Reconozco que a la pedagogĆa de paz le ha faltado ser mĆ”s persuasiva, que la gran mayorĆa de los colombianos no se leerĆ”n las 297 pĆ”ginas y que seguramente hay una parte importante de los votantes que actuarĆ”n guiados por la pasiĆ³n de un lado u otro.
Pero me niego a creer que de cara a la decisiĆ³n mĆ”s importante de la historia moderna colombiana no podamos dar un debate con argumentos: sin falacias, sin desacreditar, sin el recurso a la fuerza. Que no podamos darnos la oportunidad de oĆr los argumentos del otro, para ver si hay algo en ellos que encontremos persuasivo.
Para resumir, si no reconocen responsabilidad y son condenados, habrĆ” cĆ”rcel pura y dura; y si reconocen responsabilidad, habrĆ” una sanciĆ³n no carcelaria. La pregunta central, entonces, es si eso genera impunidad.
Quienes consideran que esto genera impunidad presentan tres argumentos principales. Vamos uno por uno. Primero, que no castigar estos delitos con cĆ”rcel genera una situaciĆ³n de desigualdad frente a los delitos ordinarios menos graves, que sĆ se castigan con cĆ”rcel.
La desigualdad es innegable: una cosa es ponerle fin a un conflicto armado de mĆ”s de 52 aƱos que ha producido mĆ”s de 8 millones de vĆctimas, para prevenir que siga habiendo miles de vĆctimas, y otra muy distinta es reprimir la criminalidad ordinaria que enfrenta cualquier sociedad moderna.
En estos contextos la puesta en marcha de procesos de desarme, mecanismos para el esclarecimiento de la verdad, y programas de reparaciĆ³n integral de vĆctimas permiten justificar una reducciĆ³n de la pena que de otro modo no serĆa proporcional a la gravedad del delito.
Vamos al segundo. Que si no hay cĆ”rcel, los crĆmenes se van a repetir y va a haber nuevos ciclos de venganza. Este argumento parte de la idea bĆ”sica de que al meter la gente a la cĆ”rcel se manda un mensaje a la sociedad de que cometer delitos estĆ” mal y que los ciudadanos no lo deben hacer. Y a la vez se supone que la cĆ”rcel evita que esas personas vuelvan a cometer delitos. Pero en la prĆ”ctica, a pesar de su necesidad institucional, mĆ”s cĆ”rcel no ha implicado nunca menores Ćndices de criminalidad y reincidencia.
En cambio, un proceso de paz busca desarmar a un grupo armado para garantizar que no vuelva a hacer uso de las armas, para garantizar la no repeticiĆ³n de los delitos. Un proceso de desarme con verificaciĆ³n internacional y con un cronograma detallado que culmina con la extracciĆ³n de todas las armas por parte de la ONU a los 6 meses contados desde la firma del Acuerdo Final, y su destinaciĆ³n para la construcciĆ³n de monumentos, es la mejor garantĆa de no repeticiĆ³n. Y aĆŗn mĆ”s, cuando estĆ” acompaƱado de medidas de verdad, justicia y reparaciĆ³n.
Y tercero, que, segĆŗn ellos, existe una obligaciĆ³n internacional de imponer penas de cĆ”rcel frente a estos delitos.
La idea es que no imponer penas de cĆ”rcel vulnera el derecho internacional y harĆa insostenible la transiciĆ³n porque las cortes internacionales deberĆ”n intervenir. La premisa es que segĆŗn el derecho internacional existe una obligaciĆ³n de imponer penas de cĆ”rcel.
Sin embargo, esa obligaciĆ³n no existe en ningĆŗn tratado internacional. El vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), James Stewart, advirtiĆ³ en mayo del 2015 en Colombia que āsi bien el Estatuto de Roma contiene disposiciones relativas a las penas en los procesos ante la CPI, no prescribe un tipo o duraciĆ³n especĆficos de las condenas que los Estados deben imponer por crĆmenes de la CPI. En materia de penas, los Estados tienen amplia discrecionalidadā.
Al respecto, el seƱor Stewart ha seƱalado que es posible admitir āpenas no privativas de la libertadā, pero que el anĆ”lisis de su compatibilidad con el Estatuto de Roma dependerĆ” de los āniveles de restricciĆ³n de la libertad, de supervisiĆ³n y de obligacionesā.
De ahĆ que en abstracto la restricciĆ³n efectiva de la libertad, aplicable solo a quienes reconozcan responsabilidad, no resulta incompatible con el derecho internacional.
Los desarrollos normativos para la implementaciĆ³n del Acuerdo Final, el control de constitucionalidad que haga del Acuerdo la Corte Constitutional y la implementaciĆ³n por parte del Tribunal para la Paz, deberĆ”n precisar las condiciones de esa restricciĆ³n de la libertad y asegurar asĆ, que en la prĆ”ctica, sean compatibles con el Estatuto de Roma.
La fĆ³rmula de lucha contra la impunidad que contiene el Acuerdo Final estĆ” diseƱada para un momento excepcional: el desarme de la guerrilla y la terminaciĆ³n del conflicto armado.
En conclusiĆ³n, lejos de agravar la situaciĆ³n de impunidad que hay hoy en Colombia, y que es del 78 por ciento, este acuerdo permite ponerle fin a un conflicto armado de mĆ”s de 50 aƱos, contribuye a asegurar la no repeticiĆ³n de los delitos, permite garantizar los derechos de las vĆctimas, y no es contrario al derecho internacional.
Sin embargo, al final lo que realmente importa es la opiniĆ³n pĆŗblica y la legitimidad de la fĆ³rmula de justicia. El 2 de octubre seremos los colombianos quienes decidiremos si esta fĆ³rmula para luchar contra la impunidad es suficientemente aceptable para permitirnos terminar esta guerra.
Lo que no nos puede pasar es que votemos cegados bajo el influjo de los eslĆ³ganes de āpaz con impunidadā o āpaz sin impunidadā, sin considerar los argumentos.
La refrendaciĆ³n de un acuerdo de paz es el medio democrĆ”tico mĆ”s beneficioso para la estabilidad de este. No hacerlo supondrĆa mantener al margen de lo acordado a una sociedad ya dividida, y con ello perder la oportunidad de que dicha sociedad se ponga a favor de la terminaciĆ³n pactada del conflicto y asĆ arrancar el camino de una reconciliaciĆ³n nacional complicada de por sĆ.
Es sabido que llevar a cabo un proceso plebiscitario tiene sus riesgos, el mĆ”s evidente de los cuales es el ānoā en las urnas. La historia ofrece ejemplos tanto de procesos de refrendaciĆ³n exitosos āpor ejemplo, SudĆ”frica (1992) o Irlanda (1998)ā como fracasados āpor ejemplo, Guatemala (1999) o Chipre (2004)ā.
No obstante, en un contexto de altĆsima complejidad jurĆdica como el colombiano, es aĆŗn mĆ”s vital un plebiscito. Con suficientes votos de la sociedad a favor del acuerdo, su seguridad jurĆdica āfundamental para la sostenibilidad de la pazā llegarĆa a una zona de casi intocabilidad que de otro modo serĆa inalcanzable.
ĀæCĆ³mo entender la seguridad jurĆdica en el contexto actual?
En un primer nivel, la seguridad jurĆdica es contractual. En caso de llegar a un acuerdo de paz, las Farc y el Gobierno se harĆ”n responsables de llevar a cabo de buena fe los compromisos que han contraĆdo mutuamente. De no ser asĆ, desaparecerĆa la certeza entre las partes y sobre lo acordado, y por tanto la seguridad jurĆdica.
En un segundo nivel, la seguridad jurĆdica es extracontractual, por tener que ver con terceros no firmantes āentre otros, los posibles āsaboteadoresā externosā. Cuanto mayor es la legitimidad moral, legal y polĆtica del acuerdo, mayor la contenciĆ³n de terceros y mejor su implementaciĆ³n. En este sentido, no refrendar el acuerdo serĆa negarle un plus de legitimaciĆ³n que le permitirĆa encajar mejor las posibles embestidas de aquellos que pueden pretender impedir su implementaciĆ³n.
La misma lĆ³gica es doblemente aplicable a Colombia, sobre todo en el contexto del reciente acuerdo sobre el blindaje jurĆdico, publicado el 12 de mayo.
Sea cual sea la fĆ³rmula que eventualmente se acuerde, nos parece imprescindible que haya una ratificaciĆ³n ulterior del acuerdo al que se llegue en La Habana por parte de la ciudadanĆa.
A pesar de sus riesgos, no existe ningĆŗn otro mecanismo democrĆ”tico que pueda producir mayores beneficios para la estabilidad de un acuerdo de paz que la refrendaciĆ³n del mismo por parte de la poblaciĆ³n. No hacerlo supondrĆa mantener al margen de lo acordado a una sociedad ya dividida por el conflicto, y con ello, perder la oportunidad de aprovechar la ocasiĆ³n para que dicha sociedad se posicione conjuntamente a favor de la terminaciĆ³n pactada del conflicto y asĆ poner la primera piedra del camino hacia una reconciliaciĆ³n social y nacional complicada de por sĆ.
En este sentido, preocupa el descenso del apoyo al presidente Santos en el paĆs, sabiendo que una refrendaciĆ³n sobre un acuerdo de paz fĆ”cilmente puede desfigurarse y convertirse en una refrendaciĆ³n sobre la Presidencia. Sin embargo, como ya hemos visto en otras ocasiones, esos Ćndices pueden mejorar mucho en el momento que se anuncie una gran noticia favorable a la paz.
En el contexto colombiano, debemos considerar la seguridad jurĆdica en dos de sus dimensiones: la primera, respecto a las partes principales del acuerdo (es decir, en relaciĆ³n a aquello a lo que el Gobierno y las FARC se comprometen mutuamente), y la segunda, respecto a terceros no firmantes.
La seguridad jurĆdica respecto a las partes firmantes del acuerdo es contractual, es decir, en el caso de llegar a un acuerdo de paz, las FARC y el Gobierno se hacen responsables de llevar a cabo de buena fe los compromisos que han contraĆdo mutuamente en el acuerdo. De no ser asĆ desaparecerĆa la certeza y la confianza entre las partes y sobre lo acordado y por tanto la seguridad jurĆdica sobre el mismo.
La seguridad jurĆdica respecto a terceros no firmantes es mĆ”s difĆcil de controlar, pero no por eso menos relevante para la consecuciĆ³n de la paz. Ćsta concierne al nivel de contenciĆ³n que los posibles āsaboteadoresā externos (en este caso actores que no sean ni el Gobierno ni las FARC) se inclinen a seguir o se vean obligados a rendir hacia el acuerdo final. Cuanto mayor es la legitimidad moral, legal y polĆtica del acuerdo, cuanto mĆ”s aumentarĆ” la contenciĆ³n respecto a un posible saboteo y procurarĆ” una mejor implementaciĆ³n del mismo. Por el contrario, no dar la oportunidad al acuerdo de ser apoyado por una mayorĆa de la poblaciĆ³n colombiana, serĆa negarle este plus de protecciĆ³n y fortaleza que le permitirĆa encajar mejor las posibles envestidas de aquellos que pretendan o que se sienten obligados a impedir su implementaciĆ³n.
Al fin y al cabo, un resultado positivo en la refrendaciĆ³n del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC puede reforzar masivamente su legitimidad y otorgarle un aura de intocabilidad. Esta aura protegerĆa al acuerdo contra las posibles injerencias de futuros gobiernos o de cortes nacionales, internacionales o extranjeras. AdemĆ”s, devendrĆ” una razĆ³n fundamental para seguir adelante cuando durante la larga fase de implementaciĆ³n del acuerdo, lleguen, de forma casi inevitable, momentos crĆticos entre las partes.
En el contexto actual en Colombia deviene doblemente trascendente la oportunidad de la refrendaciĆ³n de los acuerdos de La Habana por cuanto, ademĆ”s de por todo lo argĆ¼ido, puede servir como precedente positivo para el proceso que se acaba de abrir con el ELN.
Basada en 2 aƱos de investigaciĆ³n, entrevistas y talleres de expertos, esta publicaciĆ³n de IFIT esboza un nuevo marco conceptual y operativo, destinado a mejorar los resultados de la transiciĆ³n y centrĆ”ndose en la inclusiĆ³n como principio guĆa, adoptando un enfoque viable para la superaciĆ³n de retos y obstĆ”culos.Ā
– “El Marco de Transiciones Inclusivas es realmente acertado, tiene una visiĆ³n general completa de todos los problemas involucrados y resuena estrechamente con mis ideas y experiencia. Definitivamente servirĆ” como una ayuda poderosa y prĆ”ctica para las transiciones exitosas, asĆ como para lo que no se debe hacer”. Marwan Muasher – Vicepresidente de Estudios, Carnegie Endowment for International Peace; ex Ministro de Relaciones Exteriores y Viceprimer Ministro de Jordania
– āEsta oportuna publicaciĆ³n ofrece nuevas ideas sobre el tema de las transiciones, combinando ideas de los campos de la democratizaciĆ³n, los derechos humanos, el desarrollo y el mantenimiento de la paz. SerĆ” un recurso importante para cualquiera que trabaje en estados frĆ”giles”. Anne Applebaum – Directora, Transitions Forum, Instituto Legatum; Autora y columnista para el Washington Post y Slate ganadora del premio Pulitzer
