El presente documento tiene por objeto presentar un diagnĆ³stico sobre la justicia restaurativa en el modelo transicional colombiano, particularmente en el marco del ejercicio de las funciones de la JurisdicciĆ³n Especial para la Paz (JEP), asĆ como plantear algunas propuestas para su aplicaciĆ³n prĆ”ctica.
La condicionalidad es una manifestaciĆ³n de la integralidad del Sistema en tanto uno de los principios rectores del mismo y el principal fundamento para efectivamente garantizar la mĆ”xima satisfacciĆ³n posible de los derechos de las vĆctimas en el marco del Sistema Integral.
En el presente documento se presenta un anƔlisis y una serie de consideraciones y sugerencias sobre:
La condicionalidad como una expresiĆ³n del principio de integralidad del Sistema Integral y el fundamento para la garantĆa, en la mayor medida posible, de los derechos de las vĆctimas y la seguridad jurĆdica de los comparecientes.
Estos vaivenes de popularidad tienen consecuencias serias sobre la estabilidad de un paĆs en transiciĆ³n. Hasta el momento, el presidente ha logrado convertir muy pocos proyectos en leyes en el congreso y enfrenta una grave crisis de seguridad evidenciada en la cantidad de lĆderes sociales asesinados: 317 entre 2018 y abril de 2019. Esto pone en riesgo la ejecuciĆ³n del Acuerdo de Paz y podrĆa hacer surgir nuevos ciclos de violencia en territorios que antes controlaba la extinta guerrilla de las Farc. La desapariciĆ³n de JesĆŗs Santrich, el exlĆder de las Farc, es una nueva prueba para la zigzagueante popularidad de Duque.
El descontento con la situaciĆ³n de Venezuela, el alza en el desempleo, las protestas sociales y la incapacidad para resolver la crisis de infraestructura son algunas de las causas de la baja popularidad de Duque. A esto se suma que los medios han revelado aspectos peligrosos de su polĆtica de seguridad y se ha cuestionado su verdadero compromiso con la paz.
Por su larga experiencia diseƱando esquemas de transiciĆ³n, Colombia podrĆa convertirse en un laboratorio de ideas de construcciĆ³n de paz para el mundo. AsĆ como el proceso de democratizaciĆ³n de SudĆ”frica nos ha dado lecciones para afianzar la lucha contra la discriminaciĆ³n racial, Colombia podrĆa ser ejemplo de que es posible superar un conflicto armado de cincuenta aƱos.
Eso exigirĆa abordar el problema del aumento de cultivos ilĆcitos con una mirada integral y sostenible; enfrentar la situaciĆ³n de seguridad enfatizando la legitimidad y el respeto de los derechos humanos; impulsar la inversiĆ³n pĆŗblica y privada y las oportunidades para los habitantes de las regiones mĆ”s afectadas por el conflicto; satisfacer los derechos de las vĆctimas, y cimentar el proceso de reincorporaciĆ³n de los excombatientes a la vida civil.
Si asĆ lo quisiera, el presidente podrĆa disminuir la polarizaciĆ³n y superar la dinĆ”mica de āganar peleasā.
El cumplimiento de un Acuerdo de Paz y la transiciĆ³n subsecuente toman mucho tiempo, involucran distintas visiones polĆticas y favorecen nuevos liderazgos. Esa es la lecciĆ³n mĆ”s importante que dejĆ³ el proceso de Irlanda del Norte, que ha atravesado conflictos, renegociaciones y hoy enfrenta los efectos del brexit.
Sobreponerse a la polarizaciĆ³n le permitirĆa a Duque tener una interlocuciĆ³n mĆ”s tranquila con los sectores de la sociedad civil que desarrollan iniciativas de construcciĆ³n de paz y trabajan por reconstruir los territorios y las comunidades mĆ”s afectadas por el conflicto armado. Le permitirĆa ademĆ”s afianzar su liderazgo no solo como cabeza de un bloque polĆtico que se oponĆa al acuerdo, sino de toda la sociedad colombiana.
La pregunta es si esto generarĆa una ruptura con su partido y su mentor, Ćlvaro Uribe.
Al buscar una soluciĆ³n polĆtica a un conflicto armado o a una crisis polĆtica, las partes involucradas a menudo recurren a conversaciones secretas en una o varias ocasiones.Ā
Este Documento PrĆ”ctico de IFIT proporciona un conjunto de conceptos y recomendaciones para el diseƱo efectivo de procesos de negociaciĆ³n secretos que involucran a estados, grupos rebeldes, partidos de oposiciĆ³n y/o grupos de crimen organizado. Se basa en una revisiĆ³n exhaustiva de la literatura existente, entrevistas con expertos y prĆ”ctica discernible.
Esta publicaciĆ³n se basa en la idea de que el secreto es a veces un sine qua non para que se realice algĆŗn tipo de conversaciones entre estados, grupos rebeldes, partidos de la oposiciĆ³n y/o grupos de crimen organizado. Lo que hasta ahora ha faltado es simple, una guĆa prĆ”ctica sobre las principales opciones de elecciĆ³n para organizar tales conversaciones.
El debate tras el atentado del Eln a la Escuela General Santander se ha concentrado en los argumentos jurĆdicos sobre cumplir o no los protocolos, como si esta fuera la Ćŗnica forma de hacer frente a esta guerrilla. MĆ”s importante que eso es la estrategia de seguridad, la eficacia de la justicia y las posibilidades de buscar una salida negociada en un futuro.
La polarizaciĆ³n y, por supuesto, la indignaciĆ³n nos han llevado a tener una mirada de corto plazo sobre los hechos para buscarle justificaciones jurĆdicas a las salidas inmediatas de lado y lado. Si el atentado se enmarca o no dentro del Derecho Internacional Humanitario, si estamos obligados a cumplir los protocolos de ruptura de la mesa de negociaciĆ³n ante un hecho considerado terrorista, si estos Ćŗltimos eran una polĆtica de Estado o de Gobierno y si obligan al Presidente Duque. Seguido de eso, cuĆ”les paĆses estĆ”n o no con el gobierno y cĆ³mo deberĆan responder los demĆ”s.
Mientras nos detenemos en eso, el mundo y la regiĆ³n tienen los ojos puestos en Colombia, en las posibilidades que tiene una salida negociada a los conflictos armados, en los avances de su transiciĆ³n y en su capacidad de construir paz. Y lo que estĆ” pasando con el Eln por todos los lados pone en riesgo todo lo que hemos construido hasta ahora y exacerba las problemĆ”ticas que traen las disidencias de las antiguas Farc, el aumento de cultivos ilĆcitos, la minerĆa ilegal o el asesinato de lĆderes sociales. Por esta razĆ³n, a esta discusiĆ³n y a las decisiones a las que lleguemos hay que darles otra mirada que permita construir fĆ³rmulas para el largo plazo.
El atentado a la Escuela de Cadetes de la PolicĆa Nacional incluso sugiere, para algunos expertos como Sergio GuarĆn de la FundaciĆ³n Ideas para la Paz, que āla tesis que defendĆa la derrota prĆ”cticamente absoluta del Eln y que desestimaba su capacidad de daƱo en las ciudades estaba totalmente equivocadaā.
Con la sostenibilidad de la paz en juego y en un gobierno que tiene como polĆtica la estabilizaciĆ³n de los territorios mĆ”s afectados por la violencia, para que en el mediano plazo se pueda gozar de un futuro en el que se cumpla la legalidad, se promueva el emprendimiento y exista equidad, el tema del Eln necesita mucho mĆ”s que una decisiĆ³n contra sus dirigentes.
Necesita una estrategia. Y como el gobierno del Presidente Duque le apuesta a una unidad entre las distintas visiones polĆticas del paĆs para lograr consensos mĆnimos, algo que no es fĆ”cil en este nivel de polarizaciĆ³n, va a necesitar construir fĆ³rmulas efectivas para controlar la situaciĆ³n de orden pĆŗblico y no generar el pĆ”nico que naturalmente divide a la poblaciĆ³n.
Por eso el gobierno necesita contrarrestar la violencia del Eln, conocer a esta guerrilla para debilitarla, incluirla dentro de las estrategias de lucha contra la criminalidad organizada y dejar sin fundamentos su discurso social. El desarrollo y fortalecimiento del Estado en los territorios y la creaciĆ³n de oportunidades econĆ³micas contribuyen a debilitar la presencia y el discurso del Eln. Esto es especialmente importante en relaciĆ³n con los temas ambientales y de hidrocarburos: el hecho de que existan canales democrĆ”ticos y participativos puede ayudar a debilitar cada vez mĆ”s a esta organizaciĆ³n.
Como parte de todo el debate jurĆdico se ha planteado ademĆ”s un falso dilema entre si la polĆtica de paz es de gobierno o de Estado. Desde la ConstituciĆ³n de 1991 buscar la paz es una polĆtica de Estado; esa fue la gran apuesta de ese momento, ha marcado todas las acciones de nuestras instituciones desde entonces y cada gobierno ha venido usando para ello las facultades que le da la misma ConstituciĆ³n.
Para conseguir los objetivos que se ha planteado el actual Gobierno y consolidar la paz en los territorios, lograr un trĆ”nsito a la legalidad exitoso y que desaparezcan las condiciones de marginalidad que causan el atraso del campo y en la ciudad, el mismo Presidente Duque con seguridad le apostarĆ” a que sus decisiones relacionadas con estos objetivos, sean polĆtica de Estado. Y esto es lo acertado. De lo contrario, las medidas adoptadas no podrĆ”n tener efectos a largo plazo y se perderĆa el legado que pueda dejar este Gobierno para la historia.
Por ahĆ podrĆa estar la salida al nudo gordiano que enfrenta el Gobierno. En sus decisiones, y esto incluye la de cumplir o no el protocolo, pensando en el largo plazo y en la necesidad de acabar con una guerrilla tan compleja y tan peligrosa, el gobierno deberĆa asegurarse de no limitarse las posibilidades. La oportunidad de continuar con la mesa de negociaciĆ³n que hoy se ve como imposible, puede ser en el futuro la conclusiĆ³n de una estrategia de seguridad exitosa, como la que iniciĆ³ el gobierno de Ćlvaro Uribe y concluyĆ³, luego de un proceso que se diĆ³ en medio de la confrontaciĆ³n armada, con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en el 2016 y el desarme de 11.384 hombres.
Aunque la atenciĆ³n de la opiniĆ³n en Colombia se ha enfocado en los protocolos como la medida mĆ”s fuerte posible contra el Eln, es mucho mĆ”s lo que hay para hacer al interior del paĆs. La puesta en marcha de los protocolos no implica de ninguna manera el cese de hostilidades, la disminuciĆ³n en la contundencia de la Fuerza PĆŗblica o la interrupciĆ³n de la solicitud de extradiciĆ³n de aquellos que se encuentren en otros paĆses, incluido el territorio venezolano.
Finalmente, la realidad de la regiĆ³n y los acontecimientos recientes de Venezuela tienen un efecto directo en la valoraciĆ³n de esta situaciĆ³n. Al igual que el Eln ya no es un asunto estrictamente de polĆtica interna, las decisiones que el gobierno tome en relaciĆ³n con la crisis polĆtica de Venezuela afectan la estabilidad y seguridad no sĆ³lo de la frontera sino del paĆs.
InSight Crime, en una investigaciĆ³n publicada el 13 de noviembre del 2018, seƱala que el ELN opera en 12 estados de Venezuela (la mitad del paĆs) de diferentes formas y con diferentes tipos de incursiĆ³n. “SegĆŗn estos registros el ELN tendrĆa presencia en TĆ”chira, Zulia, Apure, Trujillo, AnzoĆ”tegui, Lara, FalcĆ³n, Amazonas, Barinas, Portuguesa, GuĆ”rico y BolĆvar. AllĆ estarĆa desarrollando actividades como contrabando de ganado, contrabando de gasolina, cobro de extorsiones, distribuciĆ³n de comida, emisoras de radio, reclutamiento de menores, ataques a funcionarios de cuerpos de seguridad, narcotrĆ”fico y minerĆa ilegal, entre otras”.
La situaciĆ³n actual que pone en riesgo la permanencia de Maduro en el poder deja a esta guerrilla en una circunstancia de vulnerabilidad que no puede ser desaprovechada.
Al final, en un mundo que necesita cada vez mĆ”s buscar salidas pacĆficas a los conflictos armados, del desenlace de esto depende que esa siga siendo una opciĆ³n viable, y que Colombia siga siendo pionera en este tipo de procesos.
La situaciĆ³n actual que pone en riesgo la permanencia de Maduro en el poder deja a esta guerrilla en una circunstancia de vulnerabilidad que no puede ser desaprovechada.
El debate tras el atentado del Eln a la Escuela General Santander se ha concentrado en los argumentos jurĆdicos sobre cumplir o no los protocolos, como si esta fuera la Ćŗnica forma de hacer frente a esta guerrilla. MĆ”s importante que eso es la estrategia de seguridad, la eficacia de la justicia y las posibilidades de buscar una salida negociada en un futuro.
La polarizaciĆ³n y, por supuesto, la indignaciĆ³n nos han llevado a tener una mirada de corto plazo sobre los hechos para buscarle justificaciones jurĆdicas a las salidas inmediatas de lado y lado. Si el atentado se enmarca o no dentro del Derecho Internacional Humanitario, si estamos obligados a cumplir los protocolos de ruptura de la mesa de negociaciĆ³n ante un hecho considerado terrorista, si estos Ćŗltimos eran una polĆtica de Estado o de Gobierno y si obligan al Presidente Duque. Seguido de eso, cuĆ”les paĆses estĆ”n o no con el gobierno y cĆ³mo deberĆan responder los demĆ”s.
Mientras nos detenemos en eso, el mundo y la regiĆ³n tienen los ojos puestos en Colombia, en las posibilidades que tiene una salida negociada a los conflictos armados, en los avances de su transiciĆ³n y en su capacidad de construir paz. Y lo que estĆ” pasando con el Eln por todos los lados pone en riesgo todo lo que hemos construido hasta ahora y exacerba las problemĆ”ticas que traen las disidencias de las antiguas Farc, el aumento de cultivos ilĆcitos, la minerĆa ilegal o el asesinato de lĆderes sociales. Por esta razĆ³n, a esta discusiĆ³n y a las decisiones a las que lleguemos hay que darles otra mirada que permita construir fĆ³rmulas para el largo plazo.
El atentado a la Escuela de Cadetes de la PolicĆa Nacional incluso sugiere, para algunos expertos como Sergio GuarĆn de la FundaciĆ³n Ideas para la Paz, que āla tesis que defendĆa la derrota prĆ”cticamente absoluta del Eln y que desestimaba su capacidad de daƱo en las ciudades estaba totalmente equivocadaā.
Con la sostenibilidad de la paz en juego y en un gobierno que tiene como polĆtica la estabilizaciĆ³n de los territorios mĆ”s afectados por la violencia, para que en el mediano plazo se pueda gozar de un futuro en el que se cumpla la legalidad, se promueva el emprendimiento y exista equidad, el tema del Eln necesita mucho mĆ”s que una decisiĆ³n contra sus dirigentes.
Necesita una estrategia. Y como el gobierno del Presidente Duque le apuesta a una unidad entre las distintas visiones polĆticas del paĆs para lograr consensos mĆnimos, algo que no es fĆ”cil en este nivel de polarizaciĆ³n, va a necesitar construir fĆ³rmulas efectivas para controlar la situaciĆ³n de orden pĆŗblico y no generar el pĆ”nico que naturalmente divide a la poblaciĆ³n.
Por eso el gobierno necesita contrarrestar la violencia del Eln, conocer a esta guerrilla para debilitarla, incluirla dentro de las estrategias de lucha contra la criminalidad organizada y dejar sin fundamentos su discurso social. El desarrollo y fortalecimiento del Estado en los territorios y la creaciĆ³n de oportunidades econĆ³micas contribuyen a debilitar la presencia y el discurso del Eln. Esto es especialmente importante en relaciĆ³n con los temas ambientales y de hidrocarburos: el hecho de que existan canales democrĆ”ticos y participativos puede ayudar a debilitar cada vez mĆ”s a esta organizaciĆ³n.
Como parte de todo el debate jurĆdico se ha planteado ademĆ”s un falso dilema entre si la polĆtica de paz es de gobierno o de Estado. Desde la ConstituciĆ³n de 1991 buscar la paz es una polĆtica de Estado; esa fue la gran apuesta de ese momento, ha marcado todas las acciones de nuestras instituciones desde entonces y cada gobierno ha venido usando para ello las facultades que le da la misma ConstituciĆ³n.
Para conseguir los objetivos que se ha planteado el actual Gobierno y consolidar la paz en los territorios, lograr un trĆ”nsito a la legalidad exitoso y que desaparezcan las condiciones de marginalidad que causan el atraso del campo y en la ciudad, el mismo Presidente Duque con seguridad le apostarĆ” a que sus decisiones relacionadas con estos objetivos, sean polĆtica de Estado. Y esto es lo acertado. De lo contrario, las medidas adoptadas no podrĆ”n tener efectos a largo plazo y se perderĆa el legado que pueda dejar este Gobierno para la historia.
Por ahĆ podrĆa estar la salida al nudo gordiano que enfrenta el Gobierno. En sus decisiones, y esto incluye la de cumplir o no el protocolo, pensando en el largo plazo y en la necesidad de acabar con una guerrilla tan compleja y tan peligrosa, el gobierno deberĆa asegurarse de no limitarse las posibilidades. La oportunidad de continuar con la mesa de negociaciĆ³n que hoy se ve como imposible, puede ser en el futuro la conclusiĆ³n de una estrategia de seguridad exitosa, como la que iniciĆ³ el gobierno de Ćlvaro Uribe y concluyĆ³, luego de un proceso que se diĆ³ en medio de la confrontaciĆ³n armada, con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en el 2016 y el desarme de 11.384 hombres.
Aunque la atenciĆ³n de la opiniĆ³n en Colombia se ha enfocado en los protocolos como la medida mĆ”s fuerte posible contra el Eln, es mucho mĆ”s lo que hay para hacer al interior del paĆs. La puesta en marcha de los protocolos no implica de ninguna manera el cese de hostilidades, la disminuciĆ³n en la contundencia de la Fuerza PĆŗblica o la interrupciĆ³n de la solicitud de extradiciĆ³n de aquellos que se encuentren en otros paĆses, incluido el territorio venezolano.
Finalmente, la realidad de la regiĆ³n y los acontecimientos recientes de Venezuela tienen un efecto directo en la valoraciĆ³n de esta situaciĆ³n. Al igual que el Eln ya no es un asunto estrictamente de polĆtica interna, las decisiones que el gobierno tome en relaciĆ³n con la crisis polĆtica de Venezuela afectan la estabilidad y seguridad no sĆ³lo de la frontera sino del paĆs.
InSight Crime, en una investigaciĆ³n publicada el 13 de noviembre del 2018, seƱala que el ELN opera en 12 estados de Venezuela (la mitad del paĆs) de diferentes formas y con diferentes tipos de incursiĆ³n. “SegĆŗn estos registros el ELN tendrĆa presencia en TĆ”chira, Zulia, Apure, Trujillo, AnzoĆ”tegui, Lara, FalcĆ³n, Amazonas, Barinas, Portuguesa, GuĆ”rico y BolĆvar. AllĆ estarĆa desarrollando actividades como contrabando de ganado, contrabando de gasolina, cobro de extorsiones, distribuciĆ³n de comida, emisoras de radio, reclutamiento de menores, ataques a funcionarios de cuerpos de seguridad, narcotrĆ”fico y minerĆa ilegal, entre otras”.
La situaciĆ³n actual que pone en riesgo la permanencia de Maduro en el poder deja a esta guerrilla en una circunstancia de vulnerabilidad que no puede ser desaprovechada.
Al final, en un mundo que necesita cada vez mĆ”s buscar salidas pacĆficas a los conflictos armados, del desenlace de esto depende que esa siga siendo una opciĆ³n viable, y que Colombia siga siendo pionera en este tipo de procesos.
La situaciĆ³n actual que pone en riesgo la permanencia de Maduro en el poder deja a esta guerrilla en una circunstancia de vulnerabilidad que no puede ser desaprovechada.
Son varios las realidades que actualmente preocupan: grupos como el ELN, ahora fortalecido, el crecimiento de las disidencias de las Farc, las bandas criminales, los carteles mexicanos que actĆŗan en territorio colombiano, los cultivos ilĆcitos que han crecido a picos histĆ³ricos y la situaciĆ³n de los lĆderes sociales que siguen siendo asesinados o amenazados.
La situaciĆ³n actual, en todo caso, es alarmante. La cifra de disidentes de las Farc oscila entre 1.100 y 1.500, hay 25 estructuras en proceso de rearme, la guerrilla del ELN ya cuenta con mĆ”s de 1.700 hombres en armas y los cultivos de coca llegaron a la cifra mĆ”s alta desde que hay registros. La combinaciĆ³n de estos problemas es quizĆ”s el mayor obstĆ”culo para que se termine el conflicto armado.
AĆŗn asĆ, la visiĆ³n de la seguridad hoy deberĆa ser distinta a la del 2002 y reconocer las diferencias entre los territorios de Colombia, entre los riesgos y en la manera como pueden verse afectados. Esta visiĆ³n deberĆa hacer uso de herramientas como las que ofrece el Acuerdo de Paz con las Farc y vincular a los ciudadanos para que participen mĆ”s activamente en su diseƱo, se apropien de ella y ayuden a ponerla en marcha.
Desde el Instituto para las Transiciones Integrales reunimos las cinco recomendaciones principales al gobierno en materia de seguridad para la paz:
1. Cada territorio tiene necesidades distintas en seguridad
En algunas zonas donde operaban las Farc avanza la presencia del Estado, en otras ha crecido la presencia del ELN, de otros grupos armados o de disidencias de las Farc, o estĆ”n siendo disputadas por varios grupos. En el PacĆfico, por ejemplo, hay 14 estructuras armadas asociadas a disidencias de las Farc, mientras que en Norte de Santander estĆ”n Los Pelusos, con cerca de 1.600 hombres, quienes recientemente han incursionado en el sur del Valle y en el norte del Cauca.
En cambio, en departamentos como el Cesar o regiones como el sur del Tolima, las condiciones de seguridad han permitido que avance la implementaciĆ³n de los acuerdos.
Por eso, el gobierno deberĆa darle una respuesta distinta a la situaciĆ³n y las amenazas de seguridad en cada territorio. En algunos casos habrĆ” que fortalecer la presencia militar y en otros la de una policĆa que trabaje de la mano con la ciudadanĆa.
2. La seguridad en el campo debe escuchar a la ciudadanĆa
Pensar la seguridad en el campo tiene muchos retos: dejar de lado la visiĆ³n urbana que ha predominado, entender las necesidades especiales de las zonas rurales, fomentar la convivencia y promover nuevas reglas de juego.
Se requiere pensar desde lo local. Esto significa que deben ser los alcaldes, gobernadores y la comunidad quienes identifiquen los problemas de seguridad de cada sector y la manera como pueden responderse. Cada comunidad tiene una visiĆ³n distinta de lo que su territorio requiere para el retorno de exguerrilleros, el acompaƱamiento a las victimas o las amenazas de grupos ilegales de distintos tipos.
Para eso se podrĆan aprovechar las medidas que estĆ”n en el Acuerdo Final sobre garantĆas de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales y el narcotrĆ”fico. Igualmente, podrĆan ponerse en marcha aquellas orientadas a la protecciĆ³n colectiva a las comunidades o los pactos regionales orientados a buscar la convivencia pacĆfica.
3. Atender las necesidades de los excombatientes de las Farc
Como resultado del proceso de paz con las Farc se desmovilizaron cerca de 11.384 miembros de la organizaciĆ³n (incluyendo milicianos y personas que estaban privadas de la libertad). Sin embargo, genera zozobra la situaciĆ³n de las disidencias, especialmente en Cauca, NariƱo, Guaviare, CaquetĆ” y Meta.
Colombia debe aprender de su experiencia de 15 aƱos de trabajo en reincorporaciĆ³n, especialmente en apoyo psico-social y en el acompaƱamiento a estas personas a crear nuevos proyectos de vida. Sin embargo, la realidad es que hoy todavĆa no existe un camino claro que identifique todos los elementos de la reincorporaciĆ³n en el tiempo y que atienda a las necesidades de los excombatientes de manera integral.
Si rĆ”pidamente los exguerrilleros de las Farc no cuentan con suficiente informaciĆ³n sobre su reincorporaciĆ³n econĆ³mica y su situaciĆ³n jurĆdica, serĆ” muy difĆcil que cuenten con la motivaciĆ³n y los incentivos suficientes para permanecer en la legalidad.
4. Atacar con fuerza a grupos armados y actividades ilegales
En el postconflicto, diferentes grupos tratan de arrebatarse los negocios ilĆcitos, lo que afecta el contexto social, econĆ³mico y de seguridad de las regiones y les impiden cualquier transformaciĆ³n que pueda venir por cuenta de la paz.
Los disidentes de las Farc, por ejemplo, se han concentrado en consolidar estructuras de financiamiento como el control de cultivos ilĆcitos y de las rutas de narcotrĆ”fico, la minerĆa ilegal y la recuperaciĆ³n de caletas no declaradas.
Por eso, cualquier estrategia debe complementarse con acciones fuertes para combatir las actividades ilegales que mantienen en vilo a las regiones. En particular frente al narcotrĆ”fico y lavado de activos, para controlar la comercializaciĆ³n e importaciĆ³n de insumos y precursores quĆmicos requeridos para la producciĆ³n de drogas, y contra la extorsiĆ³n, la minerĆa ilegal, el contrabando de gasolina y los ataques contra la infraestructura.
5. Cambiar el enfoque hacia el problema de los cultivos ilĆcitos
Durante los Ćŗltimos 5 aƱos las hectĆ”reas cultivadas de coca en el paĆs se han multiplicado por cuatro. En este tiempo se han cometido errores en la forma como se ha tratado el fenĆ³meno, como la polĆtica fundada en subsidios a los cultivadores a cambio de su promesa de erradicar, la intermediaciĆ³n de las Farc en los compromisos entre las comunidades y el Estado, y una escasa inversiĆ³n en bienes pĆŗblicos rurales como las vĆas.
Esos esfuerzos aislados que ni controlan el crecimiento, ni ofrecen alternativas a las comunidades, evidencian la necesidad urgente de unificar las estrategias de erradicaciĆ³n y sustituciĆ³n de cultivos ilĆcitos, pensando en que estas sean a la vez efectivas, secuenciales, sostenibles en el tiempo y tengan en cuenta las caracterĆsticas diferentes que tiene cada territorio.
Es necesario que desde el gobierno se piense en polĆticas que combine incentivos y castigos. Esto puede ser, por un lado, pactando acuerdos de sustituciĆ³n con las comunidades afectadas y, por otro, haciendo uso de la erradicaciĆ³n forzosa cuando no se logre llegar a acuerdos, o cuando se pueda comprobar que el dueƱo del cultivo no es un campesino sino un narco.
La credibilidad fue clave para que el gobierno de Santos y las Farc se sentaran y firmaran la paz; pero se vio fuertemente afectada desde que mĆ”s del 50 por ciento del paĆs dijo no en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Este resultado aumentĆ³ la polarizaciĆ³n y reforzĆ³ la divisiĆ³n interna entre quienes apoyaban y quienes rechazaban las negociaciones.
El gobierno se sentĆ³ con la oposiciĆ³n a revisar lo acordado, pero pese a los cambios significativos en el nuevo acuerdo, aprobado por el Congreso y la Corte Constitucional, la oposiciĆ³n siguiĆ³ insistiendo en que los colombianos lo habĆan rechazado democrĆ”ticamente y que, aun asĆ, el gobierno lo estaba imponiendo.
Poner a andar la āpaz territorialā de la que habla el acuerdo requerĆa una enorme capacidad de coordinaciĆ³n y significaba hacer algo que ningĆŗn gobierno habĆa hecho antes: llevar las instituciones del Estado a los territorios. Y eso se logrĆ³ gracias a la voluntad polĆtica. Pero ni la Alta ConsejerĆa para el Postconflicto ni las otras entidades que Santos creĆ³ han logrado que las inversiones sociales y productivas lleguen a donde estĆ”n destinadas a la velocidad necesaria y, al contrario, el manejo de los recursos estĆ” generando dudas serias.
Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que el Ćŗnico camino a futuro sea hacer trizas el acuerdo ni que ya sea muy tarde para ponerlo en prĆ”ctica. Para el nuevo gobierno āque comenzarĆ” en agostoā podrĆa resultar mĆ”s costoso deshacer los avances de la paz que consolidarlos.
Producto del proceso de paz, 225 municipios (de 635) han sido declarados libres de minas antipersonales, 97 normas āque abarcan desde la justicia transicional y la participaciĆ³n polĆtica hasta el desarrollo rural y la reintegraciĆ³nā estĆ”n listas para entrar en funcionamiento, la tasa de criminalidad a nivel nacional ha bajado a niveles histĆ³ricos y la agricultura ha crecido en un 4,9 por ciento. Y, lo mĆ”s importante, las Farc dejaron de ser un grupo armado y entraron en la vida polĆtica con el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del ComĆŗn, que obtuvo mĆ”s de 85.000 votos en unas elecciones legislativas transparentes y democrĆ”ticas.
AdemĆ”s, ya estĆ” funcionando un Sistema integral de Verdad, Justicia, ReparaciĆ³n y no RepeticiĆ³n para satisfacer los derechos de las vĆctimas a la verdad, la justicia y la reparaciĆ³n. Este sistema incluye el primer tribunal en el mundo originado en una mesa de negociaciĆ³n para juzgar y sancionar a los responsables de los crĆmenes mĆ”s graves.
Con voluntad polĆtica, el nuevo gobierno puede capitalizar estas conquistas.Finalmente, estĆ” la inclusiĆ³n. La negociaciĆ³n de la paz permitiĆ³ incluir a las Farc en las discusiones sobre cĆ³mo emprender las transformaciones que necesita Colombia. El nuevo gobierno puede incluir en la fase de implementaciĆ³n a todos aquellos que durante la campaƱa del plebiscito decĆan āPaz sĆ pero no asĆā y que hoy se sienten excluidos.
En medio del radicalismo y la polarizaciĆ³n de las elecciones, es necesario recuperar los puntos de encuentro desde los cuales se pueden forjar consensos polĆticos.
Las distintas facciones coinciden en la necesidad de garantizar condiciones de seguridad en los territorios mĆ”s afectados por el conflicto, garantizar servicios bĆ”sicos como educaciĆ³n y salud, asegurar la reincorporaciĆ³n de los excombatientes, promover la reconciliaciĆ³n y reparar a las vĆctima. Estos mecanismos de justicia transicional han funcionado en otros paĆses con conflictos armados, por ejemplo, Irlanda del Norte. En 2006, distintos partidos polĆticos superaron la polarizaciĆ³n y concertaron preservar el acuerdo de paz de Saint Andrews. En la Colombia de 2018, el nuevo gobierno debe buscar la reconciliaciĆ³n y dejar atrĆ”s las posiciones mĆ”s radicales.
El prĆ³ximo presidente, por su parte, tendrĆ” las mismas obligaciones sociales y deudas en seguridad en los territorios mĆ”s afectados por el conflicto que sus antecesores. Por eso, deberĆa cumplir los compromisos con las vĆctimas y los desmovilizados y, sobre todo, impulsar las medidas de desarrollo rural y participaciĆ³n polĆtica planteadas en el acuerdo y pensadas para prevenir la reinstauraciĆ³n del conflicto armado. Sin inclusiĆ³n, la paz podrĆa escurrĆrsenos de las manos.
Una adecuada combinaciĆ³n de confianza, voluntad polĆtica e incorporaciĆ³n de todas las fuerzas polĆticas garantizarĆa que el proceso de paz en Colombia pueda sobrellevar las incertidumbres actuales y asegurar una paz duradera.
Las Ćŗltimas noticias sobre la JEP y la tensiĆ³n que dejĆ³ el plebiscito alimentan todos los dĆas la polarizaciĆ³n. Los debates presidenciales se quedan en lo superficial: apoyan o rechazan el proceso de paz y/o su implementaciĆ³n, sin entrar en mayor detalle.
Pero la discusiĆ³n deberĆa ir mĆ”s allĆ”, analizar lo ya avanzado y lo que estĆ” pendiente, pensar si hay reformas que puedan hacerse que no afecten el corazĆ³n del Acuerdo y, sobre todo, no dejar de lado las expectativas que tienen las vĆctimas, los exguerrilleros, la fuerza pĆŗblica y la sociedad en general. Para contribuir al debate, estos son algunos de los costos que tendrĆa acabar con la JEP.
La incertidumbre de las vĆctimas y de todos los que podrĆan ser juzgados
Y tercero, la inseguridad jurĆdica para los desmovilizados de las Farc que entregaron sus armas bajo las reglas de la JEP. Esto, sumado a la desconfianza que tienen en el Estado, representarĆa un incentivo para volver a la insurgencia.
Desaparecen la zanahoria y el garrote
Cualquier beneficio en justicia, como las sanciones reducidas, estĆ” condicionado al compromiso de los responsables con la verdad, la reparaciĆ³n y la no repeticiĆ³n. Si no cumplen, enfrentan las consecuencias de un delincuente comĆŗn, penas de mĆnimo 15 aƱos.
Sin la JEP se elimina la zanahoria, es decir, las sanciones reducidas y alternativas. Dejar solo el garrote de la justicia ordinaria afecta los incentivos de los responsables para contribuir a la verdad (participando en la ComisiĆ³n de la Verdad y en la bĆŗsqueda de desaparecidos), la reparaciĆ³n y comprometerse con la no repeticiĆ³n. Todo lo anterior hace la diferencia para las vĆctimas y para la reconciliaciĆ³n.
AdemĆ”s, la justicia ordinaria no ha sido suficiente para hacer frente a los crĆmenes cometidos durante el conflicto armado, eso lo saben las vĆctimas y la sociedad.
Se perderĆa credibilidad del Gobierno para negociar acuerdos con grupos al margen de la ley
Acabar con la JEP representa un incumplimiento del Acuerdo Final. Da a entender que esta era una polĆtica de Gobierno y no de Estado y que la facultad del presidente de suscribir e implementar acuerdos de paz tiene la misma duraciĆ³n que su periodo.
Un nuevo gobierno que decida acabar con este tribunal enviarĆa un mensaje que puede actuar en su contra. Los riesgos de que los exguerrilleros se devuelvan al monte y de que tenga que renegociar con la confianza y la credibilidad resquebrajadas, son enormes.
Adicionalmente, con este antecedente otros grupos armados -como por ejemplo en un futuro cercano el ELN- difĆcilmente podrĆa contemplar la opciĆ³n del diĆ”logo.
El Estado queda mal parado ante la comunidad internacional
La comunidad internacional ha respaldado y celebrado casi de manera unĆ”nime el Acuerdo Final. En tan solo la puesta en marcha y fase inicial de funcionamiento de la JEP, CanadĆ”, Alemania, Reino Unido, Suiza, Suecia, Noruega e Irlanda han aportado alrededor de 4.7 millones de dĆ³lares.
Acabar con la JEP puede representar para el nuevo gobierno pegarse un tiro en el pie, pues lo obliga a responder por los recursos de afuera que se invirtieron en su creaciĆ³n.
AdemĆ”s, envĆa un mensaje de inestabilidad e incertidumbre ante naciones que han estado comprometidas con la justicia y la construcciĆ³n de paz en Colombia, y con quienes se tienen relaciones estrechas de cooperaciĆ³n.
Esto nos dejarĆa hasta el momento con por lo menos 15 meses de trabajo del Congreso y de la Corte Constitucional que se habrĆan perdido.
Al trabajo y los costos que tiene crear y poner en marcha un tribunal de justicia hay que sumarle los que tendrĆa acabar o transformar uno ya existente. Hagan las cuentas.
En un trĆ”mite ordinario, una reforma constitucional (por la vĆa que sea) no dura menos de aƱo, a lo que habrĆa que sumarle el tiempo que se demorarĆa el nuevo Gobierno diseƱƔndola la reforma, y las leyes necesarias para desarrollarla.
Son, en total, por lo menos dos aƱos en los cuales esas mismas instituciones han dejado de tratar temas igualmente relevantes como la salud, la educaciĆ³n, el empleo, entre otros.
Estos son algunos de los costos que deberĆan tenerse en cuenta cuando se plantea reformar sustancialmente la JEP. Por esto el debate considerar unos mĆnimos (Ver recomendaciones IFIT) y no se puede quedar en si impunidad o justicia.
