerrilla tan compleja y tan peligrosa, el gobierno debería asegurarse de no limitarse las posibilidades. La oportunidad de continuar con la mesa de negociación que hoy se ve como imposible, puede ser en el futuro la conclusión de una estrategia de seguridad exitosa, como la que inició el gobierno de Álvaro Uribe y concluyó, luego de un proceso que se dió en medio de la confrontación armada, con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en el 2016 y el desarme de 11.384 hombres.

En esto, más allá de cualquier argumento jurídico, la posibilidad de asumir compromisos políticos y el principio de buena fe son clave en una negociación. Sin ello no es posible sentar a enemigos históricos que tienen relaciones de absoluta desconfianza en la misma mesa. El gobierno debe saber que incumplir los protocolos afecta sus propias posibilidades de buscar salidas negociadas en un futuro. En el pasado (Tlaxcala, por ejemplo), el fracaso de intentos de diálogo ha dado pie a largos períodos de violencia a raíz de esa pérdida de confianza. Restablecer mínimos canales de comunicación ha significado, además, esfuerzos enormes que toman años en madurar.

Aunque la atención de la opinión en Colombia se ha enfocado en los protocolos como la medida más fuerte posible contra el Eln, es mucho más lo que hay para hacer al interior del país. La puesta en marcha de los protocolos no implica de ninguna manera el cese de hostilidades, la disminución en la contundencia de la Fuerza Pública o la interrupción de la solicitud de extradición de aquellos que se encuentren en otros países, incluido el territorio venezolano.

Finalmente, la realidad de la región y los acontecimientos recientes de Venezuela tienen un efecto directo en la valoración de esta situación. Al igual que el Eln ya no es un asunto estrictamente de política interna, las decisiones que el gobierno tome en relación con la crisis política de Venezuela afectan la estabilidad y seguridad no sólo de la frontera sino del país.

InSight Crime, en una investigación publicada el 13 de noviembre del 2018, señala que el ELN opera en 12 estados de Venezuela (la mitad del país) de diferentes formas y con diferentes tipos de incursión. “Según estos registros el ELN tendría presencia en Táchira, Zulia, Apure, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Falcón, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Guárico y Bolívar. Allí estaría desarrollando actividades como contrabando de ganado, contrabando de gasolina, cobro de extorsiones, distribución de comida, emisoras de radio, reclutamiento de menores, ataques a funcionarios de cuerpos de seguridad, narcotráfico y minería ilegal, entre otras”.

La situación actual que pone en riesgo la permanencia de Maduro en el poder deja a esta guerrilla en una circunstancia de vulnerabilidad que no puede ser desaprovechada.

Al final, en un mundo que necesita cada vez más buscar salidas pacíficas a los conflictos armados, del desenlace de esto depende que esa siga siendo una opción viable, y que Colombia siga siendo pionera en este tipo de procesos.

La situación actual que pone en riesgo la permanencia de Maduro en el poder deja a esta guerrilla en una circunstancia de vulnerabilidad que no puede ser desaprovechada.

El debate tras el atentado del Eln a la Escuela General Santander se ha concentrado en los argumentos jurídicos sobre cumplir o no los protocolos, como si esta fuera la única forma de hacer frente a esta guerrilla. Más importante que eso es la estrategia de seguridad, la eficacia de la justicia y las posibilidades de buscar una salida negociada en un futuro.

La polarización y, por supuesto, la indignación nos han llevado a tener una mirada de corto plazo sobre los hechos para buscarle justificaciones jurídicas a las salidas inmediatas de lado y lado. Si el atentado se enmarca o no dentro del Derecho Internacional Humanitario, si estamos obligados a cumplir los protocolos de ruptura de la mesa de negociación ante un hecho considerado terrorista, si estos últimos eran una política de Estado o de Gobierno y si obligan al Presidente Duque. Seguido de eso, cuáles países están o no con el gobierno y cómo deberían responder los demás.

En un país legalista como Colombia, esto desemboca en discusiones de micrófonos entre abogados de alto nivel técnico que podrían seguir indefinidamente, porque tratan sobre temas sobre los que en algunos casos hay vacíos jurídicos y en donde abundan posiciones políticas contrarias.

Mientras nos detenemos en eso, el mundo y la región tienen los ojos puestos en Colombia, en las posibilidades que tiene una salida negociada a los conflictos armados, en los avances de su transición y en su capacidad de construir paz. Y lo que está pasando con el Eln por todos los lados pone en riesgo todo lo que hemos construido hasta ahora y exacerba las problemáticas que traen las disidencias de las antiguas Farc, el aumento de cultivos ilícitos, la minería ilegal o el asesinato de líderes sociales. Por esta razón, a esta discusión y a las decisiones a las que lleguemos hay que darles otra mirada que permita construir fórmulas para el largo plazo.

El Eln, con un estimado de 1.700 hombres en armas según el Ministerio de Defensa, se ha concentrado en controlar los territorios y las actividades ilegales dejadas por las Farc. Hoy tiene presencia a lo largo del Pacífico, especialmente en los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, en Arauca, Vichada y el Catatumbo, y hacia el sur del país en regiones donde había estado históricamente ausente. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, general Álvaro Vicente Pérez, aseguró: “Sabemos que hay un concubinato entre el Eln y la subestructura primera de las disidencias de las Farc y vienen haciendo actividades de coordinación para acciones ilícitas, cobros extorsivos, contrabando (…) y hay una distribución de cuotas porque lo que buscan es ganar ambos”.​

El atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional incluso sugiere, para algunos expertos como Sergio Guarín de la Fundación Ideas para la Paz, que “la tesis que defendía la derrota prácticamente absoluta del Eln y que desestimaba su capacidad de daño en las ciudades estaba totalmente equivocada”.

Con la sostenibilidad de la paz en juego y en un gobierno que tiene como política la estabilización de los territorios más afectados por la violencia, para que en el mediano plazo se pueda gozar de un futuro en el que se cumpla la legalidad, se promueva el emprendimiento y exista equidad, el tema del Eln necesita mucho más que una decisión contra sus dirigentes.

Necesita una estrategia. Y como el gobierno del Presidente Duque le apuesta a una unidad entre las distintas visiones políticas del país para lograr consensos mínimos, algo que no es fácil en este nivel de polarización, va a necesitar construir fórmulas efectivas para controlar la situación de orden público y no generar el pánico que naturalmente divide a la población.

Por eso el gobierno necesita contrarrestar la violencia del Eln, conocer a esta guerrilla para debilitarla, incluirla dentro de las estrategias de lucha contra la criminalidad organizada y dejar sin fundamentos su discurso social. El desarrollo y fortalecimiento del Estado en los territorios y la creación de oportunidades económicas contribuyen a debilitar la presencia y el discurso del Eln. Esto es especialmente importante en relación con los temas ambientales y de hidrocarburos: el hecho de que existan canales democráticos y participativos puede ayudar a debilitar cada vez más a esta organización.

Como parte de todo el debate jurídico se ha planteado además un falso dilema entre si la política de paz es de gobierno o de Estado. Desde la Constitución de 1991 buscar la paz es una política de Estado; esa fue la gran apuesta de ese momento, ha marcado todas las acciones de nuestras instituciones desde entonces y cada gobierno ha venido usando para ello las facultades que le da la misma Constitución.

Para conseguir los objetivos que se ha planteado el actual Gobierno y consolidar la paz en los territorios, lograr un tránsito a la legalidad exitoso y que desaparezcan las condiciones de marginalidad que causan el atraso del campo y en la ciudad, el mismo Presidente Duque con seguridad le apostará a que sus decisiones relacionadas con estos objetivos, sean política de Estado. Y esto es lo acertado. De lo contrario, las medidas adoptadas no podrán tener efectos a largo plazo y se perdería el legado que pueda dejar este Gobierno para la historia.

Por ahí podría estar la salida al nudo gordiano que enfrenta el Gobierno. En sus decisiones, y esto incluye la de cumplir o no el protocolo, pensando en el largo plazo y en la necesidad de acabar con una guerrilla tan compleja y tan peligrosa, el gobierno debería asegurarse de no limitarse las posibilidades. La oportunidad de continuar con la mesa de negociación que hoy se ve como imposible, puede ser en el futuro la conclusión de una estrategia de seguridad exitosa, como la que inició el gobierno de Álvaro Uribe y concluyó, luego de un proceso que se dió en medio de la confrontación armada, con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en el 2016 y el desarme de 11.384 hombres.

En esto, más allá de cualquier argumento jurídico, la posibilidad de asumir compromisos políticos y el principio de buena fe son clave en una negociación. Sin ello no es posible sentar a enemigos históricos que tienen relaciones de absoluta desconfianza en la misma mesa. El gobierno debe saber que incumplir los protocolos afecta sus propias posibilidades de buscar salidas negociadas en un futuro. En el pasado (Tlaxcala, por ejemplo), el fracaso de intentos de diálogo ha dado pie a largos períodos de violencia a raíz de esa pérdida de confianza. Restablecer mínimos canales de comunicación ha significado, además, esfuerzos enormes que toman años en madurar.

Aunque la atención de la opinión en Colombia se ha enfocado en los protocolos como la medida más fuerte posible contra el Eln, es mucho más lo que hay para hacer al interior del país. La puesta en marcha de los protocolos no implica de ninguna manera el cese de hostilidades, la disminución en la contundencia de la Fuerza Pública o la interrupción de la solicitud de extradición de aquellos que se encuentren en otros países, incluido el territorio venezolano.

Finalmente, la realidad de la región y los acontecimientos recientes de Venezuela tienen un efecto directo en la valoración de esta situación. Al igual que el Eln ya no es un asunto estrictamente de política interna, las decisiones que el gobierno tome en relación con la crisis política de Venezuela afectan la estabilidad y seguridad no sólo de la frontera sino del país.

InSight Crime, en una investigación publicada el 13 de noviembre del 2018, señala que el ELN opera en 12 estados de Venezuela (la mitad del país) de diferentes formas y con diferentes tipos de incursión. “Según estos registros el ELN tendría presencia en Táchira, Zulia, Apure, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Falcón, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Guárico y Bolívar. Allí estaría desarrollando actividades como contrabando de ganado, contrabando de gasolina, cobro de extorsiones, distribución de comida, emisoras de radio, reclutamiento de menores, ataques a funcionarios de cuerpos de seguridad, narcotráfico y minería ilegal, entre otras”.

La situación actual que pone en riesgo la permanencia de Maduro en el poder deja a esta guerrilla en una circunstancia de vulnerabilidad que no puede ser desaprovechada.

Al final, en un mundo que necesita cada vez más buscar salidas pacíficas a los conflictos armados, del desenlace de esto depende que esa siga siendo una opción viable, y que Colombia siga siendo pionera en este tipo de procesos.

La situación actual que pone en riesgo la permanencia de Maduro en el poder deja a esta guerrilla en una circunstancia de vulnerabilidad que no puede ser desaprovechada.

Originally published in El Tiempo.