Debemos cuestionarnos las aproximaciones a esos dos objetivos que hemos tenido en todas estas décadas de conflicto

Los interrogantes sobre la materialización de la paz total del presidente Gustavo Petro, en medio de las difíciles condiciones de violencia que atraviesa Colombia, nos llevan a volver a caer en el falso dilema de si apostarle a la seguridad o a la paz como si fueran dos elementos completamente opuestos.

En su rueda de prensa de este jueves el ministro de Defensa, Iván Velásquez, planteó que “la búsqueda de la paz no significa debilidad”, abordando, entre otras, la gran pregunta de cuál es el rol de las fuerzas militares en la paz total que propone el gobierno. El ministro introdujo los principales componentes de la “Estrategia integral e interinstitucional para la vida y la paz” y además mencionó la necesidad de incrementar los esfuerzos en materia de inteligencia, el accionar de la fuerza pública, la persecución de recursos ilícitos y lavado de activos, entre otras.

La aproximación del Gobierno había sido en términos de trabajar por una mayor transparencia, luchar contra la corrupción, promover el respeto a los derechos humanos y reformar el sector seguridad. Lo que sigue es pensar en lo que este sector puede hacer para acercarse a la construcción de paz y a la ciudadanía.

Aunque el mensaje del ministro busca ser contundente, entre el plan de gobierno de la campaña y los pronunciamientos hasta la fecha, este Gobierno ha planteado narrativas sobre la seguridad y la paz que van en muchas direcciones y que requieren articularse entre sí. Mientras eso ocurre volvemos a caer en el falso dilema entre hacer frente a la violencia con mayor autoridad o uso de la fuerza, o si recurrir a la paz.

Una de las narrativas es la de “la desmilitarización de la vida social”, de un cambio en la doctrina de seguridad nacional y de una nueva política de defensa nacional que apunta a la “política de seguridad humana”. Ha hecho pronunciamientos sobre regiones de paz, sobre cese de hostilidades, privilegiar el diálogo frente al uso de la fuerza en la problemática de las ocupaciones de tierras, y cesar los bombardeos aéreos y la erradicación forzosa de los cultivos de uso ilícito. Esto, sumado a la remoción de alrededor de 70 generales y coroneles del Ejército y la Policía, muestra que lo que se viene es un cambio en la forma de hacer las cosas en donde la sombrilla de todo sigue siendo la política de paz total.

Aunque la articulación entre el rol de la seguridad y el propósito de hacer la paz pareciera obvia en un país que lleva tantas décadas de conflicto armado, nunca ha sido fácil. En efecto, la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, que contó por primera vez en la historia de las negociaciones con la participación activa de miembros de la fuerza pública, trajo dos retos que siguen pendientes: 1) garantizar la seguridad en los territorios más afectados por el conflicto y más vulnerables a este; y 2) que desde las fuerzas militares se repensara y rediseñara su rol para un escenario de construcción de paz.

Desde el Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT, por sus siglas en inglés), planteamos en noviembre de 2018 la importancia de concebir la seguridad desde una visión de construcción de paz. Y para eso, señalamos la necesidad de pensar en una política de seguridad integral que reconociera las particularidades de cada territorio, de apostarle fuertemente a la construcción de confianza con la ciudadanía y de construir sobre lo construido, sobre los esfuerzos ya hechos anteriormente por la Fuerza Pública pero también por otras entidades el Estado en materia, por ejemplo, de implementación del Acuerdo de Paz en el nivel territorial.

Cuatro años después, Colombia tiene pendiente construir una política de seguridad acorde a los desafíos del momento, un momento en el que las dinámicas de violencia y conflicto han cambiado pero siguen vigentes y potentes, y en el que la pregunta sobre cómo armonizar y hacer compatible la seguridad y la paz no está resuelta. Y eso se vuelve más evidente en un escenario en el que la balanza se inclina de manera aparente más hacia la paz que hacia la seguridad.

Lo paradójico es que las distintas políticas que se han implementado para hacer frente a la violencia y al conflicto en Colombia, desde cualquier orilla ideológica, reconocen el rol de la fuerza pública como uno de proteger a la sociedad civil, que es al final de cuentas lo que dice la Constitución. Eso deja ver que o no todos entendemos lo mismo cuando decimos “protección de la sociedad civil” o no hemos logrado darle un contenido para que quepan de manera simultánea la garantía de la seguridad y los esfuerzos para hacer la paz.

Francisco de Roux, ex Presidente de la Comisión de la Verdad, en su declaración sobre el Informe Final de la Comisión, cuestiona precisamente las distintas aproximaciones que hemos tenido en el país a la seguridad, hablando de una seguridad agresiva y de terror, una “seguridad que no da seguridad” por oposición a una seguridad serena. Y propone “una nueva visión de la seguridad para la construcción de paz”.

La tarea de acercar la seguridad a la paz y viceversa exige cuestionarnos las aproximaciones que hemos tenido en todas estas décadas de conflicto y escuchar a todos los protagonistas, con cuidado de no presentarse como alternativas excluyentes. Los ciudadanos, más aún aquellos en los territorios más vulnerables al conflicto, están pendientes de conocer y comprender qué pueden esperar en ambos, seguridad y paz, para apostarle a un proyecto de vida de largo plazo que es el que al final de cuentas permite transformaciones duraderas. Así igual, oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública están a la espera de conocer cuál es su rol y de comprenderlo en su lógica institucional, pues el ejercicio del uso de la fuerza, así venga con una transformación en la doctrina, necesita narrativa, certezas y convicciones.

Originally published in El País.