Mariana Casij Peña es asociada en el Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT), donde asesora principalmente sobre temas de justicia transicional y los derechos de las víctimas, y coordina el Grupo de Práctica de Justicia y Paz así como la Iniciativa para un Tratado de Paz.
Antes de trabajar en IFIT, Mariana trabajó como consultora para la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos en Colombia y como asesora para la Unidad para las Víctimas durante las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, al igual que en la fase posterior de su implementación. Anteriormente trabajó en la Unidad para las Víctimas en casos nacionales de reparaciones colectivas y como consultora para la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia.
Mariana ha sido profesora de la Universidad Javeriana en Bogotá en las áreas de memoria, justicia transicional y Derechos Humanos.
Es abogada de la Universidad Javeriana y tiene un Máster en Derechos Humanos y Democratización del Centro Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y Democratización.
Andrés García Trujillo es asociado del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT), donde trabaja principalmente en los proyectos para América Latina. Se graduó de la carrera Estudios del Desarrollo Internacional y Economía Política Internacional de la Universidad de Trent, Canadá; tiene una maestría en Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia y es Ph.D en Gobernanza Global de Balsillie School of International Affairs, de la Universidad de Waterloo, Canadá. Andrés es autor del libro El acuerdo por cumplir: Paz y desarrollo rural en Colombia (Planeta y Externado, 2022).
Actualmente Andrés lidera en IFIT el proyecto en Venezuela cuyo objetivo es contribuir con análisis y propuestas realistas y creativas en una salida negociada al conflicto político. Por otra parte, Andrés es profesor de la facultad de economía de la Universidad Externado de Colombia.
Previamente a su vinculación en IFIT, Andrés trabajó durante cuatro años en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia, tiempo durante el cual estuvo involucrado en las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en La Habana, Cuba, especialmente en temas de desarrollo rural, género y reincorporación, así como en la arquitectura institucional para la implementación del acuerdo. Andrés fue en su momento el encargado de coordinar desde la presidencia la preparación financiera, legal e institucional del gobierno para la implementación del Acuerdo Final de Paz y sirvió como secretario técnico para la Comisión de Seguimiento del acuerdo. Antes de este cargo, fue asesor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y ha sido investigador independiente y consultor en temas de desarrollo y políticas públicas.
Martha Maya es asociada senior del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT) donde dirige los proyectos de IFIT para América Latina. Sus áreas de especialización incluyen: participación política y ciudadanía, derecho constitucional y derecho internacional.
Es abogada de la Universidad de los Andes, especialista en derecho público, gestión pública, políticas e instituciones de la misma Universidad y cuenta con un LL.M y un MSc (economía) grados de la Universidad de Bolonia.
Durante los últimos diez años ha trabajado en diferentes áreas de política pública. Apoyando el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, fue jefa de gabinete del Ministro del Interior y posteriormente jefa de gabinete del Alto Comisionado para la Paz, donde se desempeñó como enlace oficial en La Habana sobre el tema de la participación política. También ha trabajado con diferentes organizaciones internacionales, incluida la Organización Internacional para las Migraciones.
En el contexto electoral mexicano, la polarización que se alimenta de discrepancias ideológicas, desigualdades socioeconómicas y debates tóxicos en medios y redes sociales, ha impedido que se den discusiones significativas y ha avivado las tensiones entre grupos sociales y políticos encargados de lograr consensos urgentes para el país. Conocer y abordar estratégicamente la polarización que prevalece en México es una precondición para desarrollar salidas reales a la situación de violencia y construir narrativas e imaginarios de paz.
El domingo 2 de junio del 2024 se realizarán las elecciones más grandes de la historia de México. Con más de veintidós mil cargos a elegir tanto a nivel federal como local, se perfila como un proceso electoral lleno de desafíos institucionales y de participación. No será fácil superar la polarización que se manifiesta en el discurso de odio y tensión entre los frentes partidistas, y que viene afectando el interés de la ciudadanía.
Cuando la polarización se convierte en un obstáculo para solucionar conflictos y avanzar, decimos que estamos ante un hiperproblema. Es decir, un asunto cuya falta de atención exacerba o hace más difícil resolver otros problemas. Aunque su efecto pudiese parecer discreto y progresivo, la polarización amenaza normas y pilares sociales fundamentales, desde el ideal de la tolerancia hasta la eficacia de políticas públicas, la legislación, la viabilidad de una convivencia armónica y la preservación de libertades esenciales.
El inconveniente es que usualmente partimos de entendimientos distintos y en ocasiones contrarios de lo que significa la polarización. Por eso, un primer paso crucial hacia discusiones más estructuradas que lleven a propuestas y soluciones reales, es trabajar sobre un consenso mínimo en torno a su definición y los elementos que son necesarios para aproximarse a este fenómeno.
El Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT, por sus siglas en inglés) y la Fundación Ford, a través de la Iniciativa Global de Polarización, se han dado a la tarea de descifrar las complejidades de la polarización que afecta tanto a las democracias como a los regímenes no democráticos en todo el mundo. Sumando múltiples voces de personas expertas en el tema, esta iniciativa propone nuevas percepciones para manejar las divisiones sociales, la violencia y la justicia social.
La relación entre elecciones y polarización se ha vuelto especialmente crítica puesto que puede exacerbar las diferencias entre grupos, radicalizar ideologías y generar división social profunda, afectando el tejido democrático y la gobernabilidad del país. Según el Índice de Paz México 2023, la polarización política se ha convertido en un tema de creciente preocupación, entre otras razones, por la naturaleza conflictiva y violenta de las últimas elecciones, y el constante y creciente enfrentamiento entre autoridades locales y federales y medios de comunicación, confrontaciones más profundas y divisivas.
El lenguaje, la retórica y la narrativa que son empleados por liderazgos políticos, analistas, y hasta la misma ciudadanía en redes sociales han contribuido también a esa percepción de división.
Definiendo: ¿qué es polarización?
A partir del documento Principios Básicos: La necesidad de un mayor consenso sobre los fundamentos de la polarización, IFIT propone la siguiente definición:
Polarización: una división o conflicto destacado que se forma entre grandes bloques de una sociedad o sistema político y que se caracteriza por el agrupamiento y la radicalización de visiones y creencias en dos polos distantes y antagónicos.
Es cierto que comprender este fenómeno requiere una evaluación contextual detallada, evitando simplificaciones y reconociendo la interacción entre diversos actores, tanto internos como externos. Sin embargo, a través de una investigación del IFIT, se ha detectado un espectro general de soluciones para prevenir y combatir la polarización que se enmarque en tres categorías: 1) Esfuerzos de acercamiento y diálogo, 2) Intervenciones sobre hechos y narrativas y 3) Reformas estructurales.
Ante la interrogante sobre la implementación de un enfoque que aborde la situación de violencia y la necesidad de construir narrativas e imaginarios de paz en México, un ejemplo puede ser la manera como el Grupo de Apoyo para la Construcción de Paz (GAPMX), del IFIT, ha abordado estas problemáticas desde su perspectiva de tender puentes entre sectores, promover conversaciones y revisar las narrativas presentes.
El GAPMX se propuso documentar distintos esfuerzos de acercamiento, diálogo y construcción de paz mediante la creación de un Banco de experiencias, y trabajar sobre narrativas en temas de militarización o aproximaciones a la negociación con el crimen organizado, entre otras acciones. Todos temas altamente polarizantes y que impiden que prosperen narrativas o acciones de pacificación por encima de las de seguridad o violencia.
Las soluciones y estrategias, en las categorías que enmarcan este enfoque tridimensional, servirían para mirar, además, procesos que pueden llegar a tener incidencia sobre el debate electoral y deberían discutirse a profundidad. Es el caso de la política criminal y de seguridad del próximo gobierno, el relacionamiento entre los gobiernos y los medios de comunicación así como la sociedad civil, la relación con Estados Unidos en torno a temas comerciales y migratorios, la incorporación de las demandas de movimientos feministas, el reconocimiento y la gestión para la búsqueda de personas desaparecidas, y las discusiones sobre reformas estructurales pendientes –entre ellas la electoral y la judicial–, entre otras.
Para abordar adecuadamente estas soluciones no basta con alcanzar un consenso sobre la existencia de una marcada polarización en México. Se necesita detallar cuáles son las características de la polarización ante la que el país se enfrenta y en qué nivel esto puede convertirse en un hiperproblema. ¿Es un tema permanente o que se exacerba en temporada electoral?; ¿Cuáles son los aspectos más negativos de esta polarización?; ¿Cuál es el umbral a partir del cuál la polarización es excesiva para el país?; ¿Cuáles son los distintos polos que están involucrados en la polarización en México actualmente?; y ¿Cuál es la escala del problema?
En México este fenómeno no es uniforme para todo el país ni se manifiesta igualmente en todos los sectores o regiones. La intensidad, características y alcance de esta polarización varían y son sujetos a interpretación y análisis.
Desde el IFIT sugerimos un análisis detallado de estas ambigüedades con el objetivo de conocer mejor el problema, de tal manera que las conclusiones puedan reflejar la riqueza y la diversidad del espíritu mexicano y sirvan para trazar un camino más incluyente.
Por lo tanto, ofrecemos nuestra propuesta de principios básicos junto con una invitación a fomentar debates públicos, académicos y políticos sobre estas definiciones y sobre las estrategias y soluciones más adecuadas que requiere el actual contexto electoral mexicano.
Acá una lista de ideas que podrían lograr que la política bandera del Gobierno no naufrague.
El Gobierno tiene la oportunidad de hacer ajustes para reconducir los esfuerzos en paz y seguridad y evitar que una crisis humanitaria afecte su legitimidad y la disposición de las comunidades en los territorios de apoyar su propuesta.
Acá una lista de ideas, con bajo costo político, que podrían lograr que la política de paz total no naufrague o –lo que sería más grave–, anule la opción de una salida negociada a un conflicto tan doloroso y largo como el colombiano.
La primera es subirle el volumen a la implementación del acuerdo de paz con las FARC, con más gestión y recursos que narrativa. Como es una obligación de Estado, según la Corte Constitucional, y una promesa de campaña del actual presidente, meterle el acelerador a la implementación del Acuerdo, aprovechar toda su infraestructura y buscar por ahí victorias tempranas, no aleja al Gobierno de su política de paz. Al contrario, lo convierte en un interlocutor con mayor credibilidad y mayor fuerza en las mesas de negociación y le cierra las puertas en muchos aspectos al control social que vienen ejerciendo los grupos. Hace algunos días en El Retorno, Guaviare, por ejemplo, las disidencias denominadas “EMC” reunieron a la comunidad para presentarle sus directivas a tan solo 55 kilómetros del casco urbano de San José del Guaviare. Como ese hay múltiples casos por todo el país.
La segunda idea es la construcción de un imaginario de punto de llegada para los diversos grupos con los que se está negociando o conversando, dentro de su naturaleza y sus diferencias; sea ELN, el llamado “EMC” u otros. Al proceso con las FARC le dio vida la idea de que se estaban cambiando armas por votos, y en el corazón de ese acuerdo está la transición de un grupo en armas a un grupo político.
Sin ese imaginario claro el proceso se vuelve demasiado lento. Si por tratarse del ELN, por ejemplo, el punto de llegada es ejercer roles de liderazgo dentro de la sociedad civil organizada, como lo han dicho en algunos espacios los miembros de la delegación, eso requiere darle nombre y forma. Trabajar sobre ese punto hace más real la idea de que el proceso está pensado para llegar en algún momento a un acuerdo final y los actores que hoy están en armas tendrán una vida sin ellas.
La tercera idea es reorientar la discusión sobre la estrategia de buscar acuerdos parciales. Se trata de una forma completamente legítima de abordar las negociaciones, que no significa que no se pueda hablar de desarme o dejación de armas.
Es importante concentrar la discusión. ¿Acuerdos parciales sobre qué?, ¿que se implementan cómo? Reconocer que son limitados –porque la negociación tiene un punto de llegada– y resaltar que no impiden que se aborden puntos más definitivos o que se implementan en otros momentos, como los de justicia o desarme.
Por un lado, la contraparte con la que se está hablando –sin importar qué tan radical parezca su punto de partida– necesita asimilar que llegará el momento del desarme, ir contemplando esa idea y vendiéndosela a sus bases.
De otra parte, y más importante aún, la sociedad y los líderes políticos y de opinión necesitan saber que pueden tener la expectativa real de un desarme, un fin del conflicto y una transición de esos grupos a una vida sin armas. Sin eso es difícil generar masa crítica que respalde este esfuerzo.
El desarme de Irlanda del Norte que tardó siete años, por ejemplo, estuvo cargado de desconfianzas que hacen muy vulnerables a los procesos y los acuerdos. Para nuestro contexto, que tiene multiplicidad de actores, de fuentes de violencia y de economías ilegales, pueden representar un riesgo enorme y hacer más difícil llegar a un punto de no retorno.
Cuarto, este Gobierno está en posibilidad de ser mucho más tajante en el principio, en el que ya deberíamos haber evolucionado como país y como comunidad internacional, de que nada justifica el uso de las armas y que no existen causas objetivas de la violencia. Los mensajes al respecto, hasta hoy, no han sido suficientemente claros. La agenda del ELN, por ejemplo, plantea como meta que se “haga innecesario el uso de las armas” para alentar o impedir transformaciones, como si como sociedad pudiéramos aceptar el hecho de que hay circunstancias en que es necesaria su utilización.
Adicionalmente, nos hemos enfrascado en discusiones sobre el financiamiento de los grupos armados cuando están en cese. Es cierto que el cese, que debe ser de hostilidades de todo tipo, genera una inacción por parte de los grupos que usualmente se dedican a actividades criminales relacionadas con la captación de rentas. La idea de financiar por no entrar en estas actividades es políticamente muy costosa y moralmente inviable, como ya se comprobó; pero no es la única alternativa.
La mesa de negociación es un espacio en donde se puede trabajar de manera creativa, con mecanismos hechos a la medida de la negociación. Estos grupos están llenos de jóvenes a quienes les serviría muchísimo tener acceso a educación básica, técnica y en labores tradicionales. Podrían empezar ya un proceso que luego haga parte de un camino más robusto de retorno a la vida civil.
Finalmente, el tema de justicia se puede posponer en su fase pública y se puede decir que se tratará en conjunto con un mecanismo de participación, pero es ineludible. Mientras más pronto se aborde, mejor, así se inicie con subcomisiones de trabajo. Para el Gobierno es bajo el costo de traer este tema a la negociación. Las demandas de justicia, verdad y reparación son de las víctimas y la sociedad, llevan décadas consolidándose, están reconocidas por la Constitución y tienen unos mínimos en el derecho internacional que Colombia ha aceptado.
Por eso es urgente contar con un marco jurídico claro, que responda a esos principios constitucionales y a esos estándares mínimos internacionales. Y es urgente que el tema se empiece a trabajar en las mesas, con pedagogía, con aterrizaje de expectativas y con atención a las experiencias anteriores del país, sea cual sea el punto de partida de la contraparte.
Los espacios y eventos que se han dado a raíz de los siete años de la firma del acuerdo de paz con las FARC pueden ser una buena excusa para que la sociedad civil y los excombatientes nos recuerden cuáles son sus expectativas. También pueden ser el momento ideal para que el Gobierno fortalezca su posición, reconduciendo y reenfocando su política hacia la consolidación de lo que se puede avanzar con el acuerdo con las FARC, y la generación de incentivos para sumarse y apoyar las salidas negociadas con otros grupos.
En sociedades marcadas por profundas divisiones sociales, las personas y organizaciones poderosas desempeñan un papel crucial en la elaboración de narrativas que promueven el compromiso pacífico o la polarización que pueda conducir a la violencia. Este documento analiza el amplio abanico de actores con poder de dar forma a narrativas a escala nacional, elaborándolas a fin de promover sus objetivos y propone estrategias prácticas para que las distintas partes interesadas –como la sociedad civil, los responsables políticos y los donantes, entre otros– puedan trabajar con y en torno a estos actores influyentes con el fin de garantizar un “paisaje” narrativo que promueva la paz en lugar de agravar el conflicto y la polarización.
En base a las consultas llevadas a cabo con los grupos de expertos locales del IFIT en Libia, Colombia y Zimbabue, el Grupo de Práctica de Narrativas Inclusivas de IFIT y otros destacados expertos en narrativas y política, este documento cuestiona la idea de que imponer una nueva narrativa sea una forma eficaz de contrarrestar la polarización, y aboga por un trabajo que ponga de manifiesto los prejuicios narrativos, cambie las narrativas desde dentro y amplíe las historias minoritarias, para así fomentar y ampliar el compromiso social.
Periodista de formación, Cecília Olliveira ha dedicado su carrera a cubrir la violencia, el tráfico de drogas y de armas. Es fundadora y directora del Instituto Fogo Cruzado, un instituto que utiliza tecnología para producir y difundir datos abiertos y colaborativos sobre la violencia armada en Brasil.
Cecília es también cofundadora del portal periodístico Intercept Brasil y directora de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (ABRAJI). Fue consultora de Amnistía Internacional y asesora de comunicaciones del PRVL (Programa para la Reducción de la Violencia Letal contra Adolescentes y Jóvenes), una iniciativa del Observatorio de Favelas realizada en conjunto con UNICEF y la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República de Brasil.
Cecília cuenta con un posgrado en Delincuencia y Seguridad Pública por la Universidad Federal de Minas Gerais. Estudió Políticas de Drogas, VIH y Derechos Humanos en la Universidad de Texas y fue becaria del “Latin American Advocacy Fellowship Program on Drug Policy Reform” de Open Society. En 2020, Cecília fue finalista de los Premios de Prensa de Reporteros sin Fronteras, reconocimiento que reconoce las voces valientes de los medios de comunicación a nivel global.
Natália Viana es cofundadora y directora ejecutiva de Agência Pública, el primer medio de periodismo de investigación sin ánimo de lucro fundado y dirigido por mujeres en Brasil. El trabajo investigativo de Natalia se ha centrado en documentar y reportar violaciones de Derechos Humanos en países como Angola, Brasil, Bolivia, Colombia, India, México y Venezuela.
Natalia es autora y/o coautora de cinco libros sobre violencia política y cuestiones sociales en América Latina. Como reportera y editora, ha ganado varios premios de periodismo, entre ellos el Vladimir Herzog de Derechos Humanos (2005/2016), el Comunique-se (2016/2017), el Women’s Trophy Press Award (2011/2013) y el Gabriel García Márquez (2016). Su trabajo ha sido publicado en medios como The Guardian, Intercept, The Nation, BBC y Asymptote.
Fue presidente de la Associação de Jornalismo Digital (Ajor), una asociación de nuevas empresas de medios digitales de Brasil cuya misión es fortalecer el periodismo independiente, sostenible y diverso en el país. Natalia es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) y hace parte del Consejo de la Fundación Gabo y del Consejo del Centro para la Integridad de los Medios de Comunicación de las Américas de la OEA (Organización de Estados Americanos). Natalia es fellow Ashoka y fue Nieman Fellow en la Universidad de Harvard en 2022.
Mariana Aylwin es profesora y política. Con más de 30 años de trayectoria profesional, Mariana ha desempeñado importantes cargos en Chile. Fue Diputada por La Florida (1994-1998), Ministra de Educación durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2003) y Consejera Regional de la Región Metropolitana de Santiago (2014-2017). Empezó su carrera política en 1987 como subdirectora nacional del Departamento de la Mujer del Partido Demócrata Cristiano e integró la directiva central de este mismo partido entre 1992 y 1993.
Actualmente es Vicepresidenta de la Fundación Patricio Aylwin, Presidenta de la Junta Directiva de la Universidad Gabriela Mistral y Directora Ejecutiva de la Corporación Educacional Aprender. Ha sido Directora de la Fundación Belén Educa y Presidenta de la Fundación Oportunidad, parte del directorio de la Fundación Chile y del Consejo de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Tiene varias publicaciones relacionadas con temas políticos y educación.
Mariana es licenciada en Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Durante 36 años, el General Óscar Naranjo sirvió en la Policía Nacional de Colombia, donde su carrera estuvo marcada por grandes éxitos en la lucha contra el crimen, avances en la modernización institucional y la construcción de altos niveles de confianza entre la ciudadanía. En 2007 fue nombrado Director General de la Policía. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Tributo Revista Semana por su liderazgo ejemplar y el reconocimiento como una de las 500 personas más influyentes del mundo por la revista Foreign Policy en su Power Issue.
Dirigió el Instituto Latinoamericano de Ciudadanía, en el Sistema Tecnológico y de Educación Superior de Monterrey (TEC), y asesoró al Gobierno federal en México hasta 2014. Ese mismo año fue nombrado Ministro de la Presidencia para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, cargo que ocupó hasta noviembre de 2015. En su rol de Negociador Plenipotenciario por parte del Gobierno de Colombia en los diálogos de paz con las FARC, acompañó la construcción de un Acuerdo Final entre 2012-2016. En marzo de 2017 fue elegido por el Congreso como Vicepresidente de la República de Colombia, con las funciones de coordinar el desarrollo de la implementación de los acuerdos de paz; la lucha contra el crimen organizado; la seguridad ciudadana; la política integral para la promoción, defensa y protección de los derechos humanos; y asesorar y coordinar la elaboración, estructuración y desarrollo de la política pública para la atención integral de la lucha contra las drogas ilícitas. Se desempeñó como Vicepresidente hasta agosto de 2018.
El 1 de mayo del 2023, fue nombrado Presidente del Consejo Social de la Universidad Internacional de La Rioja en Colombia, donde participa de manera decisiva a impulsar el derecho a la Educación Superior y a la elaboración de proyectos encaminados al fortalecimiento de la convivencia pacífica y a la defensa de los Derechos Humanos.
